El Manifiesto por la sostenibilidad de la Universidad Pública Andaluza, avalado inicialmente por más de trescientos profesores, critica con dureza el recorte de financiación con argumentos sólidos.

Consideran que es “extraordinariamente lesivo para la sostenibilidad financiera del sistema universitario público de Andalucía” y que tras la decisión, “subyace el lanzamiento a la ciudadanía de un falso dilema por parte del gobierno andaluz: la necesidad de elegir entre salud y educación

Parte de que el Plan de Emergencia Social, aprobado por la Junta de Andalucía, para hacer frente a posibles rebrotes del coronavirus está financiado con fondos procedentes del sistema público universitario.

Consideran que es “extraordinariamente lesivo para la sostenibilidad financiera del sistema universitario público de Andalucía” y que tras la decisión, “subyace el lanzamiento a la ciudadanía de un falso dilema por parte del gobierno andaluz: la necesidad de elegir entre salud y educación. Falso, porque obligaría a la sociedad a tener que optar entre la preservación de dos órganos vitales y porque presenta la concurrencia entre dos estructuras funcionales, la sanitaria y la educativa, que no compiten entre sí por los recursos. Por el contrario, cuando ambas son vigorosas e interactúan, acaban generando sinergias positivas para la construcción de la sociedad del bienestar, del conocimiento y de la dignidad. Y falso, porque oculta el escaso coste relativo de las universidades andaluzas (el 3,5% del presupuesto de la Junta de Andalucía) y camufla la incapacidad de sortear con eficiencia la crítica situación actual.

“A partir de este planteamiento, la Junta de Andalucía ha tomado una decisión, la de recortar la financiación del sistema universitario, que es negligente. De llevarse a cabo, se asestaría un grave daño a la economía y a la sociedad andaluza, deteriorando la enseñanza superior y bloqueando el desarrollo científico”.

Por su importancia te ofrecemos íntegramente el manifiesto:

MANIFIESTO POR LA SOSTENIBILIDAD DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA ANDALUZA

"La crisis sanitaria, económica y social provocada por la COVID-19 ha puesto en evidencia la debilidad de los pilares del estado de bienestar. En Andalucía, una comunidad autónoma con un sistema de salud debilitado por los recortes de la década anterior y por una dotación presupuestaria históricamente deficitaria, el estrés sufrido por el personal sanitario ha sido muy elevado. Solo la baja incidencia relativa de la pandemia ha evitado el colapso del sistema sanitario en su conjunto. Ante tan alarmante situación y con el peligro del surgimiento de nuevos repuntes epidémicos, la Junta de Andalucía ha presentado un Plan de Emergencia Social que estaría financiado, en gran medida, por fondos del sistema público universitario: 135 millones de euros del gasto corriente previsto para el próximo curso académico y 125 millones de euros procedentes del plan extraordinario de infraestructuras destinadas a las universidades. En conjunto, la aportación de las universidades representa el 37,1% (260 millones de euros) de la financiación del plan (700 millones de euros).

Tras este planteamiento, extraordinariamente lesivo para la sostenibilidad financiera del sistema universitario público de Andalucía, subyace el lanzamiento a la ciudadanía de un falso dilema por parte del gobierno andaluz: la necesidad de elegir entre salud y educación. Falso, porque obligaría a la sociedad a tener que optar entre la preservación de dos órganos vitales y porque presenta la concurrencia entre dos estructuras funcionales, la sanitaria y la educativa, que no compiten entre sí por los recursos. Por el contrario, cuando ambas son vigorosas e interactúan, acaban generando sinergias positivas para la construcción de la sociedad del bienestar, del conocimiento y de la dignidad. Y falso, porque oculta el escaso coste relativo de las universidades andaluzas (el 3,5% del presupuesto de la Junta de Andalucía) y camufla la incapacidad de sortear con eficiencia la crítica situación actual.

A partir de este planteamiento, la Junta de Andalucía ha tomado una decisión, la de recortar la financiación del sistema universitario, que es negligente. De llevarse a cabo, se asestaría un grave daño a la economía y a la sociedad andaluza, deteriorando la enseñanza superior y bloqueando el desarrollo científico.

El deterioro de la calidad de la enseñanza superior:

• Generará un incremento de la desigualdad, porque ahondará en uno de los problemas estructurales de la sociedad andaluza: la brecha educativa.
• Acrecentará los problemas de financiación de las universidades, puesto que orientará a muchos y muchas estudiantes hacia fuera del sistema público de educación superior en Andalucía.
• Despreciará uno de los haberes más importantes de la economía andaluza, el de la generación de talento para resolver los complejos desafíos a los que nos enfrentamos.

El bloqueo del desarrollo del sistema científico:

• Lastrará, como sucedió en la pasada década, el desarrollo de la economía de la ciencia y el conocimiento.
• Privará, por tanto, a la sociedad andaluza de un pilar esencial para la construcción de un nuevo sistema productivo viable, basado en la sostenibilidad energética, la soberanía alimentaria, la diversificación económica y el desarrollo endógeno.
• Expulsará al capital humano más cualificado, reapareciendo el espectro de la emigración laboral de jóvenes investigadoras e investigadores.
• Restará activos al sistema universitario público andaluz en el competitivo marco universitario generado por las reformas del Plan Bolonia y arrinconará las universidades andaluzas en una segunda división del sistema universitario español.

La decisión de penalizar el sistema de financiación universitario no sólo es negligente, también es inoportuna y contradictoria. Inoportuna, porque suspenderá la oferta de empleo público que anualmente convocan las universidades andaluzas para renovar al profesorado precarizado, lo que supondrá un nuevo episodio de destrucción de empleo en un sector de alto valor añadido, ahondando en uno de los rasgos más nocivos de la economía andaluza, sus elevados niveles de desempleo estructural. Contradictoria, porque el ajuste y la sobrecarga docente de las plantillas universitarias perjudicarán el desafío inmediato e ineludible de adaptación, en un tiempo récord, al sistema de enseñanza semipresencial que el Ministerio de Universidades y la misma Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad están promoviendo.

A TENOR DE TODO LO ANTERIOR, LAS PROFESORAS Y LOS PROFESORES DE LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS RECHAZAMOS EL RECORTE DE LA FINANCIACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE ANDALUCÍA".