La Marea Verde de Granada, en la que están integradas asociaciones de madres y padres, de alumnado y organizaciones sindicales, ha enviado un comunicado en el que expresa su preocupación ante el inicio del próximo curso escolar. 

El colectivo se muestra muy crítico por la actuación de la Junta de Andalucía que, a su juicio, no está poniendo los recursos necesarios para afrontar con seguridad esa vuelta a las aulas.

La Marea Verde cree imprescindible una bajada de ratios para mantener las distancias, además de la contratación de profesorado y personal necesario para garantizar las medidas de seguridad. 

Por todo ello, anuncia movilizaciones de cara al 1 de septiembre para exigir a la Administración que atienda las reivindicaciones de familias y docentes.

Este es el comunicado íntegro enviado por la Marea Verde:

Las personas y colectivos, familias, estudiantes y docentes, reunidas en asamblea de Marea Verde Granada el jueves 30 de julio de 2020 queremos manifestar nuestra preocupación por el escenario de inicio del curso 2020/21, en vista de la evolución de la pandemia del COVID-19 y de las instrucciones dispuestas por la Consejería de Educación.

• Queremos comenzar y mantener el curso de manera presencial, puesto que es la única forma de garantizar el Derecho a la Educación para todas las personas. El teletrabajo no es una opción que garantice este derecho y supone un perjuicio para alumnado y familias.
• Exigimos a la administración educativa las medidas necesarias para que esta vuelta presencial a las aulas sea segura. Estas medidas incluyen, entre otras, la bajada sustancial de ratios para mantener las distancias establecidas por las recomendaciones sanitarias, y la consiguiente contratación del profesorado y personal necesario para ello, así como la habilitación de espacios públicos necesarios, entre otras.
• La administración educativa no está poniendo a disposición los recursos necesarios para esta vuelta segura a las aulas, sino parches que descargan la responsabilidad en el profesorado y los centros educativos y que ponen en peligro real la salud y la vida de las personas.
• Por ello, queremos emplazar a toda la comunidad educativa: estudiantes, familias, profesorado, sindicatos, asociaciones de padres y madres, y demás organizaciones del ámbito de la Educación Pública a acordar la convocatoria de un conjunto de movilizaciones desde el 1 de septiembre para forzar a la administración a la adopción de las medidas necesarias para un inicio de curso seguro. Estas movilizaciones deben acordarse y publicitarse en agosto para forzar a la administración a tal fin, contemplándose la celebración de concentraciones, manifestaciones y otras acciones desde la primera semana de septiembre que desemboquen en una huelga general educativa como medida de presión, no descartando la posibilidad de una huelga indefinida.

Por una Educación Pública para todos y todas, de calidad y segura.