El Defensor de la Ciudadanía de Granada, Manuel Martín, se ha reunido este miércoles con representantes de la Junta de Personal y del Comité de Empresa del Ayuntamiento de la capital para analizar la difícil situación de los Servicios Sociales Municipales. 

En una situación de emergencia social por las consecuencias de la pandemia, "la presión asistencial sobre los Servicios Sociales Comunitarios de la ciudad de Granada se ha visto incrementada en aproximadamente un 30 por ciento respecto a los datos previos al confinamiento de marzo de 2020. Se trata de nuevas familias usuarias que nunca habían acudido a estos servicios".

Según los datos facilitados tras ese encuentro, el Banco de Alimentos viene atendiendo a unas 50.000 personas. Otras miles reciben apoyo de Cáritas Parroquiales, otras entidades y de sus familias. El propio Ayuntamiento de Granada ha atendido a través de su programa de alimentos de emergencia a más de 1.000 familias de la cuidad y con las Tarjetas monedero a unas 1.800 familias.

En materia de vivienda, en breves fechas finaliza la moratoria frente a desahucios, recuerdan para advertir que esto provocará "una avalancha de demandas en Servicios Sociales relacionados con necesidades de vivienda".

"La crisis social y económica derivada de la COVID-19 sólo está empezando a despuntar. Era algo con lo que no contaban los gestores, pero está aquí y ha llegado para quedarse durante una larga temporada", han alertado.

Y, pese a este grave contexto social, "las administraciones no resuelven, los recursos son pocos y escasos en su contenido…y la lista aquí podría ser interminable".

En ese repaso, Defensor y representantes de la plantilla municipal han indicado que tres de cada cuatro solicitudes del Íngreso Mínimo Vital han sido denegadas y un 30 por ciento está sin resolver. Según estos datos, sólo al 6,4 por ciento de la población que vive bajo el umbral de la pobreza se beneficia del ingreso mínimo vital y sólo alcanza al 80 por ciento de las personas beneficiarias del sistema de rentas mínimas. A pesar de la crisis social, "el IMV no ejecuta más que el 40 por ciento del presupuesto anual".

En el caso de la Junta de Andalucía, "no resuelve las demandas de Dependencia, cuya lista es interminable", y la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía también está "prácticamente bloqueada". Como ejemplo de "la falta de implicación real", los trabajadores y trabajadoras municipales adscritos a este programa se encuentran en "un limbo administrativo" a la espera de que la Administración autonómica defina cuales van a ser sus condiciones de continuidad laboral.

"Ante la falta de respuesta de la Administración del Estado y de la Administración autonómica, la ciudadanía en situación de vulnerabilidad social acude a su entorno más inmediato, el Ayuntamiento, donde las respuestas que encuentra a nivel de recursos son escasas y lentas"

"Ante la falta de respuesta de la Administración del Estado y de la Administración autonómica, la ciudadanía en situación de vulnerabilidad social acude a su entorno más inmediato, el Ayuntamiento, donde las respuestas que encuentra a nivel de recursos son escasas y lentas".

En este sentido, Defensor y trabajadores alertan que, incluso las Ayudas Económicas Urgentes municipales tienen una media de más de 7 meses de ejecución una finalizada su tramitación en el Área de Derechos Sociales y el Ayuntamiento "no aborda con eficiencia la resolución de una brecha digital que limita la capacidad de las personas usuarias".

Los profesionales de los Servicios Sociales Comunitarios en esta situación han sido convertidos en "la cara de una Administración que no responde: no responde el Instituto Nacional de la Seguridad Social, no responde el SEPE, no responde la REMISA, el Sistema de Dependencia…".

"Los Servicios Sociales ya estaban tocados y van camino de estar hundidos", ha alertado el Manuel Martín, para lamentar que, como Sistema Público de Protección Social siempre hayan ocupado "un segundo plano en el interés político" y hayan estado "infradotados de personal y medios".

Por otra parte, las correlativas normativas aprobadas vía Decreto y modificación de Decreto abocan a losprofesionales del Trabajo Social a convertirse en "policías de lo social" y "expendedores de certificados de pobreza, alejándolos cada vez más del objeto del Trabajo Social y dejando recaer sobre el Sistema de Servicios Sociales competencias que le son totalmente impropias, sin medios humanos y económicos asignados y cuestionables incluso a nivel legal". Convierten a los Servicios Sociales, lamentan, "en agencias de tramitación de recursos ajenos, que no están funcionando y los privan de poder intervenir a niveles adecuados".

La necesidad de recursos humanos en los Servicios Sociales es "apremiante"

La necesidad de recursos humanos en los Servicios Sociales es "apremiante", y esa ha sido la primera reivindicación, a la que ha seguido la necesidad de "recursos para poder trabajar". "Sin los profesionales necesarios no se pueden implementar las prestaciones, ni atender a las familias en tiempos razonables (las listas de espera superan el mes y medio), ni llevar los casos de menores, ni atender a personas mayores y dependientes, ni informar, ni redactar informes sociales, ni “certificar”, ni acreditar…  y aunque tanto la administración autonómica como la estatal están incumpliendo con las expectativas que han generado en la población y no están dotando con medios sus exigencias, los servicios sociales no pueden ser un punto de bloqueo y en ese punto, la responsabilidad es municipal".

Los trabajadores y trabajadoras de los Servicios Sociales, declarados esenciales durante la pandemia, sólo a nivel formal, "son la cara de la Administración ante la ciudadanía, una Administración que no está respondiendo ante las necesidades de la población a ningún nivel".

El reflejo de esta situación en la plantilla es "una sobrecarga de trabajo, de exceso horario, de impotencia y frustración ante la imposibilidad de responder adecuadamente". Unos riesgos psicosociales que, resaltan, ya están pasando factura a través de estrés, problemas de sueño, ansiedad, frustración…

Por ello, la Junta de Personal y el Comité de Empresa del Ayuntamiento, como portavoces de la Asamblea de Trabajadores de Derechos Sociales, han exigido al alcalde, al concejal de Derechos Sociales y al concejal de Personal, un Plan de Contratación Urgente que refuerce la plantilla, permita eliminar las listas de espera y atender con calidad a la ciudadanía de Granada en situación de vulnerabilidad social. 

La situación es "insostenible" y la Asamblea mantendrá sus movilizaciones reivindicativas. Se realizarán concentraciones parciales durante el mes de abril y coincidiendo con el Pleno una Asamblea Concentración en la que, dicen, esperan "no tener que exigir la dimisión del concejal de Derechos Sociales, José Antonio Huertas, del concejal de Personal, Francisco Fuentes y como responsable último, del alcalde, Luis Salvador".