• "Nada tienen que ver otros equipos de gobierno" anteriores, aunque los convenios a los que se refiere esta causa se iniciaran años antes, dice el alcalde

El alcalde de Granada, Francisco Cuenca (PSOE), ha recalcado este jueves que los "líos urbanísticos" que investiga el Juzgado de Instrucción número 2 de Granada en el llamado 'caso Nazarí' -por el que fue detenido en 2016 el entonces regidor del PP José Torres Hurtado- se desataron a partir de la llegada del Partido Popular al gobierno local en 2003, de modo que "nada tienen que ver otros equipos de gobierno" anteriores, aunque los convenios a los que se refiere esta causa se iniciaran años antes.

Cuenca se ha pronunciado de este modo a preguntas de los periodistas después de que haya trascendido el escrito en el que el PSOE, personado como acusación popular en el 'caso Nazarí', solicita el sobreseimiento provisional de la pieza separada conocida como 'expediente San Jerónimo' -en el que ha sido procesada entre otros la exedil de Urbanismo Isabel Nieto (PP)- por entender que las supuestas irregularidades administrativas cometidas en este caso no tienen relevancia penal.

En el citado escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el PSOE expone que aunque comparte la "existencia de una práctica generalizada de corrupción en el ámbito de la gestión del urbanismo municipal entre los años 2000 y hasta prácticamente el año 2015, entiende que en el caso concreto de esta pieza separada las irregularidades junto con el marco normativo y el debate sobre gestión urbanística (...) excluyen la relevancia penal de estas conductas" y es por ello que se ven "obligados a solicitar el sobreseimiento provisional".

Preguntado sobre si con este marco temporal el PSOE está aceptando que hubo corrupción ya en el año 2000, bajo el gobierno del socialista José Moratalla, Cuenca ha sostenido que le "sorprende" esta clase de "enfoque", en tanto que -según ha dicho- "los convenios tienen un devenir de hace mucho tiempo" y "arrancarían cuando sea, en el 2000 o en el 2001", pero lo que está constatado judicialmente es que cuando aparecen los líos es a partir de 2003 y 2004, cuando estaba el PP".

Para Cuenca "es una cuestión que está claramente definida" en la investigación judicial. "A partir de ahí -ha agregado- nosotros lo que estamos haciendo es aportar, sumar, colaborar con el ámbito judicial para resolver todas estas cuestiones y líos que nos han metido en una mala imagen a esta ciudad y que afortunadamente ya hemos limpiado", ha defendido.

Ha insistido así en que, al margen de la que la investigación se remonte al inicio de estos convenios, "los líos judiciales se desatan a partir de 2003" tras la llegada del PP al gobierno local y "nada tienen que ver otros equipos de gobierno", algo que para él "está clarísimo" así como para los granadinos, ha defendido, en un contexto en el que "ahora se habla de acuerdos con la universidad, de inteligencia artificial y de calidad del aire" y no de estas cuestiones de posibles irregularidades urbanísticas.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Granada ha procesado, en la línea con lo expuesto por la Fiscalía, a siete personas en la pieza separada 'San Jerónimo'

El Juzgado de Instrucción número 2 de Granada ha procesado, en la línea con lo expuesto por la Fiscalía, a siete personas en la pieza separada 'San Jerónimo', en la que se han investigado supuestas irregularidades en el desarrollo del plan parcial PP-N2 y en la concesión de la licencia de primera ocupación para las 300 viviendas de la urbanización 'Ciudad de la luz'.

Además de Isabel Nieto; están investigados el que fuera director de Obras Municipales, Manuel Lorente, la ex directora general de Urbanismo y el ex director general de Licencias, en otros altos cargos de la época, así como el promotor José Julián Romero. La jueza les atribuye posibles delitos de cohecho, fraude en la contratación, asociación ilícita/organización criminal, prevaricación (común y urbanística), tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, estafa, falsedad de documento mercantil, administración desleal y delito contra la ordenación del territorio.