Verano del 36: cuando el granadino se convirtió en lobo para su vecino
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Si no tuviste la ocasión o quieres volver a leer el Capitulo I: Las medallas del alzamiento de Gallego Burín a los golpistas del 20 de julio del 36
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Se recibieron centenares de denuncias en el buzón del Ayuntamiento contra vecinos y conocidos; llevaron al paredón o a la depuración a muchos de los señalados
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Los sublevados tejieron una red de espías y delatores a la que incorporaron (obligatoriamente) a porteros y propietarios de edificios
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Tras las acusaciones genéricas de ser marxistas se encondían ajustes de cuentas por rencores, celos, deudas, enemistades, envidias y desaires amorosos
A mediados de los ochenta yo tenía una vecina anciana en el Albayzín. Era viuda hacía años. Me contaba que estuvo casada dos veces. La primera con un joven del que se enamoró perdidamente; la segunda, con un primo suyo para poder sobrevivir. Con el tiempo supo que su segundo marido había mandado al paredón al primero. En el verano de 1936. Por lo visto, su primo, empleado de comercio, la cortejaba cuando sólo tenía 17 años; pero María prefirió a un apuesto jornalero, más de su gusto. Tuvieron un niño en la primavera de 1936.
La sorpresa se la encontró al final de los días de su segundo esposo, cuando estaba casi en el lecho de muerte: le confesó que él había denunciado las entradas nocturnas del jornalero en el verano del 36. Antepuso sus deseos carnales de hacerse con ella sin pensar que lo mandaba a las tapias del cementerio
El bracero era anarquista, de los que consiguió evadirse del barrio durante el asedio del 20 al 24 de julio. Regresaba de la sierra de Huétor de vez en cuando por el sendero de Tilalva, poco vigilado. Hasta que una noche de finales de agosto que dormía con ella fueron a sacarlo. Lo fusilaron antes de que acabara septiembre.
María, desamparada y con un niño, cayó finalmente en las garras de su primo. No lo amaba, siempre los trató bien, a ella y al hijo de su primer marido. Hizo todo lo posible por no quedarse embarazada del hombre al que no amaba; se daba frotes vaginales con vinagre tras hacer el amor. Un remedio casero que mataba los espermatozoides antes de llegar a su destino. Al menos eso pensó ella. El caso es que, por una u otra causa, María nunca volvió a ser madre.
La sorpresa se la encontró al final de los días de su segundo esposo, cuando estaba casi en el lecho de muerte: le confesó que él había denunciado las entradas nocturnas del jornalero en el verano del 36. Antepuso sus deseos carnales de hacerse con ella sin pensar que lo mandaba a las tapias del cementerio.
Me pregunto cuántas historias de este tipo subyacen en las denuncias que llevaron a la muerte a decenas, centenas o miles de granadinos durante los primeros meses, o años, de la guerra civil de 1936-39
Me pregunto cuántas historias de este tipo subyacen en las denuncias que llevaron a la muerte a decenas, centenas o miles de granadinos durante los primeros meses, o años, de la guerra civil de 1936-39. Incluso más tarde. Las denuncias formales hablaban de política, pero los motivos reales eran celos, laborales, deudas, envidias, odios seculares, peleas por lindes y conflictos profesionales; eso trasciende entre líneas de los escritos de denuncia o delaciones que se conservan en el Ayuntamiento. Exactamente lo que nuestros abuelos y padres sospecharon y oyeron de manera oral durante décadas de miedo y silencio. Obviamente, enmascarados tras denuncias y acusaciones de tipo político. Algunas de aquella denuncias se llegaron a desenmascarar por su falsedad, pero cuántas otras no hubo tiempo ni lugar a comprobarlas, a juzgarlas, y se mandó directamente a la muerte al denunciado. O se le expulsó de su trabajo.
Cuando surge una guerra incivil en una sociedad muy dividida ─o polarizada como se dice ahora─ el ser humano saca lo peor de su alma, se alía con el demonio. La guerra de 1936 fue un conflicto de hermanos, de vecinos. El refrán antiguo de que “lobo no come lobo” dejó de ser cierto. Esa tradición metafórica para expresar la solidaridad entre miembros de una misma sociedad saltó hecha añicos. Más aún en Granada, una ciudad sitiada y completamente dividida. ¡Cuidado, que están los rojos en Huétor Santillán! ─se decía para asustar a los niños─. Era cierto que los bandos de izquierdas y derechas tenían listas negras para aniquilarse mutuamente en caso de conflicto; las habían hecho a partir de marzo de 1936. Y las utilizaron en muchos casos. El granadino se transformó en licántropo para su vecino. Era la oportunidad para saldar deudas con él. El alzamiento y consiguiente guerra dio la vuelta al calcetín de la metáfora lobuna: homo homini lupus, es decir, el hombre es un lobo para el hombre (Plauto).
Aunque las que más nos interesan en este caso son las que han perdurado a través de los años porque llegaron por escrito al buzón de correos del Ayuntamiento, dirigidas al nuevo alcalde militar, el teniente coronel Miguel del Campo
Había que comer para no ser comido. Empezaban las denuncias y delaciones en aquella Granada de 1936. Una parte de las que llegaban a las nuevas autoridades golpistas solían ser anónimas. Luego estaban las orales, escupidas por las bocas de la tupida red de espías, delatores y chivatos que se fue tejiendo desde casi el primer día. Aunque las que más nos interesan en este caso son las que han perdurado a través de los años porque llegaron por escrito al buzón de correos del Ayuntamiento, dirigidas al nuevo alcalde militar, el teniente coronel Miguel del Campo.
Las carpetas de Miguel del Campo
Miguel del Campo era cincuentón el 20 de julio de 1936. Se sumó gustoso al alzamiento y se le encomendó hacerse cargo de la alcaldía de Granada. Llevaba más de tres lustros prestando servicios en la capital, ya que casó con una vecina de La Zubia y tenía negocios. Estaba muy arraigado y con buenas relaciones sociales. Su primera corporación era una especie de estado mayor, compuesto exclusivamente por militares y miembros de las fuerzas de seguridad.
La primera misión de las autoridades sublevadas consistió en desarmar la huelga revolucionaria montada por las izquierdas para hacer fracasar la asonada
La primera misión de las autoridades sublevadas consistió en desarmar la huelga revolucionaria montada por las izquierdas para hacer fracasar la asonada. Esa tarea acarreaba la vigilancia de movimientos de obreros, ausencias al trabajo, boicots, etc. El proceso empezó por ir seleccionando a elementos pro-sublevados y encargarles la depuración de funcionarios y empleados de quienes se supiera o sospechara que no eran adeptos del régimen que quería instaurar.
