La Delegación en Granada de la APDHA recuerda que "en el mes de octubre de 2018 el Consejo de Ministros tuvo constancia de la declaración de emergencia para la construcción de un CIE por un valor de 3,3 millones de euros". Según sostienen desde la propia organización, "la tramitación de emergencia que se llevó a cabo para ejecutar las obras que tenían como objeto adaptar las antiguas instalaciones militares del Escuadrón de Vigilancia Aérea (EVA-9) se realizó prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido".

 

Considera la asociación que esa declaración es contraria a la ley porque "ni respondía a una situación de emergencia, ni se hizo siguiendo el procedimiento marcado". En relación a la situación de emergencia, desde APDHA recuerdan que "si bien es cierto que las obras comenzaron a ejecutarse entre los meses de abril y mayo, las mismas fueron paralizadas al poco de iniciarse por parte del Ayuntamiento de Motril sin que se hayan retomado desde entonces". De hecho, precisamente debido a la paralización de estas obras, el Gobierno construyó un nuevo Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) a través de la Unidad Militar de Emergencia. "Por tanto -concluyen desde la organización- no se daba la necesaria 'inmediatez' que es condición necesaria para realizar la tramitación de emergencia". En su lugar, sostienen desde APDHA, "el procedimiento de contratación que debía haber seguido el Gobierno en ese momento es el ordinario, no el de emergencia".

 

Por otra parte, inmediatamente después de producirse el anuncio de la toma de razón, desde el mismo Gobierno se aseguró, según argumenta la entidad, que se trataba de una “concatenación de errores”. Según aseguró la propia portavoz del Gobierno, esa toma de razón tenía que hacerse "ya que la ley estipula que en 30 días hay que llevarlo a Consejo de Ministros". En efecto, tal y como sostienen desde la organización, "esa toma de razón debía producirse en el plazo máximo de 30 días, sin embargo, al realizarla el 5 de octubre dicha toma de razón se produje claramente fuera del plazo del plazo establecido. Supera en varios meses el tiempo establecido en el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público".

 

Por ello, la delegación de APDHA en Granada interpuso una demanda ante el Tribunal Supremo contra el referido acuerdo solicitando "la nulidad de pleno derecho de las actuaciones llevadas a cabo".

 

Esta mañana, en una nota de prensa, la entidad ha confirmado en la documentación adjunta que dicho anuncio fue admitido a trámite por el Alto Tribunal el pasado 28 de enero y que en este momento "estamos esperando el expediente administrativo del caso que, en principio, debería estar en manos del Ministerio del Interior".