Los servicios jurídicos de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF)  han conseguido la primera sentencia firme con la que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) reconoce el derecho de nueve trabajadores del Centro de Menores “Ángel Ganivet” al reconocimiento del plus de peligrosidad, penosidad y toxicidad así como al abono del mismo por parte de la Junta de Andalucía para los periodos reclamados –años 2014 y 2015-. Este plus se traduce en el 20 % del salario base para cada trabajador, según su categoría profesional, y en este caso supone más de 40.000 euros de multa para la Administración andaluza. 

 

La sentencia dictada por el TSJA el pasado 20 de septiembre, contra la que no cabe recurso, viene a avalar las reivindicaciones y denuncias interpuestas por CSIF Granada para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores que prestan sus servicios en la Delegación en Granada de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, en esta ocasión en el centro de protección “Ángel Ganivet” que acoge a menores extranjeros no acompañados de entre 13 y 18 años. Los tribunales han dado la razón a nueve trabajadores de este centro de protección que ostentan distintas categorías profesionales, siendo cinco educadores de menores, una monitora, un oficial de cocina, una ayudante de cocina y un personal de servicio doméstico.

 

El presidente del Sector de Administración General de la Junta de CSIF Andalucía, Enrique Álvarez de Toledo, ha mostrado su satisfacción por esta sentencia “que de forma pionera defiende la dignidad laboral de los trabajadores de los centros de protección de menores que están expuestos a un alto nivel de riesgo en su puesto de trabajo y que incluso se ven obligados a denunciar en comisaría ciertos comportamientos violentos por parte de los menores a los que deben educar, controlar y vigilar. A todo ello hay que sumar el riesgo de contagio de enfermedades procedentes de otros continentes, siendo alarmante el caso de las trabajadoras que por su condición de mujeres son menospreciadas por dichos menores". 

 

Por lo tanto, concluye, "es un plus justo que responde a unas condiciones negativas excepcionales y frente a las que la Administración no puede permanecer ignorante y debe tomar las medidas preventivas de seguridad e higiene oportunas para evitar los riesgos a los que se ve expuesto este colectivo en los centros de protección de toda Andalucía".

 

Por su parte, la responsable de Administración General de la Junta de Andalucía de CSIF Granada, María Teresa Merlo, asegura que “los incidentes en los dos centros de menores de la provincia, Ángel Ganivet y Bermúdez de Castro, son una constante con agresiones y amenazas que en la mayoría de los casos han sido puestos en conocimiento de la Justicia con el consiguiente respaldo a los trabajadores demandantes”. Además, Merlo denuncia que durante épocas como el pasado verano los centros de la provincia han llegado a acoger “a unos 60 menores, en vez de a 25 como es el aforo para el que están preparados, casi el triple de lo que pueden asumir sin que la Administración andaluza ponga solución a este problema de saturación”. 

 

Esta situación, añade la responsable provincial, conlleva “un perjuicio intolerable para el acogimiento, la educación y la normalización de estos menores, que presentan un alto porcentaje de problemas sociales y de conducta y que tienen que ser repartidos en literas por las distintas aulas, afectando no solo al clima de convivencia entre ellos mismos por el hacinamiento, sino también a la dignidad de los distintos profesionales, ya sean psicólogos, cocineros, limpiadores o educadores, que soportan una excesiva carga de trabajo y un estrés psicológico inapropiado para desarrollar su labor diaria”.

 

CSIF consigue así un final favorable para una reivindicación que lleva en manos de los Tribunales desde el año 2009 y que ha sido avalada por sucesivas sentencias de diversos Juzgados de lo Social de Granada. Con esta sentencia del TSJA se pone fin al recurso de suplicación interpuesto por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía contra una de ellas, en concreto contra la dictada por el Juzgado de lo Social número 3 de Granada de 21 de noviembre de 2016.