En segundo lugar, tratar de tener controladas las calles y al vecindario. Sin esperarlo, aunque propiciándolo, se encontraron de pronto con una serie de denuncias en el buzón del Ayuntamiento. Eran gentes antirrepublicanas o antimarxistas que empezaron a denunciar a los opuestos ideológicamente. A la mayoría se les pidió que lo hicieran por escrito para poder abrir los correspondientes expedientes, investigar y, en su caso, castigar.
Empezaba a funcionar en el Ayuntamiento el buzón de denuncias. Estaba inspirado en una vieja tradición veneciana del siglo XIV, la de la Boche di Leone o Boche che parlano (boca del león, símbolo de Venecia, o boca que habla). Fueron buzones labrados en piedra que instalaba el dux por calles principales y mercados para que los ciudadanos echasen sus reclamaciones o denuncias; a partir de 1542 se obligó a que todas fuesen firmadas para poder tramitarlas. Algunas veces se permitían anónimas para su investigación si iban dirigidas contra abusos de poder de los funcionarios. Granada se convirtió en la Venecia del siglo XV en este aspecto.
Pero hay bastantes que identifican a familias con apellidos importantes en la historia de Granada; varios de ellos, con puestos relevantes en el siglo XX, en la Universidad, la medicina, la judicatura, el empresariado e incluso uno llegó a los más altos grados de la administración en Madrid
Las denuncias recibidas durante el tiempo que fue alcalde el teniente coronel Miguel del Campo (20 de julio de 1936 hasta 4 de mayo de 1938) quedaron archivadas en dos carpetas que pervivieron olvidadas en las dependencias de la Alcaldía de Granada hasta el año 1996. Esos archivadores contienen casi tres centenares de escritos. Muchos de ellos difíciles de identificar por lo común de los apellidos. Pero hay bastantes que identifican a familias con apellidos importantes en la historia de Granada; varios de ellos, con puestos relevantes en el siglo XX, en la Universidad, la medicina, la judicatura, el empresariado e incluso uno llegó a los más altos grados de la administración en Madrid.
Todavía hoy no es aconsejable desvelar identidades de denunciados y denunciantes. Algunas de las víctimas se encuentran en la lista de asesinados en las tapias del cementerio. Incluso es posible que sus descendientes continúen siendo vecinos de bloque. No contribuiré a añadir leña al fuego de la crispación ni abrir sospechas y dolor. Mejor agrupar las denuncias por temáticas. Son, grosso modo, las siguientes:
Armas, disparos y explosivos. Hay unas cuantas denuncias anónimas, y otras firmadas, que fueron de las primeras en llegar al Ayuntamiento. Es de imaginar que también lo harían a los gobiernos Gobierno Civil y Militar. Identifican a balcones, ventanas, terrazas y a personas que fueron vistas disparar a los alzados cuando se movían por Granada los primeros días, cuando la situación no estaba controlada y las fuerzas de izquierda habían convocado una huelga general revolucionaria para hacer fracasar la asonada.
Esas fueron las causas que llevaron a las tapias del cementero, sin juicio sumarísimo, a los fusilados durante los primeros días
Esas fueron las causas que llevaron a las tapias del cementerio, sin juicio sumarísimo, a los fusilados durante los primeros días. Los sublevados se acogían a que quien hacía uso de las armas contra ellos estaba incumpliendo lo que señalaba el segundo bando de guerra. Abundan este tipo de denuncias en la zona más céntrica de la capital; solamente dos de vecinos del Albayzín que vieron disparar a otro y una de la zona del Humilladero.
El urbanismo y Alfredo Rodríguez Orgaz. Uno de los casos de funcionarios más denunciados fue el del arquitecto municipal Alfredo Rodríguez Orgaz. Fue traído desde Madrid, recomendado por Secundino Zuazo, por el alcalde Francisco Menoyo Baños (octubre de 1931). El urbanismo en la ciudad era un caos y la nueva corporación deseaba redactar un plan de urbanismo y de alineaciones. En el Ayuntamiento, el joven madrileño compartió responsabilidades con el también arquitecto Eduardo Rodríguez Bolívar, emparentado con las mejores familias de la burguesía local. Alfredo se encargaba de la concesión de licencias y obras municipales, mientras Eduardo llevaba la traída de aguas y el alcantarillado. Entre los dos compartían el servicio de bomberos.
Decidió pasarse a zona republicana con la ayuda del padre de Federico García Lorca; un agricultor de la Vega lo encaminó hacia Alhama. Llegó a Málaga y Valencia. Hizo la guerra con la República y acabó exiliado en Suramérica
En 1934, con la caída del gobierno de izquierdas, Alfredo Rodríguez pidió excedencia y se pasó a hacer colegios para el ministerio de Educación. El alzamiento le cogió veraneando en la Costa y el 19 regresó para ponerse a disposición del alcalde Manuel Fernández Montesinos. Los primeros días de guerra estuvo escondido en su casa de la calle Escudo del Carmen. Hasta que decidió llamar a un taxi para entregarse en el Gobierno Civil. Era pública su filiación socialista, pero pensó que él no tenía nada que temer. Pero el taxista le informó que estaban ya fusilando a militantes de izquierdas. Entonces recondujo el coche y se fue a la Huerta de Vicente, a esconderse y esperar acontecimientos. Allí comprobó, por las visitas de cuadrillas de golpistas, que podía correr peligro. Decidió pasarse a zona republicana con la ayuda del padre de Federico García Lorca; un agricultor de la Vega lo encaminó hacia Alhama. Llegó a Málaga y Valencia. Hizo la guerra con la República y acabó exiliado en Suramérica.
Es de imaginar que el plan de alineaciones y al freno que puso al urbanismo salvaje que se practicaba por entonces, con la prohibición de muchos edificios anárquicos y consiguientes denuncias, fueron motivos más que suficientes para que quienes se consideraban perjudicados recurrieran a denunciarlo.
Incendios. Bastantes de los denunciantes ponen nombres y apellidos a quienes vieron participar en incendios de edificios religiosos, públicos y de ricos en los sucesos de marzo de 1936. Están los de dos propietarios de una fábrica y una tienda, los vecinos y comunidades religiosas por haber pegado fuego a los conventos de Carmelitas Descalzas, San Gregorio Alto y Bajo, San Cristóbal y San Nicolás. También el de un noble que puso nombres y apellidos a personas de Maracena y Granada que treparon por su fachada de la Acera del Darro con la intención de entrar por sus balcones; él se lio a tiros con ellos, “los mismos que consiguieron quemar el Café Colón” (en Puerta Real). Así mismo, un apoderado de un periódico denunció a seis jóvenes por haber prendido fuego a sus máquinas y disparar a sus trabajadores cuando apagaban las llamas.
