• AMAMA: "No entendemos una crueldad tan grande de un Gobierno que ha cometido una negligencia"

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Pancarta desplegada a las puertas de los juzgados en Sevilla. vía rtve

El silencio de la Junta ante las reclamaciones patrimoniales presentadas por las mujeres afectadas por el grave escándalo de los cribados de cáncer de mama está abocando ya a estas a acudir a los juzgados. Así lo han denunciado algunas de estas mujeres y la presidenta de la Asociación AMAMA de Sevilla, Ángela Claverol, a las puertas de los juzgados de la capital hispalense. 

"Sigo en tratamiento; mañana voy. Tuve que vender mi casa, no tengo dinero. Mis hijos están muertos en vida y ahora, supernerviosos pensando lo que  voy a tener que pasar", ha explicado Anabel Cano, una de las mujeres que desarrolló cáncer sin haber sido alertada de que las pruebas de su mamografía no habían sido concluyentes. Ella presentó una reclamación patrimonial que no ha obtenido respuesta. Ahora demanda a la Junta. Ella será la primera mujera que dará ese paso. 

"Nos llamaron mentirosas y que todo era un montaje; después nos restaron importancia y, finalmente, dijeron que había sido un fallo y que no nos informaron para no crearnos ansiedad"

"Nos llamaron mentirosas y que todo era un montaje; después nos restaron importancia y, finalmente, dijeron que había sido un fallo y que no nos informaron para no crearnos ansiedad", ha apuntado otra de las mujeres afectadas, Cristina Fernández, recordando cómo respondió el Gobierno andaluz cuando se hizo público el escándalo. En su caso, como ha contado a los periodistas, estuvo 16 meses desarrollando un cáncer. Ella ha reprochado a la Junta que a día de hoy siga sin haberle aclarado por qué ocurrieron esos fallos. Si fue "decidido" porque se iba a externalizar el servicio o si nadie "se preocupó de hacernos un seguimiento". En su caso, la reclamación patrimonial la presentó en noviembre. De momento tampoco ha recibido respuesta. "Estoy viendo que la respuesta será que lo veamos delante de un juez, pues que lo veamos. Lo veremos delante de un juez", ha añadido.

Ante esta situación, como ha señalado Ángela Claverol, "no queda más remedio que demandar". "No entendemos una crueldad tan grande de un Gobierno que ha cometido una negligencia y que no atiende las reclamaciones patrimoniales y hace silencio absoluto", ha trasladado a los periodistas recordando que esta situación "obliga a las mujeres del cribado a arrastrarse por el juzgado".

Sobre la investigación de estos fallos, cabe recordar que la Fiscalía está acelerando el cierre de las denuncias que había recibido. Tras dar carpetazo a la investigación abierta a los exconsejeros y remitir las diligencias a las fiscalías provinciales, ahora da otro paso para cerrar también estas investigaciones. Se han archivado 2 en Almería, 2 en Granada, 2 en Sevilla, 2 en Jaén y 1 en Málaga.

Hasta antes de la Semana Santa, de acuerdo a los datos facilitados por la Fiscalía a El Independiente de Granada, siguen en trámite tres denuncias en Sevilla y dos Málaga.

Cuando en febrero acordó no investigar a los exconsejeros Jesús Aguirre y Catalina García, que habían estado al frente de la Consejería de Salud cuando se cometieron los fallos que retrasaron diagnósticos de cáncer, la Fiscalía andaluza decidió remitir a las provinciales los testimonios de las mujeres, justificó la decisión en que no existía "un patrón" que permitiera "unificarlos para conectarlos con una responsabilidad que pudiera extenderse más allá de los concretos intervinientes en cada proceso, que no son los mismos" e indicó que debían ser "investigados de manera individual y separada".

Según añadió entonces, algunas denuncias exponían manifestaciones "de carácter general sin precisión alguna relativas a las deficiencias del protocolo del cribado de cáncer de mama" y consideró que "una investigación más prospectiva sería contraria al derecho fundamental de la intimidad y al derecho a que nadie conozca datos, especialmente, sensibles a la salud de todas aquellas mujeres que han decidido libremente no someter sus casos a la investigación de la Fiscalía y restringirlos al ámbito de la responsabilidad patrimonial de la administración".

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, que este martes ha hecho "una visita técnica" al nuevo centro de salud de Salobreña, se ha escudado precisamente en esos archivos de la Fiscalía, que no son las demandas presentadas ahora por las mujeres. Las diligencias de la Fiscalía se abrieron a raíz de denuncias presentadas por la Asociación Defensor del Paciente y posteriormente ampliadas por Adelante Andalucía e Izquierda Unida. 

Sanz ha añadido que "la Administración tiene derecho a defenderse", al igual que "cada uno a reclamar". Y ha puesto el acento en que "antes se reclamaba y se resolvía según procedimientos, igual que ahora".