La forma en que los medios de comunicación generalistas describen los acontecimientos no es un elemento neutral del proceso informativo, sino un componente central en la construcción de significado político y moral. Recientemente publiqué un artículo en el que se pone de relieve esta deriva, más propia de regímenes autoritarios que de democracias liberales (ver aquí), aunque, resulta cada vez más evidente que de “liberales” apenas subsiste la etiqueta, y de “democracias”, una escenografía reducida al ejercicio periódico del voto.

La elección del término “interceptación” no es trivial. Desde un punto de vista semántico, implica una acción técnica, casi administrativa, desprovista de carga violenta o coercitiva

Tal y como se argumenta en trabajos recientes de investigación sobre sesgo mediático en conflictos armados (ver aquí), el lenguaje no solo transmite hechos, sino que los encuadra dentro de marcos interpretativos que condicionan la percepción pública. Un ejemplo representativo de este sesgo se manifiesta en un artículo publicado recientemente en El País.   El texto se enmarca en un nuevo episodio que puede interpretarse como un acto de piratería por parte de Israel, al interceptar en aguas internacionales, a más de 1.200 millas de sus costas, una flotilla civil que transportaba ayuda humanitaria destinada a la población palestina en la Franja de Gaza. El joven periodista hilvana un relato de los hechos utilizando términos como “interceptación” o “desembarco”, evitando en todo momento categorías jurídicas o políticas más contundentes. La elección del término “interceptación” no es trivial. Desde un punto de vista semántico, implica una acción técnica, casi administrativa, desprovista de carga violenta o coercitiva. Alternativas como “abordaje”, “ataque” o incluso “secuestro”, aunque más controvertidas, introducirían inmediatamente un enfoque que obligaría al lector a evaluar la legitimidad del acto. La sustitución de unas categorías por otras constituye, por consiguiente, un mecanismo de neutralización del conflicto. Pero más allá del uso de parábolas semánticas que pretenden diluir el suceso en la confusión mediática, el tratamiento informativo de este hecho ilustra con claridad un patrón recurrente en la cobertura mediática de los conflictos internacionales, caracterizado por la ausencia de una calificación jurídica explícita incluso cuando los hechos descritos presentan una evidencia meridiana.

El derecho del mar, codificado en instrumentos como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, establece límites claros a la jurisdicción de los Estados en alta mar. Israel, al igual que Estados Unidos, parecen haber hecho propia una máxima atribuida a Francis Drake, pirata bien conocido en la historia española, quien sostenía que no había botín inalcanzable ni puerto seguro para quien se atreviera a desafiar el dominio de los mares. Bajo esta lógica, ambos países actúan como si las aguas internacionales fueran un espacio disponible para su discrecionalidad, con la pasividad de la Unión Europea y la complicidad de un mainstream mediático que contribuye a normalizar estas prácticas.

En ese escenario, los obstáculos regulatorios, financieros y burocráticos dejan de ser instrumentos neutros para convertirse en auténticos mecanismos de blindaje que protegen a las élites hegemónicas, restringiendo la competencia y consolidando posiciones de poder sostenidas más por redes de influencia que por criterios de eficiencia económica

Pero es importante recodar que el periódico El País forma parte del grupo PRISA, uno de los principales conglomerados mediáticos en España. La estructura de gobierno del grupo sitúa como máximo responsable institucional a Joseph Oughourlian, quien ejerce la presidencia y es, además, fundador del fondo Amber Capital, creado en Nueva York en 2005 y actualmente con sede en Londres. Su trayectoria responde al perfil de inversor activista, caracterizado por la adquisición de participaciones significativas en empresas con el objetivo de influir en su dirección estratégica, de las cuales cabe destacar su participación en algo más del 5% de la empresa de defensa española Indra.  Otro accionista importante de este importante grupo mediático español es el mejicano Carlos Slim Helú, dueño del Grupo Carso y según la revista Forbes uno de los hombres más ricos del Mundo.  

Daron Acemoglu y James A. Robinson en su obra Por qué fracasan los países, establecen que la acumulación de riqueza de grandes empresarios como los citados anteriormente, no se explica principalmente por la innovación, sino por su inserción en estructuras institucionales que favorecen la concentración del poder económico. De este magnífico texto se desprende que, allí donde imperan fondos de inversión de carácter extractivo, la economía se reduce progresivamente a una mera lógica de rentas. En ese escenario, los obstáculos regulatorios, financieros y burocráticos dejan de ser instrumentos neutros para convertirse en auténticos mecanismos de blindaje que protegen a las élites hegemónicas, restringiendo la competencia y consolidando posiciones de poder sostenidas más por redes de influencia que por criterios de eficiencia económica.

Dentro de este ecosistema, resulta difícil comprender cómo puede desarrollarse un periodismo verdaderamente libre que no esté sujeto a las directrices de un capital depredador, capaz de activar todos los resortes del poder con el fin de maximizar su función de utilidad, cuya finalidad última no es otra que la acumulación de riqueza a costa de la desigualdad

Dentro de este ecosistema, resulta difícil comprender cómo puede desarrollarse un periodismo verdaderamente libre que no esté sujeto a las directrices de un capital depredador, capaz de activar todos los resortes del poder con el fin de maximizar su función de utilidad, cuya finalidad última no es otra que la acumulación de riqueza a costa de la desigualdad. En este sentido, el sesgo informativo no responde a una tesis conspiranoica, argumento recurrente al que se recurre cuando el relato se aparta de la narrativa hegemónica, sino a una lógica estructural de funcionamiento. Por un lado, se produce una despolitización de la violencia, que pasa a percibirse como un elemento casi técnico en la gestión del conflicto; por otro, se contribuye a erosionar el propio marco normativo internacional al normalizar prácticas que, en otros contextos, suscitarían una condena explícita. De este modo, la información deja de operar como un instrumento de esclarecimiento para convertirse en un dispositivo que, de forma sutil pero sistemática, reconfigura los hechos en función de los intereses de las élites que detentan el poder.

En última instancia, y no menos relevante, el problema no reside únicamente en lo que se dice, sino en aquello que se omite de forma sistemática

En última instancia, y no menos relevante, el problema no reside únicamente en lo que se dice, sino en aquello que se omite de forma sistemática. La ausencia de referencias al derecho internacional, el uso de un léxico deliberadamente atenuado y la falta de una adecuada contextualización ética contribuyen a construir un relato en el que determinados actos quedan desprovistos de la más mínima deontología periodística. Evocando aquella canción de la periferia que Los Chichos llevaron al imaginario popular, donde se repite el anhelo de “libre, libre quiero ser”, aludiendo a la lógica destructiva de la heroína, la metáfora resulta elocuente. La información puede operar de forma análoga, atrapando a amplios sectores de la población y conduciéndolos a normalizar una de las dependencias más insidiosas: la adhesión a marcos informativos que distorsionan la realidad.

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Eduardo Jiménez Fernández es Profesor Titular de Universidad, Departamento de Teoría e Historia Económica, Universidad de Granada.

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