Es el tiempo que habrá transcurrido, cuando se inicie el nuevo curso político, desde las últimas Elecciones Generales en España. Parecerá mucho o poco, según el cristal con que se mire, pero es la realidad. Tozuda, indiscutible y cruda realidad. Las Cortes Generales cierran hasta septiembre y, pese a las alarmantes profecías, a la vuelta del verano la legislatura seguirá adelante. Legislatura nada fácil en la que el Gobierno ha tenido que trabajar a varias bandas y hasta el último segundo para impulsar cada iniciativa.

Lejos de amilanarse, el Ejecutivo trabaja y negocia otra vez con los grupos parlamentarios en busca de apoyos antes de someterla de nuevo a votación. Siempre propuestas, siempre proyectos, siempre construir. Por mucho que les pese a quienes les pesa. Quienes hace no tanto, llamaban a esto política seria

Pese a ello, ha sostenido el Estado del Bienestar a base de decreto, negociado voto a voto cada convalidación frente a un bloque de derechas dispuesto a tumbar por sistema cualquier proyecto aunque tuviera como propósito aligerar los problemas de los ciudadanos, como ha ocurrido con la prórroga de los contratos de alquiler, que se aprobó por decreto en marzo para proteger a los inquilinos frente a la escalada de precios y la vio caer un mes después por el rechazo conjunto de PP, Vox y Junts, que antepusieron sus intereses partidistas, y los de los grandes propietarios, a la protección de cientos de miles de familias. Lejos de amilanarse, el Ejecutivo trabaja y negocia otra vez con los grupos parlamentarios en busca de apoyos antes de someterla de nuevo a votación. Siempre propuestas, siempre proyectos, siempre construir. Por mucho que les pese a quienes les pesa. Quienes hace no tanto, llamaban a esto política seria.

La otra cara de la moneda es que, pese al bloqueo constante, el Gobierno gobierna. Se han aprobado decenas de decretos anticrisis, como la revalorización de las pensiones, medidas para amortiguar el golpe energético de la guerra en Oriente Medio o la de Movilidad sostenible, la de agentes forestales y bomberos o la de Eficiencia del servicio público de justicia. También han sido aprobadas las leyes para la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, la que regula los servicios de atención a la clientela, la de la economía social, o el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Cuesta imaginar una mayoría de derechas dando luz verde a dichas medidas.

Pese a la estrategia de obstrucción y crispación del PP, cuyo único programa se resume en un contumaz y cada vez más previsible y aburrido 'antisanchismo', el Ejecutivo ha aprobado desde que arrancó la legislatura, dos modificaciones constitucionales (del artículo 49 y el apartado 3 del 69), 32 leyes y convalidado 40 decretos ley

Pese a la estrategia de obstrucción y crispación del PP, cuyo único programa se resume en un contumaz y cada vez más previsible y aburrido 'antisanchismo', el Ejecutivo ha aprobado desde que arrancó la legislatura, dos modificaciones constitucionales (del artículo 49 y el apartado 3 del 69), 32 leyes y convalidado 40 decretos ley. Todo en un contexto en el que cada votación parlamentaria se celebra como una victoria de la negociación frente al ruido. En realidad, como lo que es, y no sólo porque lo mostrara la célebre serie Borgen, tan alabada en su momento.

Pero si algo desmiente el relato de parálisis que intenta imponer la oposición son los datos económicos, después de que el Gobierno haya revisado al alza la previsión de crecimiento del PIB, muy por encima de la media europea. El mercado laboral es, probablemente, el mayor éxito de esta legislatura, con una afiliación que bate máximos históricos y un paro registrado que ha bajado de los 2,3 millones de personas, la prueba más evidente de que la reforma laboral de 2022 sigue dando resultados años después de su aprobación, a pesar de los agoreros.

