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CSIF Granada pide medidas urgentes contra la brecha de género, la temporalidad y la parcialidad en el empleo

E+I+D+i - IndeGranada - Jueves, 27 de Julio de 2017

CSIF Granada "valora" el descenso del paro en el segundo trimestre del año, según los datos aportados en la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), pero recuerda que Andalucía es la tercera comunidad con mayor tasa de desempleo de todo el país (25,54%), solamente superada por Melilla y Extremadura. Asimismo, la central sindical señala que un 30,26% de hogares andaluces tiene al menos a la mitad de sus miembros en paro y un 14,29% a todos sus miembros en situación de desempleo.

A nivel provincial, el presidente de CSIF Granada, Germán Girela, considera positivo el descenso del desempleo situándose la tasa de paro en Granada en el 24,61%, una bajada de 1,05 puntos respecto al primer trimestre del año, si bien subraya que la provincia “aún cuenta con 109.000 personas sin empleo y cada vez preocupan más la alta temporalidad y la precariedad tanto en el ámbito privado como en la administración pública”.

Asimismo, Girela muestra su preocupación por la desigualdad laboral entre hombres y mujeres en Andalucía con una tasa de paro femenina del 27,63% (8,59 puntos por encima de la meda nacional) frente al 23,29% de la tasa de paro masculina, lo que evidencia la falta de medidas para alcanzar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. En este sentido, el máximo representante de CSIF Granada apostilla que el sueldo medio de las mujeres se sitúa –según la última Encuesta de Estructura Salarial del INE- en un 77,1% del promedio masculino, siendo uno de los colectivos más afectados por la parcialidad y la precariedad salarial.

Por último, el presidente provincial de CSIF señala que la tasa de desempleo podría empeorar aún más si finalmente se suprime la jornada laboral de 35 horas en las administraciones públicas andaluzas ya que, esta “desacertada e injusta” decisión del Ejecutivo Central, se traduciría en una destrucción de entre 7.000 y 10.000 puestos de empleo público y en un deterioro notable en los servicios públicos que se presta a la ciudadanía.