La Atención Infantil Temprana se enfrenta a una "crisis sin precedentes" por la fallida gestión de la Junta de los nuevos conciertos
Familias y profesionales denuncian la "crisis sin precedentes" que atraviesa la Atención Infantil Temprana por la fallida gestión de los nuevos conciertos por parte de la Junta de Andalucía. En un comunicado, recuerdan que el próximo 30 de junio marca "una fecha límite crítica" en la que centros históricos de referencia, como Aspace y el CAIT San Rafael, "ven amenazada su continuidad debido al actual modelo de concierto".
Advierten de que los menores no son "meros números dentro de una licitación"
"Esta situación no es solo un problema administrativo; es una tragedia humana que está provocando sufrimiento, incertidumbre y desamparo en miles de familias. Muchos menores verán interrumpida su asistencia y perderán sus vínculos terapéuticos construidos durante años. Para estos niños, un terapeuta no es un simple nombre en una agenda, sino su persona de referencia que conoce sus logros y miedos; romper ese vínculo perjudica directamente su desarrollo y bienestar emocional", explican la plataforma Teayudo Granada.
La situación está provocando el "desmantelamiento de equipos completos y la pérdida de profesionales altamente especializados", según advierte la plataforma, que lamenta "la falta de información clara y garantías de continuidad para los menores más vulnerables".
Denuncian que el sistema trata a los niños como "meros números dentro de una licitación", olvidando que "el desarrollo infantil no se detiene ni entiende de plazos administrativos".
"Nuestra confianza en la Consejería de Salud y en la Junta de Andalucía se ha roto tras meses de respuestas ambiguas y promesas incumplidas"
"Nuestra confianza en la Consejería de Salud y en la Junta de Andalucía se ha roto tras meses de respuestas ambiguas y promesas incumplidas. No podemos permitir que se destruya lo que funciona ni que se ignore el interés superior del menor por criterios económicos", explican para insistir en que los niños y niñas "no pueden esperar meses a que se resuelvan trámites; cada semana cuenta en su desarrollo. La Atención Temprana es un derecho de la infancia, no un negocio, y los derechos se protegen, no se negocian".
Las familias y profesionales de Atención Temprana de Andalucía no podemos más
Miles de niños están pagando las consecuencias de un modelo que ha olvidado ponerlos en el centro
Las familias y los profesionales de Atención Temprana de Andalucía decimos basta.
Llevamos meses llamando a puertas que no se abren.
Meses enviando escritos, reuniéndonos con responsables políticos, compareciendo ante instituciones, organizando concentraciones, recogiendo firmas y explicando una y otra vez una realidad que parece no querer escucharse.
Y mientras tanto, el tiempo sigue corriendo para nuestros hijos.
Hoy queremos denunciar públicamente una situación que está provocando sufrimiento, incertidumbre y desamparo en miles de familias andaluzas.
El actual concierto de Atención Infantil Temprana ha desencadenado una crisis sin precedentes que amenaza la continuidad asistencial de numerosos menores, pone en riesgo vínculos terapéuticos construidos durante años y está provocando la pérdida de profesionales altamente especializados que han dedicado su vida al desarrollo de nuestros hijos.
No hablamos de números. No hablamos de expedientes. No hablamos de contratos. Hablamos de niños.
No hablamos de números.
No hablamos de expedientes.
No hablamos de contratos.
Hablamos de niños.
Niños con trastornos del desarrollo, discapacidad o necesidades especiales que necesitan estabilidad para avanzar.
Niños para quienes un terapeuta no es un nombre en una agenda.
Es una persona de referencia.
Es alguien que conoce sus miedos, sus dificultades, sus formas de comunicarse, sus logros y sus retrocesos.
Es alguien que ha ganado su confianza.
Y ahora todo eso está siendo puesto en peligro.
Centenares de familias viven desde hace meses en una incertidumbre insoportable.
Sin información clara.
Sin garantías.
Sin saber si sus hijos perderán a los profesionales que les acompañan.
Sin saber qué ocurrirá mañana.
Sin saber quién responderá si aparecen retrocesos en el desarrollo de sus hijos.
La situación es especialmente grave en centros históricos de referencia que han demostrado durante años una atención especializada de enorme calidad.
Centros que hoy ven amenazada su continuidad, sus equipos profesionales y el trabajo desarrollado durante décadas.
El caso de ASPACE y el del CAIT San Rafael han visibilizado una realidad que se extiende mucho más allá de un único centro.
Estamos asistiendo al desmantelamiento de equipos completos, a la pérdida de profesionales con años de experiencia y a reubicaciones que afectan directamente a menores especialmente vulnerables a los cambios.
Resulta incomprensible que mientras desde las administraciones se habla de atención centrada en la familia y de protección de la infancia, las decisiones adoptadas estén provocando exactamente lo contrario.
