Ven, conoce la provincia de Granada.
Ve una contradicción y una arbitrariedad en esta forma de proceder.

Denuncia por prevaricación contra la alcaldesa de La Zubia por autorizar un evento municipal en un lugar vetado por normativa a actividades molestas

Ciudadanía - M.A. - Jueves, 13 de Agosto de 2020
La asociación de propietarios del Plan Especial de Reforma Interior Huerta Grande expone en su denuncia que el Ayuntamiento niega sistemáticamente licencias para actividades consideradas 'molestas' que requieren informes ambientales, mientras autoriza mediante decreto actos municipales.
Celebración del evento municipal el pasado 11 de agosto.
Asociación propietarios Huerta Grande
Celebración del evento municipal el pasado 11 de agosto.

La asociación de propietarios del Plan Especial de Reforma Interior (P.E.R.I.) Huerta Grande de La Zubia ha presentado una denuncia por supuesta prevaricación administrativa contra la alcaldesa de La Zubia, Inmaculada Hernández (PP), y tres de sus concejales, por autorizar la celebración de eventos municipales en el templete de la música del Parque de la Encina de la localidad. 

En su denuncia, cursada el 11 de agosto ante la Guardia Civil y dirigida también al Juzgado de Guardia, el colectivo pone el énfasis en que ese recinto se encuentra en el ámbito de aplicación del PERI Huerta Grande, una normativa que "sólo permite la práctica de actividades sin molestias para las viviendas".

"Esta norma prohíbe actividades que precisan una licencia específica de actividad, actividades que precisen informes preceptivos y favorables de la Ley de Protección Ambiental", agrega el texto, al que ha tenido acceso El Independiente de Granada.

Al respecto recuerda que una sentencia del Tribunal Supremo de 2012 declaró nula de pleno derecho la modificación puntual de ese plan especial que ampliaba el número de actividades que se podía desarrollar en la zona, dejando únicamente vigente la normativa que impide las de carácter 'molesto'.

"El Ayuntamiento, a través de su Alcaldía, concejalías de Urbanismo, de Ocupación de vía pública, Medio Ambiente y de Seguridad Ciudadana, ha denegado de forma sistemática a propietarios de locales comerciales de la zona, licencias para ocupación de vía pública de terrazas para establecimientos de hostelería, academias de baile, en general actividades molestas que requieren informes preceptivos por afectar a las leyes de protección ambiental, argumentando la prohibición de la norma imperante (PERI Huerta Grande de 1990), así como la prohibición impuesta por la sentencia del Supremo". 

La denuncia va dirigida contra la alcaldesa, Inmaculada Hernández, el concejal de Urbanismo, José Torregrosa, la edil de Igualdad y Cultura, Rosario Gamero, y el concejal de Seguridad Ciudadana, Jairo Molina.

Por ello, el colectivo cree que el gobierno local se contradice cuando autoriza actividades municipales en el Parque de la Encina. En concreto cita uno de los últimos eventos organizados en ese recinto, el Festival Internacional de Poesía 2020 en El Laurel, y también el Mercado Medieval celebrado entre el 6 y el 8 de marzo. Este tipo de celebraciones, agrega, se celebra "de forma habitual y reiterada en el tiempo" y en algunos casos, como el mercado, con "música con alto volumen" y "ocupación de la vía pública".

El decreto municipal, que incluye un informe de viabilidad de la Policía Local, para celebrar el evento municipal "contradice los límites establecidos por el Plan Especial de Reforma Interior Huerta Grande", destaca la asociación para agregar que "las potestades de planeamiento urbanístico se atribuyen por el ordenamiento jurídico con la finalidad de que la ordenación resultante, en el diseño de los espacios habitables, de sus usos y sus equipamientos, y de las perspectivas de su desarrollo, ampliación o expansión, sirva con objetividad los intereses generales; no los intereses de uno o de unos propietarios; ni tan siquiera los intereses de la propia corporación municipal".

A la vista de los hechos y ante la aplicación de la norma "de forma favorable o desfavorable" según los actores a los que ésta va dirigida, "se cree que las autoridades antes mencionadas han podido cometer un supuesto delito de prevaricación administrativa dotada de contenido arbitrario y a sabiendas de su injusticia pues el Decreto de autorización del evento es una resolución contraria a derecho y al interés general, que es el cumplimiento de la norma".