valoracion.jpg

Centro de Valoración y Orientación de Granada. archivo

Más de dos años después de que la Junta asegurara al Defensor del Pueblo Andaluz que estaba en marcha una "reforma estructural" en los Centros de Valoración y Orientación que se encargan de evaluar el grado de discapacidad, la situación no ha cambiado y las quejas siguen evidenciando un problema para el que la Junta no está dando respuesta a la ciudadanía. Así lo ha puesto de manifiesto el Defensor en otro requerimiento enviado a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad en el que también reprocha a la Junta que no le haya trasladado los resultados de las medidas anunciadas. 

"Se están vulnerando los derechos de la ciudadanía", advierte el Defensor del Pueblo Andaluz

La realidad es que "se están vulnerando los derechos de la ciudadanía" y se está provocando "un aumento de las desigualdades de aquellas personas que necesiten este reconocimiento para acceder a determinados derechos reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico". 

"Se ha de tener en cuenta -reflexiona el Defensor- que son muchas las personas que esperan la valoración de la discapacidad o la revisión para acceder a determinados derechos relevantes para su vida". 

En esta nueva acción, la Oficina del Defensor Andaluz solicita información a la Junta sobre los tiempos medios de respuesta en los distintos expedientes, "a los efectos de poder analizar el impacto de las medidas implementadas en cada uno de los CVO referidos a los años 2024, 2025, así los datos de los que disponga del ejercicio 2026".

Además, con la finalidad de poder constatar la implementación de las medidas relacionadas con los recursos humanos, el Defensor expresa su interés en que la Consejería actualice el cuadro remitido desde la Dirección General de Personas con Discapacidad en fecha 13 de noviembre de 2023 en el que se indicaba en cada uno de los CVO: la población a la que atienden, el número de equipos de valoración y orientación según el Decreto, así como los que han estado y están en cada uno de los CVO, el personal administrativo y auxiliar.

En esta última actuación del Defensor para reclamar a la Junta soluciones al problema, la institución señala que las demoras llegan a superar los tres años en algunas provincias. El sindicato CSIF hizo una radiografía incluso más preocupante en Granada, que sufre "un atasco de cuatro años" por "falta de personal", lo que provoca además "sobrecarga" a las personas encargadas de ese trabajo.

A finales del pasado año, según los datos de CSIF, la plantilla real del Centro de Valoración era de 6 empleados, cuando en la RPT hay recogidos 23 puestos de trabajo

Como bien apuntó la central sindical, si se tiene en cuenta el volumen potencial de población atendida, unos 945.926 habitantes, la provincia debería disponer de un centro de valoración con un profesional de administración por cada 75.000 habitantes más el mínimo de un puesto por provincia, lo que resulta en un total de 14 efectivos, ocho más de los que tenía Granada. 

Para defenderse de las críticas, como las del sindicato CSIF, la Junta volvió a esgrimir la reforma estructural que tenía en marcha, cuyos resultados quiere conocer el Defensor del Pueblo Andaluz, como se ha señalado. Y aseguró que estaba modificando la Relación de Puestos de Trabajo. El Gobierno andaluz, que suele repetir que la situación "viene de lejos" y que se agravó con la pandemia, defiende que su reforma dará resultado.