'La mortalidad por cáncer en Andalucía ya no admite excusas'
Los datos conocidos esta semana sobre el incremento de la mortalidad por cáncer en Andalucía deberían provocar una auténtica conmoción social y política. No hablamos de estadísticas abstractas ni de simples desviaciones epidemiológicas: hablamos de miles de vidas perdidas antes de tiempo en una comunidad donde la sanidad pública atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente.
Resulta difícil mirar hacia otro lado cuando el exceso de mortalidad afecta especialmente a cánceres como el de mama y el colorrectal, precisamente aquellos en los que la detección precoz marca la diferencia entre la vida y la muerte
El estudio publicado en Gaceta Sanitaria por los investigadores Juan Antonio Córdoba-Doña, Vanessa Santos-Sánchez y Antonio Escolar-Pujolar señala que Andalucía registró entre 2019 y 2024 un exceso de 3.701 muertes por cáncer respecto a las esperadas si hubiera mantenido las mismas tasas que el resto de España. Son 617 fallecimientos adicionales cada año.
Y lo más grave es que los propios autores apuntan a una causa que muchos profesionales sanitarios y usuarios vienen denunciando desde hace años: el deterioro de la atención oncológica pública.
Resulta difícil mirar hacia otro lado cuando el exceso de mortalidad afecta especialmente a cánceres como el de mama y el colorrectal, precisamente aquellos en los que la detección precoz marca la diferencia entre la vida y la muerte. Andalucía acumula retrasos, fallos organizativos y bajas coberturas en programas de cribado mientras otras comunidades consiguen mejores resultados con recursos similares.
El caso del cáncer de mama es especialmente doloroso. Miles de mamografías quedaron sin informar durante meses debido a la falta de personal y a una gestión sanitaria incapaz de responder a tiempo. Aquello no fue un error puntual ni una anécdota administrativa. Hoy, a la luz de los nuevos datos, aparece como el síntoma de algo mucho más profundo: una sanidad pública debilitada, saturada y cada vez menos capaz de garantizar diagnósticos tempranos y tratamientos rápidos.
La pregunta ya no es si existe un problema. La pregunta es hasta qué punto se ha normalizado.
Andalucía vive con listas de espera récord, demoras inaceptables en Atención Primaria y una creciente dependencia de la sanidad privada. Conseguir una cita con el médico de familia tarda más de diez días. Las consultas hospitalarias y las pruebas diagnósticas se retrasan durante meses. Y mientras tanto, enfermedades como el cáncer no esperan
Andalucía vive con listas de espera récord, demoras inaceptables en Atención Primaria y una creciente dependencia de la sanidad privada. Conseguir una cita con el médico de familia tarda más de diez días. Las consultas hospitalarias y las pruebas diagnósticas se retrasan durante meses. Y mientras tanto, enfermedades como el cáncer no esperan.
Porque en oncología el tiempo es decisivo. Cada retraso diagnóstico reduce posibilidades de supervivencia. Cada prueba aplazada puede convertirse en un tumor detectado demasiado tarde. Cada demora quirúrgica tiene consecuencias humanas irreversibles.
Por eso en este debate lo que está en juego es el modelo sanitario andaluz y la capacidad del sistema público para proteger la vida de la ciudadanía.
El gobierno andaluz tiene la obligación de responder con transparencia y rigor. No basta con desacreditar las críticas ni esconderse tras datos parciales. Si un estudio científico señala una sobremortalidad tan elevada, la respuesta institucional debe ser inmediata: auditorías independientes, revisión urgente de los programas de cribado, refuerzo de Atención Primaria y recuperación de recursos para la sanidad pública.
La sanidad pública no puede gestionarse únicamente con criterios contables ni como un espacio subsidiario de la privada
Negar el problema sería irresponsable. Minimizarlo, aún peor.
La sanidad pública no puede gestionarse únicamente con criterios contables ni como un espacio subsidiario de la privada. Cuando se deterioran los servicios esenciales, quienes terminan pagando el precio es siempre la ciudadanía. Y en este caso, según alertan los investigadores, el precio puede medirse en miles de vidas.
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