Oposición vecinal a una macroplanta de biogás proyectada en Alhendín, que tratará 140.000 toneladas anuales de residuos
La plataforma vecinal 'STOP Macroplanta Biometano Alhendín y la Vega de Granada' se opone una macroinstalación de biogás proyectada en Alhendín, cuyo expediente para la autorización ambiental se encuentra actualmente en información pública, con periodo de alegaciones abierto hasta el 20 de abril. Asimismo, hay publicada en change.org una petición para detener el proyecto que lleva recogidas cerca de un millar de firmas.
La macroplanta, promovida por la empresa granadina Greening Solar VIII, pretende obtener biometano mediante el tratamiento de 140.746 toneladas anuales de residuos ganaderos y agrícolas, según consta en el proyecto, un volumen mayor que la instalación inaugurada a final del año pasado en La Calahorra, y que contó con una gran conestación social.
La gran mayoría de estos desechos provendrán de ganado vacuno y porcino. Así, la previsión de la empresa es procesar 58.082 toneladas de estiércol de vaca y otras 35.000 de purines también bovinos; 19.746 toneladas de purines de granjas porcinas, y el resto serían residuos agrícolas: 12.000 toneladas de alperujo (subproducto de las almazaras para extraer aceite de oliva), otras 12.000 de restos de frutas y 3.916 toneladas de otros residuos vegetales.
La plataforma vecinal, que ha presentado alegaciones y anima a la población de la zona a presentarlas también, se queja de la enorme dimensión del proyecto. "La población de Alhendín con el censo de 2025 genera apenas entre 4.600 y 4.800 toneladas de residuos al año. Con la macroplanta pasamos a más de 30 veces de los restos que generaría el pueblo por sí solo", afirma en su página web, https://vegavivaunida.org/.
385 toneladas diarias de residuos
Esas 140.746 toneladas anuales de entrada de residuos suponen 385 toneladas al día, "todos ellas sensibles por contaminantes. A esta monstruosa cantidad de residuos hay que sumar que son casi los mismos residuos que producen en el proceso, ya que sólo se aprovecha un 5% en la creación de gas metano, el resto vuelve a salir como desecho en forma de digestato, un abono con efectos muy negativos a medio plazo, que se dedican a repartir por el territorio entre los agricultores de la zona. Son de nuevo de salida 128.458 toneladas", explica la plataforma.
"Es decir, de las 140.746 toneladas anuales sólo se hacen desaparecer 12.288, quedando para volver a mover 128.458 toneladas de nuevo en camiones de 24 toneladas circulando por nuestras carreteras. Una vez producidos estos "nuevos" desechos la forma que tienen para sacarlos de la planta es regalarlo a los agricultores de la comarca, siendo un abono contaminante de acuiferos y suelos", añade.
El proyecto señala "focos potenciales de olores y emisiones (recepción, almacenamiento, digestión, balsas, compostaje, antorcha/caldera, fugas)", pero "no plantea ningún estudio de salud acumulativa. Es decir, la combinación de emisiones y molestias que generaría", asegura la plataforma.
La macroplanta prevé ubicarse junto a la carretera A-385, en frente del polígono industrial Marchalhendín. Aunque es término de Alhendín, la población más cercana es La Malahá, a 2,5 kilómetros.
Según la plataforma, se vería afectao el entorno inmediato y la comarca. "Las emisiones que pueden afectar a la salud pueden tener forma de gases cómo el H2S (ácido sulfhídrico), el NH3 (amoniáco) o los COV (Compuestos Orgánicos Volátiles), o ser bacterias y polvo orgánico, sumando además los fuertes olores. Todos estos elementos con temperaturas altas y bajas presiones se desplazan como una gran mancha de aceite sobre los pueblos de alrededor con un radio garantizado de hasta 10 km, que con vientos dirigidos pueden viajar hasta un radio de 20 km. Todo esto contribuye potencialmente a enfermedades crónicas y sin cura como el enfisema o la EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica)", explica.
