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La Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica forma parte de la coordinadora

La Coordinadora Andaluza de Memoria Histórica denuncia "la involución" del Gobierno andaluz en las políticas públicas de memoria

Ciudadanía - IndeGranada - Viernes, 14 de Junio de 2019
En la práctica supone, advierten los colectivos, "un grave retroceso en la consecución plena de los derechos de las víctimas del franquismo, así como para la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición".
Imagen del Memorial a las víctimas del franquismo en las tapias del cementerio.
Alejandro V. Casasola
Imagen del Memorial a las víctimas del franquismo en las tapias del cementerio.

Con motivo del día de la Memoria en Andalucía desde la Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Democrática, de la que forma parte la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica, ha hecho público el siguiente manifiesto que reproducimos íntegramente: 

Manifiesto 14 de junio en recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe y la dictadura en defensa de la Ley de Memoria Histórica y Democrática

El 14 de Junio de cada año recordamos en toda Andalucía a los hombres y mujeres víctimas del golpe militar y la dictadura franquista. La Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía instituye este día para reparar su memoria no sólo como víctimas de la dictadura sino como luchadores por la recuperación de las libertades, a cuyo compromiso debemos fundamentalmente la reinstauración de la perdida democracia.

La Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Democrática denunciamos, mediante este manifiesto que será leído en cuantos actos organicen nuestras asociaciones en toda Andalucía, la paralización y la involución que el actual Gobierno de la Junta de Andalucía está llevando a cabo en las políticas públicas de Memoria Histórica y Democrática, que están suponiendo ya en la práctica un grave retroceso en la consecución plena de los derechos de las víctimas del franquismo, así como para la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición.

El avance en estos derechos se ha ido consiguiendo en las últimas décadas gracias sobre todo al impulso y el empeño de la sociedad civil organizada, que ha compensado en parte el insuficiente compromiso por parte del Estado Democrático, repetidamente denunciado por organismos internacionales.

En el día de hoy, somos de nuevo quienes nos preocupamos y ocupamos de la recuperación, del recuerdo, del valor de su sacrificio, en suma, de todas las víctimas y sus familiares, los que demandamos a la Junta de Andalucía -como parte central del Estado en nuestra Comunidad Autónoma- el mantenimiento y desarrollo de las políticas públicas de Memoria Histórica y Democrática y la renuncia a cualquier intento de imponer una visión negacionista o equidistante de los crímenes del franquismo, que iría no solo contra los derechos y la dignidad de las víctimas sino también contra las evidencias fundamentadas por la investigación historiográfica. Por todo ello: 

  • Exigimos el mantenimiento, desarrollo normativo y aplicación efectiva de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.   
  • Rechazamos rotundamente la anunciada promulgación de una Ley de Concordia, para sustituir a la actual Ley de Memoria en Andalucía. España ya aprobó una ley de concordia con el máximo rango, que no es otra que nuestra Constitución, cuya continuidad se plasmó en nuestro Estatuto de Autonomía, cuya base de consenso social y político ha hecho posible nuestra Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía 
  • Reclamamos que se impulse con financiación adecuada el I Plan Andaluz de Memoria Histórica y Democrática, actualmente paralizado. 
  • Demandamos que se mantenga la colaboración organizativa y material de la Administración Pública con las asociaciones memorialistas, sindicatos y víctimas, como condición indispensable para avanzar en los derechos de Verdad y Reparación. 
  • En el marco de sus competencias estatutarias y de acuerdo con el Principio 18 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que es recogido en la Ley andaluza 2/2017, la Junta de Andalucía debe contribuir al cese de la impunidad de los autores de las masivas violaciones de derechos, ocurridas en el territorio andaluz a raíz del golpe de estado y durante la dictadura, facilitando las iniciativas en este sentido provenientes del derecho humanitario internacional y de la justicia transaccional, como la promovida en la Causa 4591/2010 (la conocida como ‘querella argentina’. 
  • Consideramos prioritario la plena incorporación al currículo educativo de contenidos y valores vinculados a la Memoria Histórica y Democrática como patrimonio de nuestro pueblo, basados en una visión veraz y actualizada de lo que supuso el periodo histórico comprendido entre el golpe de estado contra la Segunda República hasta el final de la Transición a la democracia. 
  • En relación con esto último, exigimos explicaciones al Gobierno de la Junta de Andalucía y a su consejero de Educación por el retraso consciente con el que se ha aprobado y cursado la Instrucción sobre el desarrollo de la jornada del 14 de junio en los centros educativos andaluces, impidiendo con ello una programación adecuada por parte del profesorado. 
  • Así mismo, exigimos que se retire la tumba del general golpista, Queipo de Llano, responsable de masivas violaciones de derechos humanos, de un lugar de acceso público como es la Basílica de la Macarena, en aplicación del artículo 32 de la Ley de Memoria Democrática de Andalucía, y la eliminación inmediata de los espacios de uso público, de cualquier símbolo o mención honorífica que exalte instituciones en aplicación del Decreto sobre símbolos y actos contrarios a la recuperación de la Memoria Histórica. 

En una fecha como la de hoy, no podemos terminar sin referirnos al reciente Auto del Tribunal Supremo, en relación a la paralización de la exhumación de Francisco Franco, traidor al orden constitucional republicano, golpista y dictador sanguinario. Resulta insólito y escandaloso, para toda persona que tenga en alto valor vivir en Libertad y en Democracia, que la Sala de lo contencioso del Tribunal Supremo haya situado al dictador Francisco Franco al frente de la Jefatura del Estado con fecha 2 de octubre de 1936 cuando, en ese momento y hasta 1939, en España existía un único Jefe del Estado legítimo: el Presidente de la II República, Manuel Azaña. Cuestionar este hecho histórico nos lleva a pensar que se puede estar estableciendo por el Tribunal la legitimación del dictador tras un golpe de estado, el del 18 de julio de 1936. Andalucía, 14 de Junio de 2019.