IU ha elaborado una moción que defenderá en los plenos de los ayuntamientos para conseguir apoyo e instar al Gobierno a que aplique en las entidades locales que no presentaron superávit en 2019, una moratoria en el pago de las amortizaciones de préstamos al ejercicio 2020. Con esta medida, la formación plantea que puedan utilizar estos fondos para "inversiones y gastos en políticas sociales destinadas a paliar las consecuencias de la crisis del Covid-19, que incidan en la protección social de las personas afectadas por la misma".

La diputada provincial y coordinadora de la formación en Granada, Mari Carmen Pérez, ha explicado que "los fondos que se destinen a los servicios sociales prestados por las diputaciones o corporaciones locales se formalizarán a través de la ampliación de los convenios existentes u otros nuevos". 

Así, Pérez ha agregado que la iniciativa se atiene a lo recogido en el texto del Real Decreto- ley 8/2020, de 17 de marzo, por el que se detallan las medidas extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19, y que fija un Fondo Social Extraordinario de 300 millones para la Protección a la familia, atención a la pobreza infantil y prestaciones básicas de servicios sociales. Según la diputada granadina, "el destino concreto de estos fondos será la financiación de proyectos y las contrataciones laborales necesarias para llevarlas a cabo, así como el refuerzo de servicios domiciliarios, incrementar y reforzar los dispositivos de teleasistencia y los de atención a personas sin hogar". Además, ha añadido que "con estos paquetes también se podrán reforzar las plantillas de centros de Servicios Sociales y centros residenciales". 

Ha apuntado que el texto también contempla el destino del superávit de aquellas entidades locales correspondientes a 2019 y aplicación en 2020, "puesto que el artículo 3 del Real Decreto-ley 8/2020 incluye la posibilidad de que las corporaciones que presentaron este superávit presupuestario en 2019 puedan destinar estas sumas a la financiación de gastos de inversión incluidos en la política de gasto de Servicios Sociales y promoción social".

La adquisición de material de protección sanitaria ha sido una constante por parte de los consistorios, por lo que "se podrán utilizar parte de los fondos a adquirir estos medios de prevención, EPI, de forma más ágil y continua", ha apostillado Pérez, a lo que ha añadido que "también se favorecerá la implantación de las medidas que las Comunidades Autónomas, en colaboración con los Servicios Sociales de las entidades locales, consideren imprescindibles y urgentes para personas especialmente vulnerables por los efectos de la pandemia". 

Por último, Pérez también ha indicado que la regulación aprobada por el Ejecutivo central recoge en sus artículos "el establecimiento de moratorias para las deudas hipotecarias de quiénes están sufriendo extraordinarias dificultades para atender su pago como consecuencia de la crisis sanitaria, además de garantizar el suministro de agua y energía a consumidores vulnerables; medidas que deben poder ser contempladas, sin reparos, en nuestros pueblos".

Se trata, ha recalcado la coordinadora provincial, "de recabar todo el apoyo posible a nivel provincial, desde las administraciones locales y desde el ayuntamiento de ayuntamientos, Diputación, para exigir al gobierno a que aplique este moratoria en la deuda de nuestras administraciones más imprescindibles, cercanas y que constituyen verdaderos pilares para conseguir proteger los derechos de nuestros vecinos y vecinas; esta moción es una herramienta fundamental para apoyar la fuerza y lucha incansable de nuestros ayuntamientos durante la crisis sanitaria".