• Solicita al Defensor del Pueblo que realice una inspección de las instalaciones que se están habilitando como centros de detención temporales

En las últimas semanas están produciéndose multitud de llegadas a las costas de Motril (Granada) de personas migrantes. Ante la ausencia de otro lugar donde alojarlos, se ha habilitado el polideportivo con esa finalidad. Sin embargo, estas personas se encuentran privadas de libertad ya que no pueden entrar y salir del polideportivo libremente. Esta situación se ha producido al menos en dos ocasiones: 10 de julio y 17 de julio de 2018. Además, en el Centro de Atención Temporal de Inmigrantes de Motril al menos el 27 de junio había madres con menores lactantes detenidos en celdas. Finalmente, en el puerto de Almería también se encuentran también detenidos madres y menores, según informa la Delegación en Granada de la APDHA.

Ante esta situación, la delegación en Granada de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha interpuesto una queja ante el Defensor del Pueblo Español (DPE) en la que denuncian la grave y sistemática vulneración de derechos que están constatando en las últimas semanas en varias provincias andaluzas. A juicio de la entidad, la situación descrita supone una vulneración de los derechos fundamentales porque:

• No se puede privar de libertad en instalaciones que no estén legalmente destinadas a esos fines.
• El derecho al respeto a la vida, la integridad física y a la salud se está poniendo en peligro en los centros de detención que se están habilitando de forma extraordinaria (como pabellones de deportes en Motril o Algeciras). En relación con ello, tal y como también han denunciado también el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), brillan por su ausencia los planes de prevención de suicidios, de evitación de incidentes entre los propios internos o la ausencia de personal especializado para la resolución de conflictos.
• El derecho a la asistencia médica y sanitaria se ve comprometido porque en muchas ocasiones no se cuenta con personal suficiente y, al mismo tiempo, porque se contraviene el mandato del artículo 14 del mismo Reglamento que hace recaer la atención sanitaria sobre un servicio de asistencia sanitaria bajo la responsabilidad de un médico perteneciente a la Administración General del Estado. De este modo, se compromete especialmente la salud de los menores y las mujeres embarazadas.

Por lo expuesto, "la asociación exigen la inmediata puesta en libertad de estas personas, y que se proceda a una atención jurídica y social adecuada de las mismas y que se garantice una adecuada atención a los y las menores que llegan a nuestras costas, tal y como garantiza la ley. Por último, la entidad ha solicitado en su queja formulada ante el DPE que realice una inspección en las instalaciones que se están habilitando como centros de temporales".