Por Andalucía y CCOO han mantenido un encuentro en Motril para abordar la "difícil" situación de los trabajadores del comercio. Ambas organizaciones rechazan la implantación de la Zona de Gran Afluencia Turística, denunciando que ha sido "impuesta sin consenso". La coalición respalda a las plantillas frente a una normativa que duplica la apertura en domingos y festivos, empeorando drásticamente las condiciones laborales y la conciliación familiar. Ante la insensibilidad del gobierno local, no descartan apoyar movilizaciones inminentes para lograr revertir esta desregulación.

El grupo municipal Izquierda Unida-Equo, integrado en la coalición Por Andalucía, ya presentó una moción ante el Pleno del Ayuntamiento de Motril con el firme propósito de garantizar que las decisiones que afectan al sector comercial y turístico se tomen con el máximo consenso y la debida consideración de todos los intereses implicados. 

La formación alerta sobre esta "grave declaración indefinida, que impone libertad horaria en Semana Santa y verano". CCOO recurrió la medida por defectos procedimentales, como la falta de acuerdo plenario y de un estudio exclusivo para Motril. Aunque desestimado, el caso evidencia la alarmante falta de consenso local, culminando en el Consejo Local de Comercio, donde se comunicó la propuesta sin permitir debate ni votación de los implicados.

Por Andalucía pide "un estudio riguroso y específico" sobre la necesidad y el impacto real de solicitar una nueva declaración. Este nuevo estudio deberá considerar obligatoriamente datos actualizados y exclusivos del municipio de Motril, desglosados y no de toda la Costa Tropical, en relación con la afluencia turística, pernoctaciones, ocupación hotelera y consumo de servicios"

Para revertir este "atropello a los derechos laborales", Por Andalucía, acompañado del grupo municipal de IU en el Ayto de Motril, insta a la retirada de la declaración de Zona de Gran Afluencia Turística en el municipio. Por Andalucía considera fundamental acordar la realización de un "estudio riguroso y específico" sobre la necesidad y el impacto real de solicitar una nueva declaración. Este nuevo estudio deberá considerar obligatoriamente datos actualizados y exclusivos del municipio de Motril, desglosados y no de toda la Costa Tropical, en relación con la afluencia turística, pernoctaciones, ocupación hotelera y consumo de servicios. Asimismo, reclaman un análisis detallado del impacto económico y social en el comercio local, especialmente en las pequeñas y medianas empresas, así como en las condiciones laborales de los trabajadores del sector. Finalmente, exigen garantizar la apertura de un diálogo transparente y participativo con todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Motril y los sindicatos más representativos.

El candidato por Granada a parlamentario andaluz de Por Andalucía, Rafael S. Rufo, valoró las consecuencias de la medida impuesta y consideró que "la implantación de la Zona de Gran Afluencia Turística en Motril no dinamiza la economía, es un ataque salvaje contra los derechos laborales del sector comercial, pisoteando su descanso y conciliación para engordar los beneficios de las grandes superficies mientras el pequeño comercio local se deja morir".

La coordinadora de IU Granada, diputada provincial y coportavoz de Por Andalucía, Mari Carmen Pérez, advirtió por su parte que no tolerarán que el turismo sea la excusa para precarizar a la ciudadanía y asfixiar al pequeño comercio de proximidad. "Exigimos la derogación inmediata de esta medida unilateral, escuchar a los sindicatos y que el Ayuntamiento deje de ser la alfombra roja de los grandes capitales. La gente tiene que entender que la ZGAT no genera más ventas en los días que abren por encima de los 16 aprobados y lo que hace realmente es perjudicar al pequeño comercio y a la economía local además de impedir la conciliación. A esto súmale que no se está remunerando la ampliación de días a los trabajadores del sector. Si no hay rectificación, nos encontrarán en las calles codo con codo con las plantillas, defendiendo unas condiciones dignas", concluyó Pérez.

Por Andalucía reitera que la política pública sobre comercio debe favorecer siempre la participación de los grupos socioeconómicos implicados. Por ello, "es esencial que el Consejo Local de Comercio, junto con los sindicatos más representativos, juegue un papel verdaderamente activo y vinculante en estas decisiones, asegurando que cualquier actuación futura cuente con un amplio respaldo y una votación formal de todas las partes".