Un total de 110 organizacionbes feministas de toda España, entre ellas una veintena de Granada y provincias, suscriben esta carta en la que reclaman al presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que no bloquee el traslado de las niñas a "recursos seguros ya preparados para recibirlas", porque "mantener bloqueado ese procedimiento prolonga una situación de vulnerabilidad que ninguna tutela puede justificar".

Te ofrecemos la carta íntegra de las organizaciones feministas y de mujeres, una iniciativa surgida en Granada, por la Asociación María de la O Lejárraga.

"Las organizaciones feministas y de mujeres que suscribimos esta carta, expresamos nuestra preocupación y hacemos un llamamiento urgente a todas las instituciones con responsabilidades en la protección de la infancia para que pongan fin al bloqueo que mantiene a cientos de niñas tuteladas en Ceuta esperando una protección que la ley ya les reconoce.

Las agresiones conocidas en las últimas semanas y las advertencias de las organizaciones especializadas nos recuerdan que estas niñas necesitan una respuesta inmediata y una protección reforzada

En toda crisis humanitaria existen personas especialmente vulnerables. Las niñas lo son. La experiencia internacional demuestra que, cuando se producen desplazamientos y situaciones de desprotección, aumentan los riesgos de violencia sexual, explotación y trata. Ceuta no es una excepción. Las agresiones conocidas en las últimas semanas y las advertencias de las organizaciones especializadas nos recuerdan que estas niñas necesitan una respuesta inmediata y una protección reforzada.

La Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor y la propia Ley de Extranjería obligan a que el interés superior del menor prevalezca sobre cualquier otra consideración administrativa o política. Y hoy esa obligación no se está cumpliendo.

La reforma de la Ley de Extranjería aprobada en 2025 creó un mecanismo específico para situaciones de contingencia migratoria extraordinaria como la que vive Ceuta, estableciendo un sistema de reubicación solidaria entre comunidades autónomas, fijan criterios objetivos para distribuir la acogida y prevén que los traslados se materialicen en un plazo máximo de quince días. Este el marco legal vigente que todas las administraciones deben respetar.

Por ello denunciamos la actitud de aquellas comunidades autónomas que han anunciado públicamente su negativa a acoger a las menores que les corresponden

Por ello denunciamos la actitud de aquellas comunidades autónomas que han anunciado públicamente su negativa a acoger a las menores que les corresponden. La protección de la infancia no es una opción ideológica ni una decisión discrecional: es una obligación moral, legal y constitucional de los poderes públicos. Negarse a cumplirla supone romper el principio de solidaridad territorial precisamente cuando más necesario resulta.

Nos dirigimos al presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas. Como responsable de la administración que ejerce la tutela de estas niñas, le corresponde adoptar las decisiones necesarias para hacer posible su traslado a recursos seguros ya preparados para recibirlas. Mantener bloqueado ese procedimiento prolonga una situación de vulnerabilidad que ninguna tutela puede justificar.

Ceuta no puede soportar sola una emergencia de esta dimensión. Pero tampoco puede utilizarse el sufrimiento de estas niñas como escenario de confrontación política

Mientras permanezcan en la ciudad deben reforzarse todas las medidas específicas de protección: espacios seguros, atención psicológica, asistencia sanitaria, intérpretes, prevención de la trata y protocolos eficaces frente a cualquier forma de violencia. Sin embargo, esas medidas no sustituyen la solución que ya contempla la ley.

Como movimiento feminista rechazamos que las niñas vuelvan a convertirse en las invisibles de una crisis. La protección de la infancia no admite vetos partidistas

Como movimiento feminista rechazamos que las niñas vuelvan a convertirse en las invisibles de una crisis. La protección de la infancia no admite vetos partidistas.

Hoy exigimos una decisión inmediata: que se cumpla la ley y se desbloqueen los traslados y que ninguna niña tenga que seguir esperando aquello que el Estado ya está obligado a garantizar.

No son cifras, no son expedientes. Son niñas".

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