El empresario Ramón Arenas ha dado otro paso más para intentar que el Ayuntamiento de Granada dé cumplimiento a la sentencia -de lo Contencioso-Administrativo- que declaró ilegal la situación en la que se encuentran los negocios en la manzana del Pabellón Mulhacén. Tras una década de batalla judicial, el pasado año el TSJA declaró firme esa resolución judicial, pero a día de hoy no se ha cumplido y el gobierno local de Marifrán Carazo sigue buscando fórmulas para sortear el varapalo judicial derivado de la gestión de anteriores gobiernos del PP. 

El desarrollo de esa manzana se alteró, a pesar de que se había sacado a licitación con unas condiciones determinadas. Esas condiciones no solo no se cumplieron, sino que se fueron alterando y esto generó unos beneficios al promotor adjudicatario. Eso es muy resumidamente lo que ocurrió y frente a lo que batalla el empresario Ramón Arenas, uno de los perjudicados por aquella operación que dio lugar a una investigación penal que aún está viva. Precisamente es la pieza del Pabellón Mulhacén la que se encamina a juicio en lo penal. 

Paralelamente, en la vía de lo Contencioso-Administrativo, la Justicia ha dado la razón a Arenas, pero la sentencia no se cumple. 

El Ayuntamiento ha presentado al TSJA un informe jurídico con el que trata de 'salvar los muebles' y los negocios que están instalados y que no se ajustan a lo estipulado en la concesión administrativa, con especial interés en el negocio de comida rápida

El Ayuntamiento ha presentado al TSJA un informe jurídico con el que trata de 'salvar los muebles' y los negocios que están instalados y que no se ajustan a lo estipulado en la concesión administrativa, con especial interés en el negocio de comida rápida. Lo que existe no es lo que se fijó en la concesión administrativa. Hay restaurantes, entre ellos, como se ha señalado, la hamburguesería en torno al que se habilitaron algunas plazas para aparcar, pero nada del aparcamiento que se programó en torno a la instalación del Mulhacén, por cierto, cerrada. Tampoco hay rastro de las pistas de pádel. 

Precisamente el portavoz del gobierno municipal y primer teniente de alcalde, Jorge Saavedra, aseguró este viernes a preguntas de los periodistas, según recoge Onda Cero, que "no hay que derruir nada", lo que se hará, según su explicación, es "una adaptación". Todo ello buscando que sea "lo menos gravoso para la ciudad", porque si hubiera que derribar e indemnizar, dijo, "puede ser mucho dinero, muchos millones que pagamos todos los granadinos". 

Esta situación y el posible perjucio para las arcas públicas municipales es consecuencia de la gestión de anteriores gobiernos del PP, lo que coloca en una situación muy incómoda al gobierno municipal de Carazo, que no puede derivar responsabilidades a gobiernos socialistas. 

De ahí que Saavedra intentara restar importancia a lo que habrá que afrontar. Así, según dijo, habrá que "corregir" algunos "excesos", como cerramientos exteriores o "alguna segunda planta", pero no derribar. Ese es el verbo del que no quiere oír hablar el equipo de gobierno. 

En el escrito que ha registrado Ramón Arenas en el Ayuntamiento -el  último de las decenas que viene presentando en este procedimiento- lo que solicita es "el cese de los usos contrarios al planeamiento", que es precisamente lo que trata de mantener el equipo de gobierno municipal. Tras la sentencia que declaró ilegal esta operación, recuerda el empresario, los usos comerciales están "sin amparo legal". 

"Sin vigencia del estudio de detalle, los usos comerciales de restauración quedaron sin amparo legal desde el minuto uno"

"Sin vigencia del estudio de detalle, los usos comerciales de restauración quedaron sin amparo legal desde el minuto uno", sin que el intento de legalización que está buscando el Consistorio "suponga legitimación alguna para mantener dichos usos contrarios al planeamiento y en tanto se sigan manteniendo".

Argumenta en ese escrito que "el suelo de la parcela es de dominio público (toda)", tratándose de una concesión administrativa, y "los usos ilegales implantados en dominio público no prescriben". "Consecuentemente -agrega-, la Administración no puede desconocer que el uso comercial con parcelación, implantado en edificio aparte o independiente, esto es, en suelo y no en edificación, es ilegal y contrario al PGOU".

Mantenerlo, como está haciendo el gobierno local, "está provocando, además de la lesión al interés público, un beneficio indebido tanto para el concesionario como para los arrendatarios explotadores de los locales de restauración, absolutamente injusto", sea "por desidia o, incluso, por la propia cooperación municipal que está consintiéndolo indebida e ilegalmente", tratándose, como insiste, "de un uso ilegal". 

Por ello solicita al equipo de Carazo que proceda a "ordenar el cese inmediato de los usos comerciales contrarios al planeamiento, implantados en la parcela municipal sita en Calle Torre de la Pólvora esquina Paseo Emperador Carlos V, ya que se trata de suelo de dominio público y los usos en el mismo no prescriben". 

El empresario advierte en el escrito que se reserva el derecho a emprender otras acciones.