El pasado 18 de abril, el juez que investiga las irregularidades en la venta de la Casa Ágreda dictó un nuevo auto en el que solicitó una tasación del inmueble. Esa nueva resolución se dictó, según expone la acusación ejercida por el empresario Ramón Arenas, sin haber resuelto los recursos previos presentados por su abogado y Vamos Granada, que también ejerce la acusación en este caso. Tampoco respondió a los escritos rechazando esos recursos que formularon los investigados en este caso, como Manuel Lorente -hombre fuerte de Urbanismo- o Manuel Navarrete -que actuó en su día en representación de la ONG adjudicataria-.

Por todo ello, Arenas ha presentado un recurso de apelación en el que pide la nulidad del nuevo paso dado por el juez.

Al no haberse pronunciado sobre sus recursos, "ha privado a ambos recurrentes de su derecho a obtener una respuesta judicial motivada y fundada en Derecho".

Expone en su escrito que "la necesaria motivación de las resoluciones judiciales" y de "seguir los trámites procedimentales" obedece a una doble finalidad: de un lado dar a conocer las razones que conducen al fallo y permitir el ejercicio de los recursos previstos en el ordenamiento jurídico y, de otro, como garantía de que la resolución no es fruto de la "arbitrariedad". 

La investigación judicial de la venta de la Casa Ágreda a la ONG internacional Aide se reabrió por orden de la Audiencia Provincial, que afeó las razones alegadas por el juez para archivar el caso. 

Por otra parte, la llamada asociación Granada Acción Cívica contra la Corrupción, de la que forma parte Arenas, ha pedido la dimisión del portavoz del gobierno local, Baldomero Oliver, por unas declaraciones en la que cuestionó el interés que guía al empresario. "No hay interés personal, defendemos el patrimonio de los granadinos", añade la asociación en el escrito.