Con más o menos intensidad, el debate sobre el rescate de servicios municipales se plantea desde hace años en los ayuntamientos y se retomó con fuerza tras las elecciones de 2015. Con ese contexto de fondo, la capital tendrá que fijar antes de que finalice 2019 las condiciones para la renovación del contrato a Inagra, en la que constituye sin duda la mayor concesión del Ayuntamiento de Granada para la prestación de servicios. 

En 2006, con motivo del vencimiento de la última prórroga de 1997, se elaboró un plan de servicios para el periodo comprendido entre 2007 y 2020. Ese plan fue revisado en 2010, alegando por parte del entonces gobierno municipal del PP las exigencias impuestas a los ayuntamientos para recortar gastos en plena crisis. En esa modificación de 2010 fundamentalmente lo que se hizo fue cambiar las condiciones de facturación, pasando de una 'deuda contractual o de linealización' al inicio del contrato que se iría liquidando en la parte final del mismo a partir de 2013, a una facturación por coste del servicio. Además de esa implantación de la facturación por coste del servicio se redujeron costes -en servicios, contrataciones de eventuales o amortización de vehículos, según el acuerdo consultado por El Independiente de Granada-. 

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Detalle de la modificación del contrato planteada en 2010.

Los cambios a los que se ha ido sometiendo esta contrata han sido sucesivos, algunos de gran envergadura puesto que se han ido ampliando los servicios incluyendo por ejemplo la recogida de muebles o ropa usada. 

A poner en orden todos los datos y a recopilar información ya han comenzado los técnicos municipales. Costes, tonelaje, residuos, estado de la flota de vehículos o carga salarial forma parte de esa información clave para elaborar en su día los borradores de los nuevos pliegos, según ha confirmado El Independiente de Granada en fuentes municipales, que aclaran que en ningún caso se está ya afrontando la redacción de esos borradores, sino haciendo un trabajo previo indispensable que incluye un estudio de la nueva ley de contratos. 

La 'patata caliente', como las propias fuentes señalan, quedará en la mesa del próximo gobierno municipal, que a los problemas económicos que deberá ir solucionando se suma esta importante decisión.

Y para afrontarla no se librará del debate de la remunicipalización. Es complejo y en servicios de tanta envergadura mucho más. Las escasas experiencias que se han intentado poner en marcha se han encontrado con numerosos problemas. Las fuentes consultadas citan como ejemplo la ciudad de Valladolid, donde el servicio de limpieza y recogida de basura ha tenido que entregarse a más de una decena de subcontratas ante la imposibilidad de prestarlo. Y el de Cádiz, que topó entre otras dificultades con la falta de presupuesto para afrontar compra de vehículos. 

El coste anual del servicio que presta Inagra supera los 40 millones de euros y "gran parte" de ese dinero se destina a afrontar la masa salarial, lo que supondría otro elemento más que dificultaría esa remunicipalización. 

En cualquier caso hay grupos que vienen apostando históricamente por esa opción, como es el caso de IU, a la que se sumó este mandato Vamos Granada. Con la actual correlación de fuerzas parece improbable el rescate del servicio. Pero será la nueva corporación la que decida sobre el futuro de la concesión y las condiciones en las que debe prestarse el servicio, sus costes y la manera de optimizarlos y cómo mejorar la prestación.