Porque una atención verdaderamente centrada en el menor jamás puede ignorar el vínculo terapéutico.
Jamás puede convertir a los niños en meros números dentro de una licitación.
Jamás puede aceptar que un despacho decida en semanas lo que una familia y un profesional han construido durante años.
Los especialistas tampoco pueden más. Desde el primer momento han seguido trabajando con la misma profesionalidad, el mismo cariño y la misma dedicación hacia nuestros hijos. Han continuado sosteniendo emocionalmente a las familias mientras convivían con la incertidumbre sobre su propio futuro laboral
Los especialistas tampoco pueden más.
Desde el primer momento han seguido trabajando con la misma profesionalidad, el mismo cariño y la misma dedicación hacia nuestros hijos.
Han continuado sosteniendo emocionalmente a las familias mientras convivían con la incertidumbre sobre su propio futuro laboral.
Han seguido celebrando avances, acompañando dificultades y construyendo oportunidades para nuestros hijos mientras veían cómo su estabilidad profesional se desmoronaba.
Andalucía no puede permitirse perder a estos profesionales.
No puede permitirse expulsar del sistema a quienes llevan años formándose y especializándose para atender a la infancia más vulnerable.
No puede permitirse destruir aquello que funciona.
Las familias tampoco podemos más.
Estamos cansadas de esperar.
Cansadas de escuchar que cada caso sería estudiado individualmente mientras se acercaban las fechas límite.
Cansadas de respuestas ambiguas.
Cansadas de promesas que nunca terminan de concretarse.
Cansadas de sentir que quienes toman las decisiones desconocen profundamente la realidad que viven nuestros hijos.
Y queremos trasladar algo especialmente grave y doloroso: nuestra confianza en la Consejería de Salud y Consumo y en la Junta de Andalucía se ha roto.
Durante meses hemos actuado de buena fe. Hemos acudido a reuniones, hemos escuchado compromisos de protección a los menores, hemos confiado en que el interés superior del niño sería el eje de todas las decisiones y hemos esperado respuestas que aportaran seguridad a nuestras familias.
Sin embargo, la realidad que vivimos hoy es muy distinta.
La falta de información clara, la incertidumbre prolongada, las contradicciones entre los mensajes trasladados y las consecuencias que ya están sufriendo numerosas familias han provocado una profunda ruptura de confianza.
La confianza institucional no se impone. Se construye con transparencia, coherencia y hechos.
Y hoy muchas familias sentimos que hemos tenido que convertirnos en portavoces, activistas y defensoras de los derechos de nuestros hijos para proteger algo que nunca debería haber estado en riesgo.
Nos duele decirlo, pero hemos pasado de confiar en que nuestros hijos estaban protegidos por el sistema a temer que las decisiones adoptadas puedan perjudicar directamente su desarrollo, su bienestar emocional y su futuro.
Nuestros niños no pueden esperar meses a que se resuelvan procedimientos administrativos.
La infancia no entiende de licitaciones.
El desarrollo no se detiene.
Cada semana cuenta.
Cada avance cuenta.
Cada vínculo cuenta.
Nuestros niños no pueden esperar meses a que se resuelvan procedimientos administrativos. La infancia no entiende de licitaciones.
Por eso exigimos a la Junta de Andalucía que escuche de forma urgente a las familias y a los profesionales.
Que garantice la continuidad asistencial.
Que proteja los vínculos terapéuticos existentes.
Que evite reubicaciones perjudiciales para los menores.
Que refuerce los recursos sin destruir aquello que ya funciona.
Que mantenga abiertos y protegidos los centros que durante años han demostrado excelencia asistencial.
Que preserve a los equipos profesionales especializados que constituyen uno de los mayores valores de la Atención Temprana andaluza.
Y que sitúe de verdad el interés superior del menor por encima de cualquier criterio administrativo o económico.
Porque cuando se rompe un vínculo terapéutico, quien pierde es el niño.
Cuando desaparece un equipo especializado, quien pierde es el niño.
Cuando un centro de referencia deja de prestar atención a los menores que ha acompañado durante años, quien pierde es el niño.
Cuando una familia vive meses de incertidumbre, quien pierde es el niño.
Y cuando un sistema deja de escuchar a quienes conviven cada día con esta realidad, perdemos todos como sociedad.
Hoy levantamos la voz porque nuestros hijos no pueden hacerlo.
Y no vamos a dejar de hacerlo hasta que sean escuchados.
Porque la Atención Temprana no es un privilegio.
No es una concesión.
No es un negocio.
Es un derecho.
Y los derechos de la infancia se protegen.
No se negocian.
Familias y profesionales de Atención Temprana de Andalucía
