La calidad de vida urbana y el necesario equilibrio en la prestación de servicios en todos los barrios de la ciudad; la conservación patrimonial y paisajística; el acceso a las nuevas formas de movilidad y accesibilidad y, en definitiva, los impulsos modernizadores son los grandes retos a los que se enfrentan las ciudades en la actualidad. Retos que deben enmarcarse en una planificación estratégica a corto, medio y largo plazo, y retos que, muy difícilmente, se pueden alcanzar en solitario.

Un gobierno democrático del territorio precisa un proyecto de innovación política, que supere el día a día y se plantee objetivos estratégicos que marquen su hoja de ruta

De ahí que buena parte de los impulsos estratégicos urbanos se dirijan a contemplar la consecución de algún reconocimiento o distinción temporal o permanente (Capitalidad cultural, Ciudad Educadora, etc.), así como a albergar la celebración  de algún gran evento, deportivo, cultural o diplomático (Cumbre de jefes de Estado, Olimpiada, etc..),  o a ser sede de algún organismo o entidad de realce nacional o internacional. Los objetivos de no pocas ciudades, actualmente, pasan por estas estrategias, que conciben la consecución del objetivo, incluso el propio proceso precedente, como el hito sobre el que hacer pivotar sus políticas y propuestas.

Los retos citados deben cuantificarse económicamente para determinar las inversiones públicas y privadas necesarias, así como su cobertura presupuestaria a medio plazo, y han de venir acompañados de un amplio proceso de participación e implicación ciudadana, para garantizar el consenso social sobre los mismos y la aceptación presente y futura de sus consecuencias. Unos procesos complejos, que deben intentar superar el cortoplacismo en el que suele desenvolverse la vida política local, pues el ámbito temporal de su desarrollo y ejecución excede, en mucho, el de una legislatura.

El recurrente argumento de "piensa en global, actúa en local" ha de amoldarse a la vista de los resultados de ciertas estrategias. En definitiva, nunca se debe dejar de lado la defensa de determinados derechos que conformen de manera unitaria un verdadero "derecho a la ciudad"

Por ejemplo, muchas ciudades buscan su icono arquitectónico. En el caso de Valencia, la Ciudad de las Artes, papel asimilable al Guggenheim en Bilbao. En Barcelona, los edificios de oficinas y hoteles en la nueva puerta al mar, con motivo del Forum Europeo de las Culturas del año 2004. En Berlin, la remodelada Postdamer Platz, tras la caida del muro, ya denominada coloquialmente Plaza Sony, y así sucesivamente. Una estrategia urbana que habiendo podido servir para determinadas coyunturas, justo es reconocerlo, en cambio devienen, una vez pasada la "fiebre", en nuevas problemáticas de convivencia, de carencias de servicios, incluso de marginación de ciertas zonas y de incapacidad política para abordar el "después", que viene acompañado de demandas que no se previeron en el momento de lanzar la propuesta estratégica.

Un gobierno democrático del territorio precisa un proyecto de innovación política, que supere el día a día y se plantee objetivos estratégicos que marquen su hoja de ruta. Ello resulta evidente. Y para ello, el territorio ha de ser competitivo, debe ser capaz de trabajar en red con otros territorios, y sustentarse, como ya he dicho, en un proyecto político compartido, y consensuado lo máximo posible. Y debe contar con un sujeto social que lo respalde y que garantice derechos presentes y desarrollos futuros, que sean sostenibles ambientalmente y se conjuguen con derechos de la cuarta generación, tales como movilidad, accesibilidad, participación, etc. No siempre es así, como ya he mencionado, y por eso, asistimos al declive de determinadas estrategias urbanas. Basta una mirada a cómo están, apenas un año después de los Juegos Olímpicos, muchas instalaciones y equipamientos urbanos en Río de Janeiro. Y cómo malvive buena parte de la población en dichas zonas.

Por todo lo mencionado, titulaba estas reflexiones de "nuevas y no tan nuevas" políticas urbanas. El recurrente argumento de "piensa en global, actúa en local" ha de amoldarse a la vista de los resultados de ciertas estrategias. En definitiva, nunca se debe dejar de lado la defensa de determinados derechos que conformen de manera unitaria un verdadero "derecho a la ciudad". Estamos hablando de garantizar derechos de ciudadanía plena a quienes viven, trabajan, residen, se desplazan o, en definitiva, usan la realidad urbana. Antes, durante y después del evento, del reconocimiento o del momento.

La condición de ciudadano representa, hoy día, un triple desafío para la ciudad, por tanto, para su gobierno local. Desde luego constituye ese desafío para las ciudades que se embarquen en las estrategias y alianzas mencionadas:

• Desafío político, en el sentido de desarrollar las políticas públicas que permitan el ejercicio de los derechos ciudadanos. Las políticas locales propias y las concertadas estratégicamente con las otras instancias superiores, a través de mecanismos diversos, como Plataformas, Mesas o Foros económicos y sociales de encuentro.
• Desafío social, o sea, impulsar políticas sociales urbanas que impidan desigualdades y promuevan igualdad. La ciudad es el espacio público de todos y todas y el escenario ideal para ese impulso.
• Desafío específicamente urbano, haciendo de la ciudad un entorno que dé sentido a la vida cotidiana de la ciudadanía, y hacerlo de toda la ciudad, y de sus barrios, su movilidad, sus monumentos, sus espacios públicos, de sus equipamientos sociales y culturales, etc.

El rol de los gobiernos locales constituye un desafío político no exclusivo de estos, sino que ha de ser compartido con el espacio de la sociedad civil y el espacio de la participación ciudadana, que debe constituir una política pública en sí, y dejar de ser una mera suma de prácticas burocráticas con apariencia participativa

El rol de los gobiernos locales constituye un desafío político no exclusivo de estos, sino que ha de ser compartido con el espacio de la sociedad civil y el espacio de la participación ciudadana, que debe constituir una política pública en sí, y dejar de ser una mera suma de prácticas burocráticas con apariencia participativa.

Finalizo señalando que el proceso que jamás puede darse por acabado es la relación entre las personas que existen en la ciudad, y la relación entre éstas y todo su entorno, su ciudad. Ese es un proceso infinito, por más que la miopía política de algunos regidores municipales, o el éxito momentáneo de la estrategia, pretenda ponerle puertas a ese campo. Nuevos habitantes, nuevas necesidades, nuevas costumbres, nuevos hábitos, requieren del gobierno de la ciudad nuevas perspectivas, nuevas respuestas y una constante capacidad de analizar la situación y, principalmente, de integrar en la acción de gobierno esas nuevas realidades.

La relación entre las personas y los elementos de la ciudad (viviendas, equipamientos, espacios e infraestructuras), así como la propia concordancia entre las personas, precisa de una ordenación dirigida a conseguir una convivencia democrática. Se trata de que la armonía, el respeto y la igualdad rijan una convivencia ciudadana donde el uso o el abuso que unas personas hacen de la ciudad, no limite ni condicione lo que puedan hacer otras. Y es que, considerar la evolución de la ciudad, como un proceso en permanente construcción es considerarla una escuela de democracia, en la que quedan apuestas como las aquí citadas, pero también donde prevalezca el equilibrio entre todos sus barrios a la hora de dotarlos de servicios y equipamientos ciudadanos y donde predomine la búsqueda de un comportamiento cívico que asegure el disfrute de las infraestructuras colectivas.

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Chema Rueda. Secretario general del PSOE de Granada capital.