Para el gerente de la empresa solicita el sobreseimiento

La Fiscalía solicita seis años de prisión para Eduardo Moral y cinco para María Francés por los contratos fantasma de afines al PP en Emucesa

Política - IndeGranada - Miércoles, 26 de Junio de 2019
También reclama a los dos exediles del PP la devolución conjunta y solidaria a Emucesa de 309.831 euros por las cantidades percibidas y los gastos derivados de estas contrataciones fantasma.

La Fiscalía también solicita a los exediles devolver las cantidades percibidas irregularmente. p.v.m.

La Fiscalía de Granada ha remitido al Juzgado el escrito de acusación del caso Emucesa y pide para los exconcejales del PP Eduardo Moral y María Francés penas de prisión más elevadas que las solicitadas hasta ahora por las acusaciones ejercidas por la empresa municipal y el PSOE. En el caso de Eduardo Moral solicita seis años de cárcel y para María Francés, cinco, según ha informado la Fiscalía.

Los dos exconcejales, en su calidad de consejeros delegados de Emucesa, realizaron presuntamente contratos irregulares a personas vinculadas a su partido, que no acudieron a trabajar a las instalaciones de Emucesa, durante el periodo 2003-2011 y 2011-2016, respectivamente.

Para los otros acusados, los cinco contratados, también se solicitan penas que oscilan entre los cinco años y seis meses de prisión y los cuatro años, al igual que la inhabilitación especial o absoluta para cargo o empleo público. 

El Ministerio Público, en su escrito de acusación, pide el sobreseimiento como investigado para el gerente de Emucesa y exige a los siete acusados a indemnizar a la empresa que gestiona el cementerio municipal Emucesa la cantidad de 309.831 euros por los contratos realizados.

A Eduardo Moral, que firmó contratos a tres de los acusados, se le exige la devolución de forma conjunta y solidaria con tres de los acusados la cuantía de 277.310 euros. Para María Francés, esta cantidad se fija en 32.521 euros con uno de los contratados; el otro devolvió el dinero percibido a Emucesa.

En el escrito de acusación, la Fiscalía señala que "con la finalidad de dar apariencia de legalidad a la recepción de dinero público por personas afines a él o a su partido y liberar a cargo de la empresa pública unas cantidades mensuales en concepto de retribución económica, suscribieron contratos de “alta dirección” simulando una relación laboral inexistente". Y añade que "desde el momento de la firma de los sucesivos contratos conocían, contratante y contratado, que el trabajo no iba a prestarse constituyendo un documento necesario para la asignación de la retribución que debía ser abonada por la empresa pública". 

Del mismo modo, también solicita a cuatro de los acusados contratados la devolución de indemnización al Servicio Público de Empleo Estatal la cantidad total 13.109 eros por fraude de prestaciones al sistema de la Seguridad Social.

La Fiscalía acusa por delitos de falsedad documental, prevaricación, fraude en la contratación y malversación de caudales públicos.