Las recientes declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, proponiendo reducir la prestación económica de quienes se encuentran en incapacidad temporal y calificando el incremento de las bajas laborales como “un cáncer”, trascienden el debate político coyuntural. Expresan una determinada concepción de la salud laboral que merece ser analizada. Una concepción que entiende la enfermedad, antes que como un problema de salud, como un problema de costes; que pone el foco sobre quien enferma en lugar de hacerlo sobre las causas que provocan la enfermedad y sobre las políticas necesarias para prevenirla.

Se instala la idea de que el problema reside en el trabajador que falta, y no en las condiciones laborales, en la organización del trabajo o en un sistema sanitario que tarda meses en realizar una prueba diagnóstica o una intervención quirúrgica

No es una cuestión menor. Las palabras construyen marcos de pensamiento. Cuando se presenta el aumento de las incapacidades temporales como una patología del sistema, se corre el riesgo de convertir a quienes están enfermos en sospechosos permanentes. Se instala la idea de que el problema reside en el trabajador que falta, y no en las condiciones laborales, en la organización del trabajo o en un sistema sanitario que tarda meses en realizar una prueba diagnóstica o una intervención quirúrgica.

Es una visión reduccionista que olvida que la incapacidad temporal no es una concesión administrativa ni un privilegio. Es una prestación vinculada a un derecho fundamental: la protección de la salud. Nadie recibe una baja médica porque sí. Existe una valoración clínica realizada por profesionales sanitarios que determinan que continuar trabajando puede perjudicar la recuperación del paciente o poner en riesgo la salud de otras personas.

El verdadero debate está en las causas

Los datos conocidos en los últimos días refuerzan esta idea. Los análisis sobre la evolución de las bajas laborales muestran un aumento relevante tras la pandemia, pero lo vinculan principalmente al envejecimiento de la población trabajadora, al incremento de las enfermedades crónicas, a los problemas de salud mental, a los trastornos musculoesqueléticos y a las demoras diagnósticas y terapéuticas del sistema sanitario, no a una evidencia de fraude masivo.

España registra un aumento de las bajas laborales, pero analizar únicamente su coste económico supone mirar el problema por el extremo equivocado.

Resulta más sencillo responsabilizar al trabajador que cuestionar un modelo productivo que, en demasiadas ocasiones, enferma

Las causas son múltiples y ampliamente conocidas. Una población trabajadora cada vez más envejecida. El incremento de las enfermedades crónicas. La epidemia silenciosa de los problemas de salud mental asociados a la incertidumbre, la precariedad y la intensificación del trabajo. Los trastornos musculoesqueléticos derivados de actividades repetitivas o de una deficiente ergonomía. Las secuelas persistentes de la pandemia. Y también unas listas de espera sanitarias que prolongan innecesariamente miles de procesos de incapacidad temporal.

Sorprende que quienes ponen el acento en el coste de las bajas hablen mucho menos del deterioro de la Atención Primaria, de la falta de especialistas en medicina del trabajo o de los déficits en las políticas preventivas. Resulta más sencillo responsabilizar al trabajador que cuestionar un modelo productivo que, en demasiadas ocasiones, enferma.

La gran olvidada: la prevención

Existe una paradoja llamativa. Se habla constantemente del coste de las bajas, pero muy poco de cuánto ahorraríamos evitando que las personas enfermaran.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales cumplirá treinta años sin que muchas empresas hayan incorporado una auténtica cultura preventiva. La prevención sigue siendo, en demasiados casos, un trámite burocrático y no una estrategia para mejorar la salud de quienes trabajan.

Sin prevención, cualquier debate sobre el absentismo queda incompleto

La salud laboral no empieza cuando se firma una baja médica. Empieza mucho antes: diseñando puestos de trabajo saludables, reduciendo los riesgos psicosociales, favoreciendo la conciliación, disminuyendo la temporalidad, mejorando la estabilidad laboral y creando organizaciones donde la salud mental sea considerada una prioridad.

Sin prevención, cualquier debate sobre el absentismo queda incompleto.

El riesgo del presentismo

Reducir las prestaciones económicas durante una incapacidad temporal puede parecer una medida eficaz desde una lógica exclusivamente contable. Sin embargo, la evidencia demuestra que puede generar un efecto perverso: el presentismo.

Cada vez más trabajadores acuden enfermos a su puesto por miedo a perder ingresos o a sufrir consecuencias laborales

Cada vez más trabajadores acuden enfermos a su puesto por miedo a perder ingresos o a sufrir consecuencias laborales. Trabajar con fiebre, con dolor, con ansiedad o tras una lesión no mejora la productividad. Al contrario. Incrementa el riesgo de accidentes, prolonga las enfermedades, dificulta la recuperación y termina aumentando el coste sanitario y social.