Quienes necesitan del gobierno, lo han sentido cerca. Quienes lo necesitan menos, pueden hacer disquisiciones metafísicas de otro calibre. Pueden, incluso, mamarrachear sin descanso

En estos últimos tres años se ha gobernado para quien más lo necesita y dejado un balance concreto, pues se ha vuelto a subir el salario mínimo, se han ampliado los permisos de crianza para que criar no sea un lujo ni un castigo y ha salido adelante el Estatuto del Artista, la primera gran reforma laboral de la cultura en toda la democracia. Quienes necesitan del gobierno, lo han sentido cerca. Quienes lo necesitan menos, pueden hacer disquisiciones metafísicas de otro calibre. Pueden, incluso, mamarrachear sin descanso.

A todo ello, que no es poco, hay que añadir que, en el plano exterior, España ha demostrado que se puede ser un socio fiable de la OTAN sin ceder a la lógica del rearme desbocado que reclamaba Donald Trump.  Pero si hay un terreno en el que el Gobierno de Sánchez ha marcado la diferencia en Europa y ha sido aclamado en el mundo fue por su posición en Gaza. Una posición de dignidad que, en palabras de sus colaboradores, le ha convertido en “la voz europea más clara y consecuente frente al genocidio, además de en un liderazgo moral que la historia probablemente le reconocerá mejor que la política doméstica del día a día”.

No todo, claro, es motivo de celebración, pero nadie nunca dijo que esto fuera fácil. Los intereses partidistas de los socios y la cercanía de las elecciones han convertido en un prácticamente imposible la aprobación de los Presupuestos del Estado para 2027. 

No todo, claro, es motivo de celebración, pero nadie nunca dijo que esto fuera fácil. Los intereses partidistas de los socios y la cercanía de las elecciones han convertido en un prácticamente imposible la aprobación de los Presupuestos del Estado para 2027. Seguramente, asistiremos a un último intento, con escasas posibilidades de aprobación, y que desde el PSOE y el gobierno se presentará como reclamo de su apuesta por la política social, la vivienda como prioridad y su compromiso de seguir la senda de reducción del déficit y la deuda pública. Igual las derechas nacionales nos sorprenden y plantean un modelo de país en este debate. O no.

Ello abre un “apasionante” debate sobre el propio calendario político y el posible adelanto electoral, acompañado en paralelo del avance de la reforma del sistema de financiación autonómica, que busca cumplir con el compromiso adquirido con sus socios de investidura de acabar con un modelo que caducó hace una década e incrementar los recursos de las comunidades con más de 20.000 millones de euros adicionales, así como el desenlace judicial de la amnistía en el que se está a la espera de que el Tribunal de Cuentas y el Supremo apliquen la norma después de que esta haya pasado el filtro del Tribunal de Justicia de la Union Europea, pese a haber sido denostada como un supuesto ataque al Estado de Derecho y a la Constitución por el PP y Vox.

Sin olvidar que el relato de la actual legislatura y el horizonte político no estaría completo sin recordar hasta qué punto una parte de la judicatura se ha convertido en un actor político más con investigaciones que, alimentadas por denuncias de plataformas ultras, se prolongan durante años sin que aparezcan pruebas concluyentes

Sin olvidar que el relato de la actual legislatura y el horizonte político no estaría completo sin recordar hasta qué punto una parte de la judicatura se ha convertido en un actor político más con investigaciones que, alimentadas por denuncias de plataformas ultras, se prolongan durante años sin que aparezcan pruebas concluyentes. Cada cual ponga el nombre que desee a esta indiscutible doble o triple vara de medir, y mientras el Gobierno ha impulsado la reforma más ambiciosa de la Justicia en más de un siglo con una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, de la que poco se habla, pese a que el PP, en su momento,  impulsó con Alberto Ruiz Gallardón como ministro de Justicia una propuesta casi idéntica para trasladar la instrucción penal a los fiscales, blindar el mandato del fiscal general frente a los ciclos electorales y limitar el uso partidista de las acusaciones populares. El proyecto ya se aprobó en Consejo de Ministros y fue remitido a las Cortes, pero la resistencia corporativa del sector judicial conservador en sincronía con el PP lo convertirá seguramente en otra ocasión perdida para acabar con una Justicia que se rige por una norma del siglo XIX.

Y así va transcurriendo y avanzando esta compleja legislatura. Faltan más elementos de debate, naturalmente, pero, seguramente, septiembre traerá nuevas oportunidades de profundizar en ellos.