Con motivo del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, el sindicato CSIF Granada alerta de la “enorme desprotección laboral” que padece históricamente este colectivo y que se ha puesto de relieve, aún más, con motivo de la crisis del Covid-19. Según los datos del Ministerio de Seguridad Social, en Granada hay 5.313 personas acogidas al régimen especial de empleados del hogar, un total de 42.960 en Andalucía, de las que más del 95 por ciento son mujeres.

La responsable de Igualdad de CSIF Granada, Ascensión Serrano, subraya que “este colectivo altamente feminizado sufre de manera estructural una situación de precariedad e infravaloración”, y ha demandado para estas trabajadoras una mayor visibilidad y la de sus circunstancias, entre las que se encuentran, por ejemplo, no tener acceso a la prestación por desempleo.

De hecho, según ha subrayado, "estas empleadas se han quedado fuera de los primeros paquete de ayudas del Gobierno ante la crisis del coronavirus, al no tener acceso a dicha prestación". No obstante, ha añadido que el Ejecutivo central planea conceder un subsidio extraordinario que las equipare a los trabajadores y trabajadoras que han quedado en el desempleo como consecuencia de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), siempre y cuando puedan acreditar que su empleador las ha despedido o suspendido de empleo.

Serrano ha indicado que "hay casos de mujeres que siguen teniendo que ir a trabajar y a quienes la Policía ha empezado a exigir el certificado de desplazamiento, que muchas no han podido aportar ya que cerca de un 30% de ellas trabaja en la economía sumergida".

La responsable de Igualdad ha incidido en que "en la actualidad las trabajadoras del hogar pueden ser despedidas sin causa, carecen de prestación por desempleo, cotizan muy poco -lo que se traduce en pensiones bajas- y no cuentan con una protección especial para las embarazadas".

Por todo ello, la responsable sindical ha argumentado que "la actual normativa sobre empleadas de hogar constituye un caso claro de discriminación indirecta por razón de sexo y supone una menor protección de sus derechos laborales y de la Seguridad Social". A todas estas circunstancias hay que añadir en muchos casos "jornadas extenuantes, acoso sexual y riesgos psicosociales graves", ha añadido, al tiempo que ha pedido el cumplimiento de la Ley de Protección de Riesgos Laborales en el caso de estas trabajadoras.