La salud laboral moderna no persigue que la gente vaya a trabajar enferma. Persigue que enferme menos.

Una visión ideológica de la salud

Las propuestas planteadas no son únicamente decisiones técnicas. Responden a una determinada forma de entender el Estado del bienestar.

Cuando se presenta la protección social como un incentivo perverso y las prestaciones como un gasto excesivo, se desplaza el debate desde los derechos hacia los costes. La enfermedad deja de ser un problema colectivo para convertirse en una responsabilidad individual

Cuando se presenta la protección social como un incentivo perverso y las prestaciones como un gasto excesivo, se desplaza el debate desde los derechos hacia los costes. La enfermedad deja de ser un problema colectivo para convertirse en una responsabilidad individual.

No es casualidad que este discurso aparezca acompañado de una defensa de la reducción del gasto público, de la colaboración creciente con el sector privado o de una menor capacidad reguladora de las administraciones en materia laboral. Desde esta perspectiva, la salud deja de entenderse como una inversión social y pasa a evaluarse exclusivamente en términos de impacto económico.

La salud pública también está en juego

La incapacidad temporal no pertenece únicamente al ámbito laboral. Es también una cuestión de salud pública.

Un trabajador que puede recuperarse adecuadamente evita complicaciones, reduce el riesgo de cronificación, disminuye futuras incapacidades permanentes y protege la salud colectiva. Lo aprendimos durante la pandemia: acudir enfermo al trabajo no es un acto de responsabilidad, sino un riesgo para todos.

La salud pública exige fortalecer la Atención Primaria, mejorar la coordinación entre los servicios sanitarios y las empresas, reforzar la inspección de trabajo, impulsar la prevención de riesgos laborales y actuar decididamente sobre los determinantes sociales de la salud.

Cambiar el enfoque

Las bajas laborales pueden y deben analizarse. Hay que perseguir el fraude cuando exista, mejorar la gestión de la incapacidad temporal y reducir las demoras asistenciales que prolongan innecesariamente muchas bajas. Pero ese debate solo será útil si parte de un principio básico: la inmensa mayoría de las personas no deja de trabajar porque quiera, sino porque está enferma.

El verdadero problema es que seguimos mirando la enfermedad desde la contabilidad y no desde la prevención

La evidencia disponible señala que el incremento de las incapacidades temporales responde a causas estructurales, no a una epidemia de abuso El verdadero problema es que seguimos mirando la enfermedad desde la contabilidad y no desde la prevención. Mientras se debate cuánto cuestan las bajas, apenas se habla de cuánto cuesta la precariedad, la intensificación del trabajo, la falta de inversión preventiva o el deterioro de la Atención Primaria, que retrasa diagnósticos y tratamientos y prolonga innecesariamente muchas incapacidades temporales.

Penalizar económicamente a quien enferma no hará que haya menos enfermedad; hará que más personas trabajen enfermas. El presentismo aumenta los accidentes, empeora la recuperación, favorece la transmisión de enfermedades y termina generando mayores costes sanitarios, sociales y económicos. Es una mala política desde cualquier perspectiva.

Las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo reflejan una determinada concepción de la salud laboral: una visión que desplaza la responsabilidad desde las condiciones de trabajo hacia quien enferma, que interpreta la protección social como un coste y no como una inversión, y que sitúa la sospecha sobre las personas trabajadoras en lugar de preguntarse por qué enferman cada vez más.

Las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo reflejan una determinada concepción de la salud laboral: una visión que desplaza la responsabilidad desde las condiciones de trabajo hacia quien enferma, que interpreta la protección social como un coste y no como una inversión

España necesita exactamente lo contrario: reforzar la prevención de riesgos laborales, mejorar la salud mental en el trabajo, adaptar los puestos a una población trabajadora cada vez más envejecida, fortalecer la Atención Primaria y reducir las listas de espera que prolongan innecesariamente las bajas. Esa es la agenda de una salud laboral del siglo XXI.

Porque una sociedad avanzada no se mide por cuánto ahorra castigando a quien enferma, sino por su capacidad para evitar que las personas enfermen trabajando y por garantizar que, cuando lo hacen, puedan recuperarse con dignidad y regresar a su empleo en condiciones seguras. La salud laboral no mejora penalizando económicamente la enfermedad; mejora creando empleos más seguros, reforzando la prevención, reduciendo la precariedad y fortaleciendo la sanidad pública. La salud de las personas trabajadoras no es un gasto: es una de las mejores inversiones que puede hacer una sociedad.