Nadie menciona la acusación popular contra el ingeniero Juan José Santa Cruz de haber minado la bóveda del Darro para provocar la ruina al paso de camiones del ejército
Socorro Rojo Internacional. Aparece especial inquina contra la organización Socorro Rojo Internacional. Tan sólo por ser una joven voluntaria recogiendo donativos o vista acercarse a quienes llevaban su insignia fue motivo suficiente para ser denunciada. Son bastantes las acusaciones recibidas en el Ayuntamiento por ayudar con donativos. Aquella organización de la Internacional Comunista hizo su aparición en Granada a finales de 1934, con motivo de la Revolución de ese año. Se menciona a jóvenes de izquierdas como benefactores y colaboradores de ella, especialmente pintores, poetas y algún periodista. A un pintor se le acusa de donar un cuadro para una subasta benéfica. A todos ellos se les tilda abiertamente de filocomunistas. A otro se le señala como agitador que “ha estado en Rusia y vive de lo que le pagan los bolcheviques”.
Una de las notas denunciando a los responsables de Socorro Rojo en la provincia menciona a Constantino Ruiz Carnero, a la sazón director de 'El Defensor' y concejal izquierdista. Lleva fecha de septiembre de 1936, cuando hacía más de un mes que lo habían asesinado
Uno de los escritos menciona como extremadamente peligroso al secretario general de Socorro Rojo Internacional. No era otro que el nombrado Alfredo Rodríguez Orgaz. Junto a él se mencionan a varios de los miembros que formaban parte del último comité directivo salido de las elecciones de abril de 1936. Curiosamente, uno de los denunciantes de esta organización aportó sus nombres y cargos en el mismo orden en que fueron publicados en la prensa. Era señal inequívoca de que su odio iba contra la organización, no debía conocer a las personas que la dirigían en Granada.
Una de las notas denunciando a los responsables de Socorro Rojo en la provincia menciona a Constantino Ruiz Carnero, a la sazón director de El Defensor y concejal izquierdista. Lleva fecha de septiembre de 1936, cuando hacía más de un mes que lo habían asesinado.
Masonería. Más del 20% de las personas denunciadas eran acusadas de pertenecer a la masonería. Aunque nadie concreta nada sobre lugares de reunión ni acciones precisas. Solamente se dice que por las noches se reúnen a conspirar y tener asuntos indescriptibles “propios del maligno”.
Amigos del marxismo. En esta expresión genérica podemos clasificar aproximadamente un tercio de las delaciones. Debió resultar sumamente efectivo retratar a algún vecino como participante en manifestaciones del Primero de Mayo (hay una que incluye los nombres de varias mujeres de Telefónica), ser habitual asistente a la Casa del Pueblo, haber visto hablar o relacionarse con algún líder socialista (especialmente Fernando de los Ríos y Alejandro Otero); por supuesto, ser militante comunista, de Izquierda Republicana o del PSOE, etc.
Debieron ser millares las denuncias escritas que llegaron a las bocas de los leones granadinos. En resumen, por ser de izquierdas hubo infinidad de castigos y represalias
No existe ninguna de las dirigidas al alcalde que acusen a mujeres participantes en actividades consideradas de izquierdas o subversivas. Como fueron los caso de la farmacéutica Milagros Almenara o la Fregenala. Recordemos que el grueso de denuncias orales y escritas llegaba a la Comisaría de Policía y al Gobierno Civil; el Ayuntamiento fue el tercero en el orden de prioridades del vecindario denunciante. Debieron ser millares las denuncias escritas que llegaron a las bocas de los leones granadinos. En resumen, por ser de izquierdas hubo infinidad de castigos y represalias.
Radios. Se trata de denuncias recurrentes entre vecinos del mismo bloque o de la misma casa. Se prolongan desde finales de julio hasta diciembre de 1936, desaparecen durante el resto de la guerra. Coinciden con el periodo en que el terror era más intenso ante la posibilidad de que las columnas republicanas consiguieran romper el cerco de Granada.
Las acusaciones la mayoría de las veces no llevan nombres concretos, pero especifican que se oyen a través del patio o de los tabiques de sus casas
Las acusaciones la mayoría de las veces no llevan nombres concretos, pero especifican que se oyen a través del patio o de los tabiques de sus casas. Dicen que se escuchan emisoras del bando republicado y “seguramente desde Granada se les trasmite información a través de los radioaparatos”. Resulta un tanto ingenuo pensar que con receptores de radio se podía invertir la comunicación. Incluso uno escribe “se reúnen para comunicarse con los comunistas de Rusia”. Seguramente lo que escuchaban eran las arengas de Queipo de Llano desde Radio Sevilla, que solía reunir a las familias y conocidos para escucharlas con poco volumen.
Maestros y profesores de la UGR. Todo maestro era sospechoso el 20 de julio en Granada. Por eso fue uno de los colectivos más denunciados en las cartas al alcalde Miguel del Campo. Y después el más perseguido y represaliado. A nivel nacional se calcula que sufrió depuración un tercio, pero en Granada se superó el 50%. La educación general fue uno de los sectores más mimados por la República; el artículo 48 de la Constitución de 1931 fijaba la responsabilidad de los poderes públicos en la educación. La iglesia y los sectores conservadores lo entendieron como una merma de sus poderes. La República creó unas 7.000 escuelas en su primer año de funcionamiento. Los enseñantes estaban en su mayor parte de su lado. Por eso, los alzados se propusieron exterminarlos en buena parte por entender que eran un obstáculo para sus objetivos doctrinales. En las denuncias que llegaron al Ayuntamiento se les pinta como diablos empeñados en apartar a los niños de sus padres y de la religión. Seguramente muchos de los maestros que figuran en las denuncias acabaron en el paredón o en una cuneta.
Una de las denuncias se refiere a una maestra que impartía lección y tenía un diccionario de la Lengua de la 16ª edición que ponía “publicado en la II República”
Una de las denuncias se refiere a una maestra que impartía lección y tenía un diccionario de la Lengua de la 16ª edición que ponía “publicado en la II República”. Eso fue motivo suficiente para echarla de su escuela. Otra la formula un profesor (23 se septiembre de 1936) que había sido catedrático de la Escuela Normal del Magisterio hasta 1932 y lo jubilaron forzosamente por su ideología “por no estar sus ideales en armonía con los de la República”. Este mismo colaboró como jefe de calle y aportó todo su oro, joyas y monedas para financiar el alzamiento.
Misivas muy parecidas a la que dirigió Camilo José Cela, para lo que hiciera falta, al comisario de La Coruña
Los afectos se ofrecen. Hay varias cartas de ofrecimiento de granadinos que no denuncian a nadie en concreto. Por su adscripción ideológica se ofrecen a echar una mano cualificada para suplir a los “funcionarios corrompidos”. Misivas muy parecidas a la que dirigió Camilo José Cela, para lo que hiciera falta, al comisario de La Coruña. Coinciden en mencionar el alto grado de desafección política, moral y antirreligiosidad de los funcionarios municipales. En Rojo y Azul en Granada se recalca ese tipo de ofrecimientos voluntarios: “Las personas de significación derechista no acudían a sus partidos para organizarse, sino que se presentaban a las autoridades militares para que dispusieran”. O este otro párrafo: “El aspecto de la calle se transformó por completo. Si alguien, pasados unos días de restablecerse la normalidad, aparecía sin una justificación visible de su participación o colaboración a la causa nacional, era motejado públicamente por sus amigos o conocidos, como falto de patriotismo”.
Acaparamiento. Entre los casi tres centenares de denuncias que llegaron se encuentran dos que dejan bien a las claras que también en Granada se pasó necesidad. O quizás fuese sólo la envidia de ver que tu vecino comía bien y tú no: se quejaban de que había acaparamiento de comida.
Un trabajador de los tranvías aportó la lista de un montón de compañeros que se sumaron a la huelga de tranvías. Él también lo había hecho, “pero a la fuerza”
Participación en huelga de tranvías. Un trabajador de los tranvías aportó la lista de un montón de compañeros que se sumaron a la huelga de tranvías. Él también lo había hecho, “pero a la fuerza”. Esta delación suena a prevención por si a él lo denunciaba otro compañero. Algunos líderes de aquel paro acabaron siendo fusilados. Insinuaba que algunos ricos de izquierdas alentaron la huelga pagando de su bolsillo a los trabajadores más empeñados en mantenerla. Se referían a la huelga de tranvías que afectó el servicio durante la revolución de octubre de 1934; todavía coleaba el asunto año y medio después. [Este tipo de comentarios solían referirse a que Alejandro Otero y Fernando de los Ríos pagaron aquellos paros de sus bolsillos].
Contacto con zona roja y topos. Tres casos acusan a gente conocida “de la que es notorio que pasan a gente a la zona roja”. Y en otro, que tienen escondido a un “extremista peligroso en su casa”.
Debía ser una madame a la que se acusa de estar dando cobijo entre sus chicas a mujeres que fueron claramente novias de marxistas huidos o que cayeron muertos en alguna escaramuza.
Defensa Armada de Granada, policía de retaguardia
El 6 de agosto se constató que la ciudad de Granada quedó como una isla sublevada, rodeada de territorio republicano. Con infinidad de quintacolumnistas agazapados. El terror empezó a aparecer con las columnas que se acercaban por el Norte y Este, más los bombardeos con aviones procedentes de Los Alcázares. Pronto se tomó conciencia de que no era un simple pronunciamiento, sino una guerra civil en toda regla. Los jóvenes fueron reclutados para acudir a los frentes; Granadinos Patriotas surgió como una fuerza civil de apoyo militar. Mientras el control ordinario y callejero se dejó en manos de un organismo llamado Defensa Armada de Granada, los populares mangas verdes. Se apuntaron aquellos que por edad, enfermedad o miedo no querían empuñar armas. El cuerpo reunía características de policías locales, serenos, espías y correveidiles. Adoptaron una chapa numerada y un brazalete para identificarse; excepto aquellos miembros que desarrollaban una misión secreta o de espionaje. La “crónica oficial” Rojo y Azul en Granada, publicada por Ángel Gollonet y Miguel Morales, no escondía sus funciones en el texto apresurado de 1937: “Tenía por misión establecer la vigilancia en los distritos y realizar una especie de policía en cada barrio para determinar los elementos sospechosos”.
Al frente de aquel cuerpo de vigilancia, control, delación y represivo fue situado el teniente coronel Juan Manuel Paradas Justel, jubilado del Regimiento Cuarto Ligero de Artillería
Al frente de aquel cuerpo de vigilancia, control, delación y represivo fue situado el teniente coronel Juan Manuel Paradas Justel, jubilado del Regimiento Cuarto Ligero de Artillería. Además de juez militar esporádico en procesos de guerra sumarísimos. La ciudad de Granada fue dividida, a efectos operativos, en tres grandes distritos, que coincidían con la demarcación de los juzgados municipales: Sagrario, Salvador y Campillo. Los tres capitanes de esos distritos fueron Baldomero Martín, Alfonso Pérez González y Antonio Pérez Garzón.
Fue redactada una severa normativa para garantizar que no se colaba ningún izquierdista o persona con pasado dudoso, pues pronto todo el mundo corrió a buscar refugio aquí para no ser tildado de indeseable por los golpistas
Para pertenecer a aquel cuerpo parapolicial había que apuntarse en su cuartel general (en el Corral del Carbón) o centro auxiliar (en la calle Álvaro de Bazán). Fue redactada una severa normativa para garantizar que no se colaba ningún izquierdista o persona con pasado dudoso, pues pronto todo el mundo corrió a buscar refugio aquí para no ser tildado de indeseable por los golpistas. Los fines declarados de la organización eran “el mantenimiento del orden en las calles de la ciudad; la vigilancia de elementos de posible desorden; la denuncia de reuniones clandestinas o de concentraciones de carácter ofensivo, a espaldas de los organismos de defensa; los servicios de inspección sobre higiene y limpieza pública, abastecimiento de aguas, conducciones, alumbrado, luz, telefonía, circulación, vigilancia nocturna; precios y tasas; evitar acaparamientos; y, en general, todo lo que pueda significar abusos e interrupciones que puedan perjudicar la normalidad de la vida cotidiana”.
En caso de necesidad, se advertía que los más útiles se unirían automáticamente al ejército o fuerzas armadas para defender la ciudad de Granada.
Aunque su principal cometido era organizar una tupida red de espionaje, control y delación de la mitad de la población que se sabía era o había sido declaradamente de izquierdas. Tampoco lo ocultaban en su normativa, porque especificaba: “El principal objeto de Defensa Armada es tener establecido, como ya lo vienen haciendo con notable éxito, una extensa e intensa red de observadores, que informan a sus jefes y estos a su vez lo envían a las autoridades competentes, ya clasificados y comprobados, con la mayor rapidez, los datos sobre movimientos sospechosos, radios clandestinas o perturbadoras, trabajos a deshoras en imprentas, funcionamiento de talleres clandestinos para fabricación de artefactos, teléfonos sospechosos, huéspedes extraños, etcétera”.
Cada afiliado debía entregar una cuota voluntaria a cambio de recibir su licencia de armas y su credencial. Cinco pesetas mensuales para los pudientes y una para los menos poderosos
Cada afiliado debía entregar una cuota voluntaria a cambio de recibir su licencia de armas y su credencial. Cinco pesetas mensuales para los pudientes y una para los menos poderosos. Con la recaudación se atendían los gastos de la organización y se hacía beneficencia. El Ayuntamiento les entregó 13.000 pesetas para empezar a funcionar. Se estableció que la estructura de funcionamiento se repartiera por capilaridad: debía existir forzosamente un afiliado por cada casa de vecinos y otro que actuaba como jefe de calle. Los nombramientos se efectuaban atendiendo a los principios de personalidad, lealtad y españolismo acrecentado.
Se advertía claramente que no podrían entrar a Defensa Armada de Granada “los que habían pertenecido a partidos políticos de izquierdas o agrupaciones de carácter subversivo y de desorden… porque entre nosotros no caben los traidores”. Quedaron también agrupados en escuadras y enlaces con Españoles Patriotas, de manera que llegaron incluso a montar casetas de vigilancia y control en los caminos de entrada y salida de la ciudad (Fue famosa la de la Plaza de Gracia, porque mucha gente transitaba por allí hacia la Vega para pasarse al bando republicano).
Los jefes de calle o distrito eran responsables de que no se les colara nadie que luego se convirtiera en espía doble o buscase ocultar su pasado izquierdoso
Los mangas verdes resultaron muy atractivos para encuadrar gente que no deseaba quedarse desprotegida, que no tenía una ideología claramente definida, pero estaba asustada. En su mayoría clases medias profesionales. Entre los más ilustres se contó a Antonio Gallego Burín y a la mayor parte de la nobleza y burguesía locales. Había que cumplir varios trámites antes de ser admitido y pasar por un proceso de investigación y depuración de dudas. Los jefes de calle o distrito eran responsables de que no se les colara nadie que luego se convirtiera en espía doble o buscase ocultar su pasado izquierdoso.
A primeros de septiembre de 1936 ya había 2.806 afiliados y tenían en tramitación otras 4.900 peticiones de afiliación. Había que estar dispuesto a utilizar el arma en la calle o en su bloque para defender las viviendas o a las personas
A primeros de septiembre de 1936 ya había 2.806 afiliados y tenían en tramitación otras 4.900 peticiones de afiliación. Había que estar dispuesto a utilizar el arma en la calle o en su bloque para defender las viviendas o a las personas. Uno de los últimos deberes a los que se les obligaba en la ordenanza era: “La hacienda, las afecciones familiares y hasta la misma vida, no tiene ningún valor si no se le ofrendan a la Patria. No se muere más que una vez y es preferible dar la vida conservando la honra, con las armas en la mano, defendiendo la verdadera libertad, la cultura, la familia, la religión, todo ese conglomerado de esencias morales y materiales que se llama Patria y que para nosotros granadinos y españoles se denomina España”.
Como cuerpo paramilitar al uso, ya tenían su chapa, su brazalete y el mono habitual como uniforme
También se decidió montar una especie de sección sanitaria de urgencia con los afiliados que tenían algún conocimiento o relación con la medicina y la enfermería. Hacían guardia todas las noches. Como cuerpo paramilitar al uso, ya tenían su chapa, su brazalete y el mono habitual como uniforme. Pero también se le quiso dotar de himno con letra y música; la letra le fue encargada al poeta Sánchez Reina y la música a Ángel Barrios.
Este cuerpo paramilitar exclusivo de Granada capital tuvo una corta existencia, justo hasta que se estabilizaron los frentes y se alejó el temor inmediato de que las tropas republicanas entraran en Granada
Este cuerpo paramilitar exclusivo de Granada capital tuvo una corta existencia, justo hasta que se estabilizaron los frentes y se alejó el temor inmediato de que las tropas republicanas entraran en Granada. El 10 de mayo de 1937 fue ordenada su disolución; todos sus miembros, en número cercano a ocho mil, ingresaron en Falange Española Tradicionalista y de las JONS.
Porteros/as y propietarios de edificios convertidos en espías y delatores
Lo que no desapareció en toda la guerra fue la parte más secreta de la Defensa Armada, aquellos que siguieron prestando “servicios extraordinarios”: los porteros/as de las casas y sus propietarios. Fueron utilizados de manera obligatoria para informar a diario de todo tipo de movimiento de personas que tuvieran lugar en sus edificios. Anotar los remitentes de la correspondencia y, a poder ser, abrir cartas. De manera silenciosa.
Lo primero que hicieron los golpistas fue depurar a los porteros que estaban demasiado escorados hacia los partidos de izquierdas; los sustituyeron por otros de su cuerda
El recurso a los porteros no era nada novedoso en España, en los dos bandos en conflicto. El partido bolchevique ruso lo tenía muy perfeccionado, así como en la Alemania nazi. En Granada no existía un número exagerado de edificios con portería en 1936, al menos no en porcentajes aproximados a Madrid y Barcelona. Estaban agrupados en un sindicato propio. Lo primero que hicieron los golpistas fue depurar a los porteros que estaban demasiado escorados hacia los partidos de izquierdas; los sustituyeron por otros de su cuerda. Después fueron nombrados secretamente colaboradores de las nuevas autoridades. La mayoría pertenecieron a Defensa Armada sin portar insignias y sin que trascendiera públicamente su compromiso.
No se hizo pública la trama de porteros hasta el 31 de enero de 1937. No solo en Granada, también en el resto de la España sublevada o que iba siendo conquistada
No se hizo pública la trama de porteros hasta el 31 de enero de 1937. No solo en Granada, también en el resto de la España sublevada o que iba siendo conquistada. Fue convocada una reunión de Cámaras de la Propiedad en zona sublevada (Valladolid), a la que asistió un representante de Granada. Entre los diversos acuerdos que se tomaron figura uno que explica las obligaciones de porteros y/o propietarios de edificios relativa a la seguridad. En el punto 9 de los acuerdos especifica: “Organizar los porteros como auxiliares de la Policía en el mantenimiento del orden público al servicio del gobierno, creando la vigilancia urbana con un vigilante en cada casa, que será el portero (cuando lo hubiere), el propietario (cuando habite en la casa) o un inquilino, habrá de dar el parte diario a la Dirección de Seguridad”.
