La Comisión de Educación y Deporte del Congreso de los Diputados ha aprobado la iniciativa socialista de apoyo a los profesores e investigadores, entre ellos 59 de la Universidad de Granada, afectados por la decisión del Gobierno en 2012 de reducir la tasa de reposición de los funcionarios al 10 por ciento. 

Un número importante de estos profesores e investigadores consiguió plaza de profesor o catedrático universitario en concursos convocados antes de la publicación de los PGE 2012 en el BOE, y vio, posteriormente y a causa de la impugnación por parte del Gobierno de esas plazas, cómo perdían la plaza conseguida, ha explicado el diputado socialista en el Congreso, Gregorio Cámara, que ha defendido la iniciativa.

 Así, ha manifestado que el Gobierno del PP “colocó en una situación absolutamente injusta y de completa inseguridad jurídica a los profesores universitarios e investigadores que ya se encontraban en distintas fases de concurso a plazas de acceso a los cuerpos de titulares y Catedráticos de Universidad, que ya  habían sido convocadas por sus universidades”. 

“Hechas las convocatorias y celebrados y resueltos los concursos conforme a las exigencias constitucionales y legales de mérito y capacidad, quienes obtuvieron las plazas de acuerdo con estos principios y  tras una larga trayectoria académica fueron tomando posesión de las mismas conforme a la normativa legal vigente. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas instó la impugnación contra una serie de estas plazas convocadas y celebradas en el año 2012 (no contra todas). Esta impugnación se basó en el supuesto incumplimiento de la tasa de reposición, incluso sin haber instado previamente la suspensión de la celebración de los respectivos concursos ya convocados”, ha explicado. 

'Situación de indefensión'

“El resultado de este innecesario desaguisado es que muchos profesores universitarios, que no hicieron más que confiar en la legalidad de las convocatorias realizadas por sus Universidades y que fueron publicadas en el BOE, llevan ya prácticamente cinco años de incertidumbre, sufriendo perjuicios de imposible reparación y un gravísimo trato desigual, inadmisible en un Estado constitucional de Derecho”, ha lamentado Cámara, que ha añadido: “Los profesores afectados por la impugnación están siendo objeto de un notorio tratamiento discriminatorio y se están produciendo pronunciamientos dispares para situaciones sustancialmente iguales. Basten como ejemplos que mientras el Gobierno decidió la impugnación de 280 plazas en 2012, el total de las no impugnadas y que estaban en la misma situación alcanza la cifra de 601, pese a regirse por el mismo marco legal”. 

Cámara también ha denunciado que los afectados han sufrido un grave prejuicio en su carrera académica: “Los afectados que ya tienen sentencia desfavorable se han visto muy perjudicados en sus carreras académicas, como aquellos que se encuentran en espera de que se dicte. Todos ellos se han encontrado  prisioneros de sus plazas impugnadas, no pudiendo concurrir a nuevas plazas convocadas por sus Universidades, a pesar de la incertidumbre de su situación administrativa y profesional. Plazas que están siendo ocupadas por compañeros acreditados varios años después que ellos”.

La iniciativa aprobada no pide otra cosa que dar solución a esta "injusticia" e insta al Gobierno a que de manera urgente se proceda a realizar una evaluación precisa y completa del estado en el que se encuentran las referidas plazas de los cuerpos docentes de Profesor Titular y Catedrático de Universidad convocadas por las universidades con resoluciones adoptadas con anterioridad a la entrada en vigor de los PGE para 2012, y adopte cuantas medidas resulten necesarias para poner fin definitivamente a la "injusta" situación que sufren los profesores y profesoras afectados.