Representantes de UGT y CCOO de Correos de Granada se han encerrado este jueves en la oficina principal de Correos de Granada para protestar por "la reconversión y el desguace" del servicio postal público. Este encierro se enmarca en las movilizaciones que los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT están llevando a cabo bajo el lema "Salvemos Correos" y que incluye la convocatoria de huelga los días 1, 2 y 3 de junio. 

UGT y CCOO denuncian "la política de abandono" del servicio público postal y de Correos, que ha provocado "el desplome de la carga de trabajo y una situación insostenible económicamente (hundimiento) con unas pérdidas de casi 600 millones de euros desde 2019, si sumamos los 100 millones en negativo del ejercicio 2021, y un déficit estructural que lo sitúa al borde de la quiebra técnica". Esta política de "desguace intencionado de la mayor empresa pública de este país, por parte de su presidente, ha tenido como consecuencia directa la implantación de un modelo de empleo basura, con altas tasas de precariedad laboral en la plantilla de la mayor empresa pública del país, con más de 10.000 puestos a tiempo parcial, lo que supone más del 20 por ciento del total de la plantilla". En la provincia de Granada, la tasa de empleo a tiempo parcial es del 22 por ciento, muy similar a las del resto del Estado, según los datos sindicales.

"El deterioro del servicio postal público es cada vez más evidente en nuestra provincia, a consecuencia de la política de desmantelamiento del servicio público postal y de Correos, el hundimiento de su actividad, y la precarización del empleo y de las condiciones de trabajo", apuntan en una nota de prensa. 

A su juicio, el presidente de Correos y el Gobierno "han demostrado muy poco interés por el diálogo social, el consenso y la participación de los representantes de los trabajadores y trabajadoras de Correos, desoyendo a la mayoría sindical que representa al 76 por ciento de la plantilla, que exige una negociación real y efectiva sobre el modelo postal público, su financiación y viabilidad, provocando la ruptura unilateral del diálogo social y la imposición de medidas laborales que han aumentado la conflictividad y la judicialización de las relaciones laborales en Correos". 

CCOO y UGT exigen al Gobierno de España un "replanteamiento sobre el futuro del operador postal, desde un modelo de servicio público de calidad para la ciudadanía del país, contrario a la hoja de ruta de desmantelamiento del operador público seguida desde hace 3 años por Serrano".