El juicio queda visto para sentencia

Sorpresa en el caso Romanones: Fiscalía retira los cargos contra el padre Román

Ciudadanía - IndeGranada - Miércoles, 22 de Marzo de 2017
El fiscal Francisco Hernández defiende que no puede "consentir" una condena "sin pruebas" e insiste en las "contradicciones" del denunciante, que cree que lo que se ha hecho es "perpetuar el silencio de los menores víctimas de abusos sexuales" en la esfera de la Iglesia católica.
Pintadas en la parroquia de San Juan María de Vianney.
P.V.M.
Pintadas en la parroquia de San Juan María de Vianney.

En la última sesión del juicio por el caso Romanones la Fiscalía sorprendió al retirar los cargos contra el padre Román. Defiende el fiscal -Francisco Hernández- que no puede "consentir" una condena "sin pruebas". Y por ello retira las acusaciones por abusos sexuales contra el sacerdote y ha pedido su libre absolución. 

Esa decisión ha indignado al denunciante. Daniel, el nombre que se ha utilizado durante el caso para identificar al joven, declaró a La Sexta Noticias que con esa decisión del fiscal lo que se hace es "perpetuar el silencio de los menores víctimas de abusos sexuales", en la esfera de la Iglesia católica, recordando que solo el 7 por ciento de esos casos se denuncia. 

Pero el fiscal alega "la ausencia de cualquier elemento de prueba objetiva y pericial" que impiden acreditar la existencia de abusos sexuales. Y muy especialmente las "contradicciones" en las que incurrió la víctima respecto a si existió o no penetración anal, y sin ella, "no hay caso", puesto que los tocamientos sexuales que se señalaron habrían prescrito, informa Europa Press

A ello suma que, tras las distintas testificales incluyendo la del denunciante, no es posible saber cuándo se produjeron los presuntos abusos, la edad en la que los habría sufrido la supuesta víctima, si hubo actos de penetración o cuándo empieza y finaliza la convivencia, en tanto que hay referencias de que el denunciante mantuvo contacto con el Padre Román y la comunidad a la que pertenecía hasta siete años después de los supuestos abusos.
 
También aprecia "contradicciones" el fiscal en la "aversión" que el denunciante afirma tener con los curas como consecuencia de las agresiones sexuales que sufrió, algo que a su juicio no encaja con que posteriormente se fuera al Opus Dei, donde la presencia de este colectivo religioso es notable. En relación con esto último, sostiene que la demora en denunciar los supuestos abusos no puede justificarse en un posible trauma, en tanto que siguió manteniendo contacto con el padre Román, incluso cuando se encontraba fuera de España; ni tampoco puede decirse que denunció para evitar posibles daños en otras víctimas o testigos porque éstos han desmentido serlo durante el juicio.
 
Agrega que el examen forense practicado al padre Román no avala "ni por morfología, ni por color ni por posición" la marca que según el joven presentaba en el pene el sacerdote, poniendo en duda el Ministerio Fiscal que en un momento "tan crudo" como el que relata el denunciante tuviera "tiempo para fijarse" en un "moteado de hiperpigmentación" como el que muestra el sacerdote en sus zonas íntimas según los informes de los peritos y que es "casi imperceptible" con luz escasa.
 
La declaración de los testigos que comparecieron a lo largo del juicio tampoco acredita para la Fiscalía la existencia de abusos sexuales a tenor de las contradicciones encontradas y recordando que Miriam M., que según el denunciante fue víctima de abusos, y Maribel C., que habría mantenido relaciones sexuales con miembros de la comunidad religiosa, negaron ante el tribunal estos extremos.

La decisión fiscal pone sobre la mesa inevitablemente el debate respecto a las víctimas de abusos sexuales y el calvario que sufren para denunciar. Y tampoco olvida el impacto mediático de este tipo de casos, que ha tenido a la Iglesia en el punto de mira, en particular al arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, por su actitud en este caso. El propio arzobispo tuvo que declarar como testigo en este caso en el que la Iglesia granadina figura como responsable civil subsidiaria. 

Un caso en el que terció el Papa

Inicialmente fueron doce las personas acusadas, diez sacerdotes y dos laicos, aunque los delitos que se le atribuían a la mayoría habrían prescrito y el caso solo siguió para el padre Román, el único que se sentó en el banquillo de los acusados.

Este caso sobre supuestos abusos en el seno de la Iglesia católica ha sido uno de los de mayor impacto denunciados en España. El propio Papa Francisco se implicó con una llamada a la víctima animándole a denunciar.

Una vez que se conoció, Francisco llegó a pronunciarse en declaraciones a los periodistas en uno de sus viajes reconociendo que vivía el caso "con gran dolor, con profundo dolor", pero que consideraba que "la verdad es la verdad y no podemos esconderla".

Acusación particular y popular mantienen sus peticiones

En el caso de la representación legal del denunciante, reclama 26 años de prisión por tres delitos de abuso sexual y una indemnización de 50.000 euros por daño moral. Sostiene que en el transcurso del juicio sí han quedado "plenamente probados" los delitos, subrayando que en muchas de las causas de abusos sexuales que se han saldado con sentencias condenatorias la única prueba probatoria es la declaración de la víctima.

A su juicio la credibilidad del testimonio de la víctima se ha visto "corroborada" por las manifestaciones de otras personas, como testigos de hechos indirectos de naturaleza sexual y forenses que exploraron al padre Román o las peritos psicólogas que trataron al denunciante y que "en gran parte corroboran su testimonio".

La acusación popular, ejercida por la Asociación Prodeni, atribuye al acusado un delito continuado de agresión sexual, con intimidación, violencia y prevalimiento y con acceso carnal y pide para él 15 años de prisión, así como una indemnización de 75.000 euros por daño moral. Defiende que "cuando se abusa de un niño, parte de su vida ha muerto" y que la "credibilidad" del denunciante, que a su entender no ha hecho "teatro" en esta causa, al margen de las contradicciones que se hayan podido señalar a lo largo de las distintas declaraciones que ha realizado en las diferentes fases del caso.

El representante del Arzobispado de Granada por su parte incide en la colaboración de esta institución con la justicia durante todo el proceso, descartando hacer una hipótesis de los hechos en tanto que no le compete en su papel procesal. Resaltando la "imparcialidad" del Ministerio Público, destaca que "no basta con creerse" al denunciante, sino que debe sustentarse por qué es creíble. Igualmente, el Arzobispado no considera acreditada la existencia de daños más allá de los producidos por la judicialización de los hechos.

La defensa del padre Román solicita la libre absolución para su cliente en el transcurso de una argumentación en la que ha recordado que "no estamos ante una causa general contra la pederastia en la Iglesia Católica" y tampoco se está juzgando la labor pastoral del sacerdote o la moral de un grupo de amigos que hacen vida en común, en alusión al llamado grupo de los Romanones, sino si "se ha abusado sexualmente" del denunciante.

Tras 29 meses, diez tomos y nueve sesiones de juicio, el letrado del sacerdote defiende la "inocencia sin paliativos de Román", alegando que este asunto "jamás debió pasar de la fase de instrucción", la cual califica de "sesgada".

El sacerdote, visiblemente emocionado según Europa Press, no hizo uso de su derecho a la última palabra cuando el presidente del tribunal le dio esa posibilidad. 

El resumen del juicio por el caso Romanones: