La secretaria general de CCOO Enseñanza Granda, Mercedes González Liñán, ha recordado que la ratio por aula en el Área Metropolitana y grandes poblaciones como Motril "está muy próxima a los 25 que marca el máximo legal, llegando muchas aulas a superar esa cifra". 

"En definitiva, nada ha variado respecto al curso anterior, seguimos teniendo las aulas de nuestros colegios masificadas, se siguen eliminando unidades (36 de Infantil y 62 de Primaria sólo en nuestra provincia) y las clases están a tope, como muchos padres y madres indignados nos han manifestado".

En su opinión, la Delegación ha puesto el acento en la relación profesorado/alumnado, que es de 13,37, y no en la ratio, "es un intento de invisibilizar la necesidad de reducir las ratios y evitar la supresión de unidades, como venimos pidiendo desde CCOO para una mejor atención al alumnado".

El sindicato denuncia también el crecimiento de "la temporalidad y la precariedad" en el empleo de las personas que trabajan en los centros públicos, así como la falta de personal, especialmente de Administración y Servicios.

Sólo en la provincia de Granada hay más de 100 vacantes de personal laboral sin cubrir, tratándose además de un personal muy feminizado, con un 30 por ciento de temporalidad y un promedio de edad cercano a los 50 años, según el sindicato. Entre este personal, que ronda las 1.300 personas en la provincia de Granada, se encuentran 73 monitores y monitoras de educación especial con jornada a tiempo parcial de entre 8 y 20 horas semanales, de las cuales 61 personas son despedidas durante los dos meses de verano.

"Pero las cifras de la vergüenza aparecen cuando nos ponemos a investigar al personal que presta servicios complementarios en los centros públicos", censura la secretaria de Enseñanza de CCOO Granada. “Según nuestros cálculos, en la provincia hay del orden de 1.800 personas prestando estos servicios con  contratos a jornada parcial de entre 1,5 y 6 horas diarias, despidiéndolas en las vacaciones escolares. Este personal, que trabaja en los centros educativos públicos atendiendo distintas necesidades de nuestras hijas e hijos, es invisibilizado por la Administración, que no quiere dar las cifras del número creciente de “minijobs” que se están creando en Educación”, apunta.