En el verano de 1937 se recordaba a todos los porteros la obligatoriedad que tenían de presentar una lista con todas las personas de la casa, incluidos los refugiados y viajeros que venían de otros lugares
En el verano de 1937 se recordaba a todos los porteros la obligatoriedad que tenían de presentar una lista con todas las personas de la casa, incluidos los refugiados y viajeros que venían de otros lugares. Así mismo, se les obligó a afiliarse al nuevo sindicato creado para personal de la construcción y vivienda, dependiente de la Central Nacional Sindicalista. Incluso a punto de acabar la guerra, en febrero de 1939, se obligó a los propietarios de las casas y edificios a actualizar la relación y empleados que tenían a su servicio. En resumen, los nuevos servicios policiales contaban con un espía en cada casa de vecinos.
La utilización de los porteros como tentáculos policiales y de comisarios políticos no fue exclusiva de Granada durante la guerra civil. Se extendió a la mayoría de capitales
La utilización de los porteros como tentáculos policiales y de comisarios políticos no fue exclusiva de Granada durante la guerra civil. Se extendió a la mayoría de capitales. Contaba el periodista Julio Moreno Dávila en Ideal (iba de enviado especial tras el avance del ejército hacia Madrid) que el general Franco le contó en Cáceres lo que estaba ocurriendo con los porteros en Madrid: “Las personas de orden se asisten entre sí, en lo poco que pueden, pero siempre que se trate de quienes sean muy conocidos y de toda confianza, porque la delación está a la orden del día y no se puede uno fiar de nadie. Criados, porteros, falsos amigos y favorecedores son, muchas veces, la causa de detenciones y asesinatos”. El retrato de la situación en Madrid era completamente aplicable a Granada. Aunque la situación aquí no llegó al extremo de lo que se contaba de la capital: “Merced a las delaciones de porteros y criadas, se están quedando vacíos muchos edificios. Se llevan detenidos a sus habitantes para hacerles unas preguntas y ya no regresan”. Su destino en buena parte eran las fosas de Paracuellos del Jarama.
Depuraciones masivas de funcionarios
Una de las primeras consecuencias del alzamiento fue la depuración de funcionarios. En muchos casos a resultas de las denuncias de porteros y de la red de espionaje de Defensa Armada de Granada. Los primeros días y semanas del verano de 1936, al constatarse el triunfo de la sublevación en la capital, los funcionarios de alto rango fueron detenidos, encarcelados y, en algunos casos, llevados a fusilar junto a las primeras autoridades del Frente Popular.
Prácticamente nadie que trabajara para los servicios públicos se libró de que se revisara su situación. Hasta finales del año 1937 se continuó revisando los expedientes de casi todos los empleados del magisterio, de la Diputación y del Ayuntamiento
Un segundo nivel de funcionarios y trabajadores claramente comprometidos con la República, ideologías de izquierdas y organizaciones sindicales decidieron huir o esconderse. Estos fueron precisamente los principales objetivos de las denuncias que llegaban a diario a la comisaría, al Gobierno Civil, al Militar y al Ayuntamiento.
Prácticamente nadie que trabajara para los servicios públicos se libró de que se revisara su situación. Hasta finales del año 1937 se continuó revisando los expedientes de casi todos los empleados del magisterio, de la Diputación y del Ayuntamiento. Una sociedad tan dividida a nivel general también tenía fiel reflejo en las plantillas, de manera que casi la mitad de funcionarios fueron depurados. En los distintos grados que establecieron de manera subjetiva: desde enviarlos a fusilar, a la cárcel, expulsión del empleo y suspensiones de diversa duración. Hubo incluso colaboración de policías de la Comisaría de seguridad que dedicaron mucho tiempo a ello; fue el caso de Julio Romero Funes, que así lo cuenta en su instancia de méritos para conseguir su Medalla del Alzamiento.
El magisterio fue el sector de trabajadores públicos que sufrió el mayor grado de depuración. Buena parte de los maestros eran jóvenes, educados en los valores de la República y el anticlericalismo
El magisterio fue el sector de trabajadores públicos que sufrió el mayor grado de depuración. Buena parte de los maestros eran jóvenes, educados en los valores de la República y el anticlericalismo. Fueron acusados abiertamente por personas de ideas conservadoras y religiosas de haber imbuido a sus hijos unas ideas que no les gustaban. Tras ellos, los funcionarios del Ayuntamiento y de la Diputación Provincial; formaban un colectivo que estaba también muy politizado y sujeto a los vaivenes de la política durante los cinco años y pico que logró sobrevivir la República. En el Ayuntamiento de la capital el porcentaje de personas removidas superó ampliamente el 40%. Si bien un pequeño porcentaje había huido a zona republicana temiendo por su vida.
De la Diputación conocemos con detalle el grado de depuración de funcionarios y subalternos, segunda oleada de abril de 1937, porque hicieron pública la relación con nombres y apellidos en el boletín oficial de la provincia y en la prensa local. En ese listado no constaban los funcionarios de confianza que habían caído ya en el verano-otoño del 36 junto con los políticos fusilados o encarcelados.
El gobierno provincial decidió lo siguiente: separación definitiva (despido) del servicio de 6 enfermeros, 5 porteros, 1 ayudante del Hospital de Dementes, 2 panaderos, 5 peones camineros, 1 chófer, 1 sobrestante, 1 archivero, 5 enfermeras, 3 jardineros, 1 administrativo de la oficina de colocación obrera y 1 maestro de taller del Hospicio
El botón de muestra de los represaliados en Diputación lo tenemos en el acta de la sesión de 10 de abril de 1937, presidida por el militar Lorenzo Tamayo Orellana y su equipo formado por Miguel Hernáiz, Manuel Jiménez de Parga, Antonio Ballesteros López y Francisco Martínez Cañavate; secretario, José Espada Salazar. El gobierno provincial decidió lo siguiente: separación definitiva (despido) del servicio de 6 enfermeros, 5 porteros, 1 ayudante del Hospital de Dementes, 2 panaderos, 5 peones camineros, 1 chófer, 1 sobrestante, 1 archivero, 5 enfermeras, 3 jardineros, 1 administrativo de la oficina de colocación obrera y 1 maestro de taller del Hospicio.