La plataforma destaca en sus alegaciones "el riesgo para el dominio público hidráulico y las aguas subterráneas: lixiviados, digestato, nitratos, uso de productos como ácido sulfúrico, estanqueidad de balsas y depósitos, escenarios de lluvias extremas o rotura, y necesidad de vigilancia y medidas reforzadas". Y menciona asimismo "incoherencias en el estudio de vulnerabilidad ante accidentes graves o catástrofes".
También reclama un análisis cuantificado del transporte (volumen de camiones, rutas, horarios, frecuencias, afección a caminos rurales, seguridad vial, emisiones difusas, ruido, deterioro viario). No basta, según esas alegaciones, con argumentar que los accesos no pasan por el casco urbano: el impacto sobre el entorno agrario y las vías habría de evaluarse de forma específica, estiman.
Se advierte contra la fragmentación del análisis (tráfico, olores, agua, ruido, accidentes por separado) y se pide valorar la combinación de presiones sobre el mismo territorio —lo que algunos escritos denominan efecto sinérgico o «de cóctel»—. Se aluden asimismo efectos sobre valor del suelo y la vivienda, actividad agrícola, convivencia y bienestar, en coherencia con el debate sobre inmisiones y modelo territorial.
Por su parte, la petición de firmas contra el proyecto en change.org afiirma que la macroinstalación "plantea riesgos inasumibles para nuestra salud y tranquilidad que no podemos ignorar. La experiencia en otros pueblos andaluces demuestra que estas plantas liberan gases nocivos y generan hasta cien días al año de olores tóxicos e insoportables, además de un ruido industrial que perturba gravemente la vida vecinal. Debido a la inversión térmica característica de nuestra vega, estas emisiones quedarán estancadas sobre nuestras casas, exponiéndonos a una contaminación del aire que afecta directamente a nuestro sistema respiratorio y calidad de vida".
En segundo lugar, "el proyecto amenaza con tener efectos devastadores sobre nuestro entorno natural y nuestra economía local. A esto debemos sumar la falsa promesa de creación de empleo: lejos de ser un motor de riqueza, la realidad es que estas macroplantas están altamente automatizadas y apenas generan 4 o 5 puestos de trabajo, controlándose mayormente de forma remota".
"Nos negamos a que nuestra comarca se convierta en una zona de sacrificio, soportando el goteo incesante de camiones pesados que colapsarán nuestras carreteras transportando miles de toneladas de residuos desde otros lugares. Esta presión amenaza con destruir ecosistemas, contaminar nuestras aguas, generar situaciones insalubres por la dispersión de olores, y provocar una drástica devaluación de nuestras viviendas", afirma la petición.
"Escrutinio total del proyecto"
"Además de los daños ambientales, existen serias dudas sobre el rigor y el cumplimiento de la legislación medioambiental y de urbanismo. Exigimos a las autoridades locales el escrutinio total del proyecto y la aplicación de una moratoria inmediata. Reclamamos que el Ayuntamiento de Alhendín promueva una modificación de urgencia de su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para establecer una distancia de seguridad de varios kilómetros frente a industrias insalubres, y que se apliquen de forma estricta la Ley 7/2007 (GICA) y la Ley LISTA mediante estudios de impacto ambiental totalmente independientes. No podemos permitir que proyectos de esta envergadura avancen sin el debido control, y con trámites simplificados", prosigue la petición.
"Por todo ello, hacemos un llamamiento directo y contundente a nuestros representantes políticos para frenar este atropello promovido por la Junta de Andalucía. En particular, interpelamos a la Diputación de Granada y a su Presidente, quien como exalcalde y actual concejal de Alhendín, conoce perfectamente nuestra realidad. Le exigimos que ejerza su responsabilidad, utilizando su peso institucional y su doble condición para defender a sus vecinos y paralizar este proyecto de forma definitiva. Quienes representan a nuestro pueblo tienen el deber moral de protegerlo por encima de cualquier otro interés. Nuestra salud, nuestro aire y nuestro futuro no son negociables", finaliza.
