Hay debates públicos que trascienden los números, los contratos y las decisiones administrativas. El conflicto abierto en torno a la reorganización de plazas de Atención Infantil Temprana en Granada es uno de ellos. Porque detrás de cada expediente, de cada concierto y de cada resolución administrativa, hay niños y niñas en una etapa decisiva de su desarrollo, familias que han depositado su confianza en unos profesionales concretos y terapeutas que han construido durante años vínculos fundamentales para el progreso de esos menores.

La polémica generada por la situación del CAIT San Rafael ha puesto sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿puede gestionarse la atención temprana como si fuera un servicio intercambiable más dentro de una red administrativa?

La polémica generada por la situación del CAIT San Rafael ha puesto sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿puede gestionarse la atención temprana como si fuera un servicio intercambiable más dentro de una red administrativa?

Las familias que han alzado la voz sostienen que NO. Y sus argumentos merecen ser escuchados.

La atención temprana no es una prestación cualquiera. No consiste únicamente en ofrecer sesiones de terapia. Su eficacia depende de factores que van mucho más allá de la disponibilidad de una plaza: la confianza, la continuidad, el conocimiento profundo de cada niño y la coordinación constante entre profesionales y familias. La evidencia científica lleva décadas señalando que la estabilidad terapéutica es un elemento esencial para obtener los mejores resultados en los primeros años de vida.

Por eso preocupa que decisiones adoptadas desde la lógica administrativa puedan terminar rompiendo procesos que han tardado años en construirse.

Nadie discute la necesidad de ampliar recursos, abrir nuevos centros o acercar los servicios a más familias. De hecho, esa es una reivindicación compartida por buena parte de quienes hoy protestan. El problema surge cuando la expansión del sistema parece plantearse mediante la redistribución de recursos ya existentes, sin garantizar previamente la continuidad de los tratamientos en marcha.

La cuestión de fondo no es si deben existir más centros. La cuestión es si para crear nuevas oportunidades es necesario poner en riesgo las que ya están funcionando

La cuestión de fondo no es si deben existir más centros. La cuestión es si para crear nuevas oportunidades es necesario poner en riesgo las que ya están funcionando.

Resulta difícil comprender que un sistema que proclama la humanización de la atención sanitaria pueda ignorar el impacto emocional que generan meses de incertidumbre en las familias. Tampoco parece compatible con esa filosofía mantener a profesionales pendientes de recursos, adjudicaciones y subrogaciones mientras continúan sosteniendo diariamente la atención de cientos de menores.

Humanizar no consiste en incluir la palabra en documentos estratégicos o jornadas institucionales. Humanizar implica escuchar a quienes reciben la atención y a quienes la prestan. Implica reconocer que los niños no son números ni las familias meros destinatarios de una reorganización administrativa.

La situación actual también invita a reflexionar sobre una tendencia cada vez más frecuente en las políticas públicas: medir la eficacia únicamente mediante indicadores cuantitativos

La situación actual también invita a reflexionar sobre una tendencia cada vez más frecuente en las políticas públicas: medir la eficacia únicamente mediante indicadores cuantitativos. En atención temprana, sin embargo, existen elementos difíciles de reflejar en una hoja de cálculo. ¿Cómo se mide la confianza de un niño con dificultades de comunicación hacia su terapeuta? ¿Cómo se cuantifica el impacto de una ruptura repentina en una relación construida durante años? ¿Cómo se traduce en cifras la tranquilidad de una familia que sabe que su hijo está siendo comprendido y acompañado?

La respuesta es sencilla: no todo lo importante cabe en un procedimiento administrativo.

Por supuesto, cualquier sistema público necesita planificación, evaluación y criterios objetivos. Pero precisamente por eso resulta imprescindible que el interés superior del menor sea el criterio que ordene todas las decisiones, y no un elemento secundario que se menciona al final de los informes.

Lo que está ocurriendo en Granada debería servir para algo más que resolver una controversia puntual. Debería abrir un debate serio sobre el futuro de la atención temprana en Andalucía. Sobre su financiación, su estabilidad, la continuidad de los tratamientos y el papel que ocupan las familias en la toma de decisiones que afectan directamente a sus hijos

Lo que está ocurriendo en Granada debería servir para algo más que resolver una controversia puntual. Debería abrir un debate serio sobre el futuro de la atención temprana en Andalucía. Sobre su financiación, su estabilidad, la continuidad de los tratamientos y el papel que ocupan las familias en la toma de decisiones que afectan directamente a sus hijos.

Porque cuando una sociedad protege la atención temprana no está defendiendo únicamente un servicio. Está protegiendo oportunidades, autonomía futura e igualdad real.

Y porque, al final, una comunidad no se define por la complejidad de sus procedimientos ni por la eficiencia de sus contratos. Se define por la forma en que cuida a quienes más la necesitan. Especialmente cuando esos ciudadanos todavía son niños y niñas.

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