Fueron sancionados con tres meses de suspensión de empleo y sueldo 7 trabajadores del Hospital Provincial y del Hospicio. Con dos meses, 45 días, 30 días y 15 días de suspensión y amonestaciones otro medio centenar de trabajadores de esas instituciones. A todos ellos se les acusaba de tener ideologías izquierdistas o habérseles visto en manifestaciones de trabajadores o del Primero de Mayo.
Limpieza de archivos del franquismo
Cuatro décadas de archivos del franquismo en comisarías, gobiernos civiles y ayuntamientos desaparecieron en su mayoría en sólo tres años, los que van desde la muerte de Francisco Franco (1975) a la aprobación de la Constitución de 1978. Ya mucho tiempo antes habían comenzado a evaporarse papeles de las instituciones, de Falange y de la Sección Femenina. Sus protagonistas fueron evolucionando en ideas y la edad les hizo pensar muy diferente a los tiempos de juventud.
Nada más acabar la guerra civil y durante el primer franquismo, hasta casi los años sesenta, los protagonistas del golpe de Estado se vanagloriaban de lo que habían hecho. Luego empezaron a querer olvidar
Nada más acabar la guerra civil y durante el primer franquismo, hasta casi los años sesenta, los protagonistas del golpe de Estado se vanagloriaban de lo que habían hecho. Luego empezaron a querer olvidar. Unos olvidaron de verdad, aunque la mayoría prefirieron perder la memoria. No podemos soslayar que todavía en los años setenta casi todo el mundo pertenecía a la OJE, a Falange o a la Sección Femenina. Sí, incluidos los que después han sido concejales, alcaldes y diputados de izquierdas. Y la mayoría de quienes fueron altos cargos de la administración.
El único archivo de Granada del franquismo que se conserva en parte es el de la Sección Femenina (en el Archivo Histórico Provincial). Aquí también fueron a parar los papeles de la Jefatura Superior de Policía y del Gobierno Civil. Pero en poca cantidad y todavía sin haber podido ser catalogados. Se adujo que se había perdido mucho en una inundación de los sótanos. Eso es bastante cuestionable.
Su último subjefe provincial (Sebastián Pérez Linares) decidió llevarlo en varios camiones a un horno de ladrillos en Churriana de la Vega y quemarlo
El más importante era el archivo de Falange. Su último subjefe provincial (Sebastián Pérez Linares) decidió llevarlo en varios camiones a un horno de ladrillos en Churriana de la Vega y quemarlo. Sobrevive una ínfima parte de él.
Los archivos militares de Ávila y Guadalajara y el Histórico Nacional guardan parte de los papeles relativos a Granada. Fundamentalmente los expedientes personales de los militares.
Cuando los investigadores empezaron a hurgar, alguien los hizo desaparecer. Menos mal que Eduardo Molina Fajardo los había copiado antes. En ellos estaban reflejados al menos 2.100 personas fusiladas frente a las tapias del camposanto y/o alrededores de Granada (sin contar los campos de Víznar-Alfacar)
El Ayuntamiento de Granada es un caso aparte. Se ha caracterizado por un desorden y falta de personal en lo relativo a archivística. Había una dispersión absoluta de documentación al llegar la transición. Antes, ya cada alcalde y cada concejal lo había usado a su gusto y tomado lo que le interesaba. Uno de los mayores escándalos fue la desaparición de los libros de enterramiento del cementerio municipal correspondientes a los años de la guerra civil; estuvieron disponibles hasta poco después de la muerte de Franco. Cuando los investigadores empezaron a hurgar, alguien los hizo desaparecer. Menos mal que Eduardo Molina Fajardo los había copiado antes. En ellos estaban reflejados al menos 2.100 personas fusiladas frente a las tapias del camposanto y/o alrededores de Granada (sin contar los campos de Víznar-Alfacar). Desde la Alcaldía se han ordenado varias investigaciones en los últimos cuarenta años, sin resultado alguno. Todos los indicios han apuntado al mismo funcionario, pero no se le ha podido demostrar.
En 1996, en época de Gabriel Díaz Berbel, se decidió concentrar y catalogar todo lo existente en dos grandes grupos
A principios de la década de los años noventa fue el jefe del archivo municipal, Luis Moreno Garzón, quien empezó a poner orden a la atomización: cada negociado o servicio tenía sus propios expedientes, sin ningún tipo de control. Podía desaparecer lo que cada funcionario deseara llevarse.
En 1996, en época de Gabriel Díaz Berbel, se decidió concentrar y catalogar todo lo existente en dos grandes grupos. La documentación histórica desde el siglo XV se llevaría al Palacio de los Córdoba, habilitado como Archivo Histórico Municipal. La parte de poco interés histórico se decidió concentrarla en el Archivo General de la Administración, en el Área Verde de la calle San Antón. Lo histórico dependería de la Concejalía de Cultura y lo administrativo de la de Presidencia.
Describieron y catalogaron todo lo existente. En aquella operación apareció ─en un retrete─ una caja de documentos de la guerra civil y siguientes años, de la etapa de Antonio Gallego Burin. Allí se habían quedado olvidadas varias carpetas
En el AHMGR trabajaron durante años varias archiveras abriendo cajas y legajos. Describieron y catalogaron todo lo existente. En aquella operación apareció ─en un retrete─ una caja de documentos de la guerra civil y siguientes años, de la etapa de Antonio Gallego Burin. Allí se habían quedado olvidadas varias carpetas. La primera contenía una serie de cartas y denuncias recibidas por el alcalde golpista Miguel del Campo; en su mayor parte estaban fechadas a partir del 20 de julio de 1936 y casi todo el año 1937. Eran delaciones por escrito, informaciones confidenciales y denuncias. Una parte anónimas, la mayoría identificadas con sus nombres y apellidos. Procedían de todos los puntos de la ciudad, pero principalmente de familias bien posicionadas, de apellidos con pedigrí.
Algunos fueron jueces (uno, incluso llegó a ser consejero de Estado), otros arquitectos, muchos catedráticos de universidad, grandes empresarios, médicos, etc
Son las que he utilizado para este artículo. Buena parte de esos apellidos, de aquellos denunciantes, después tuvieron vidas profesionales muy importantes en Granada. Algunos fueron jueces (uno, incluso llegó a ser consejero de Estado), otros arquitectos, muchos catedráticos de universidad, grandes empresarios, médicos, etc. Y la mayoría desconocidos. Sus descendientes continúan viviendo en Granada.
Esa carpeta de la secretaría de Miguel del Campo fue a parar al Archivo General de la Administración. O quizás a otro lugar que hoy desconocemos. Antes, alguien hizo una fotocopia de todo, que es la que he utilizado para este recordatorio.
No se le dio importancia por entender que era un expediente de protocolo. Pero es algo más: la confesión, en primer persona, de casi 1.500 participantes en el alzamiento de julio de 1936. Narrado por ellos mismos para justificar la obtención de sus medallas de alzado
En cuanto al expediente de las Medallas del Alzamiento y de la Ciudad de Gallego Burín (1942-44), se decidió que su destino fuese el Archivo Histórico de los Córdoba. Allí permaneció olvidado y apartado del acceso público hasta que la ley permitió catalogarlo y describirlo. No se le dio importancia por entender que era un expediente de protocolo. Pero es algo más: la confesión, en primer persona, de casi 1.500 participantes en el alzamiento de julio de 1936. Narrado por ellos mismos para justificar la obtención de sus medallas de alzado.
Tras analizar tanto papel y ver qué quedó de todo aquello, una sensación vuela sobre las cabezas: parece como si el alcalde Gallego Burín hubiese montado un confesionario para que pasaran por él todos los que se sumaron al golpe de Estado. Y dejar constancia escrita de ello. Buena parte de las medallas civiles o de la ciudad estaban pensadas para premiar a muchos de los personajes que firman denuncias en las carpetas del alcalde Miguel del Campo.
Las medallas quedaron en el limbo
Ninguno de los que protagonizaron el alzamiento en Granada la tarde del 20 de julio de 1936 recibió medalla ni diploma alguno de los que promovió Antonio Gallego Burín en marzo de 1942. No existen las medallas del alzamiento a los sublevados de primera hora ni para los delatores de toda la guerra civil. Tampoco ningún diploma. Sí consiguieron beneficios algunos de ellos alcanzando puestos vacantes o privilegios en las administraciones y entornos del poder de aquellos años.
Pero no volvió a saberse nada más de aquellas medallas. Por supuesto, no fueron acuñadas ni fundidas
No hubo imposición de las medallas del alzamiento en Granada. Tampoco medallas de la Ciudad o Civiles por “colaboraciones extraordinarias”. De la premura inicial por dejar cerrado el expediente y entregadas las condecoraciones para el 2 de enero de 1943, el proceso se ralentizó en Madrid y en la Academia de la Historia. Podrían haberlas entregado con motivo del 18 de julio de 1944, tras la publicación de la Orden en la Gaceta (23 de abril de 1944). Pero no volvió a saberse nada más de aquellas medallas. Por supuesto, no fueron acuñadas ni fundidas.
Ya no viven quienes nos lo puedan explicar. A partir de aquí todo son conjeturas. Aunque hay una coincidencia en todas las iniciativas similares promovidas en otras ciudades españolas. La moda de las medallas al alzamiento fue abierta por Santa Cruz de Tenerife (1938) para premiar a sus golpistas; le siguieron las provincias de Guipúzcoa, Álava, Navarra y Valladolid en 1939. Lérida y otras en 1940.
A partir de principios de 1945 desaparece de la nomenclatura española el término “medalla del alzamiento”; ese tipo de condecoraciones empiezan a ser denominadas “combatientes, excombatientes, mutilados o de la ciudad”
Gallego Burín no fue original en lo relativo a la medalla del alzamiento; sí en cuanto a la de la ciudad o para premiar otros servicios extraordinarios, inconfesables muchos de ellos. Con tal eufemismo se refería a delatores, espías, colaboradores económicos y favores varios al nuevo régimen. A partir de principios de 1945 desaparece de la nomenclatura española el término “medalla del alzamiento”; ese tipo de condecoraciones empiezan a ser denominadas “combatientes, excombatientes, mutilados o de la ciudad”. Se estuvieron concediendo hasta la celebración de la fiesta de los XXV años de Paz, en 1964.
¿Qué pudo ocurrir para olvidar el asunto en 1944? En los dos años transcurridos con el farragoso expediente había cambiado notablemente el panorama político mundial y europeo. Alemania había empezado a perder la guerra, Francia había sido liberada y se anunciaba el desembarco norteamericano en Normandía. El dictador Franco empezó a fortificar la frontera de los Pirineos (la Línea P), temiéndose que los aliados entraran en España a acabar con la dictadura. Algunos soldados y jefes de destacamentos de Granada habían sido enviados a proteger los Pirineos. Los comunistas empezaban a enviar militantes por las costas andaluzas para alentar el maquis. El suflé de los años anteriores empezaba a bajarse.
Fontana no comulgaba nada con el alcalde y una desorganizada Falange provincial. No se mostró favorable de aquel tipo de condecoraciones para unos falangistas que sólo vivían de recuerdos
Hay que añadir otro asunto interno y personal que afectó a Falange. En enero de 1943 había llegado a Granada José María Fontana Tarrats, un falangista totalmente opuesto y enfrentado a la manera de actuar de Gallego Burín. En abril de 1944 se limitó a tramitar la autorización que le llegaba desde Madrid y devolvía el expediente de medallas al Ayuntamiento. Sin mayores comentarios. Fontana no comulgaba nada con el alcalde y una desorganizada Falange provincial. No se mostró favorable de aquel tipo de condecoraciones para unos falangistas que sólo vivían de recuerdos. El gobernador estaba convencido de que Gallego Burín era anti falangista, aunque lo disimulaba bien. En realidad, era un monárquico. El gobernador dijo la famosa frase: “Gallego es falangista los domingos y fiestas de guardar. El resto de la semana no se sabía lo que era”.
Es bastante probable que también influyera el aviso dado por Franco a los monárquicos firmantes del Manifiesto de los Veintisiete (15 de junio de 1943). Gallego Burín fue uno de ellos. Solicitaban la restauración monárquica en Juan de Borbón que el dictador había prometido. La represalia del jefe del Estado fue echarlos a todos del Consejo Nacional del Movimiento y como procuradores en Cortes. El alcalde de Granada no fue removido de su puesto. Pero quedó políticamente debilitado.
Ni Antonio Gallego ni Fontana Tarrats, que era jefe provincial del Movimiento y tenía que dar su plácet, dejaron nada escrito sobre aquel fallido intento de ensalzamiento del golpismo local
Lo gracioso del caso es que también Gallego Burín se quedó sin su medalla; en enero de 1944, su teniente de alcalde Juan Ossorio Morales propuso incluirlo en el listado de medallistas, en su caso de oro. Se adhirieron algunos colectivos, como la cofradía de la Alhambra.
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