La concejal de Vamos Granada Pilar Rivas ha alertado de la imposibilidad de aplicar el nuevo decreto-ley de Renta Mínima de Inserción Social aprobado por la Junta "si no se dota a los servicios sociales municipales, sobre los que recae su tramitación, de los necesarios recursos técnicos y humanos".

 

"Sobre el papel se puede solicitar desde el pasado 1 de enero, pero no está instalado el programa informático correspondiente en los centros de servicios sociales municipales ni se ha formado al personal, por lo que no se puede tramitar", indica Rivas, quien añade que la publicidad está creando un "efecto llamada" entre los posibles beneficiarios, cuando no se ha puesto el ensamblaje necesario para su aplicación.

 

Además, indica, al pasar la gestión de las ayudas a los servicios municipales, "se quedan al descubierto las competencias que sí le son propias, puesto que ya trabajan con unas plantillas muy mermadas".

 

La representante municipal reconoce que el decreto mejora algunos puntos del anterior programa, como los itinerarios sociolaborales, pero éstos "son ineficaces porque dejan en el individuo la culpa de no encontrar trabajo, cuando no hay políticas de empleo ni un mercado laboral que absorba la demanda por bien que se haga el itinerario".

 

Pilar Rivas, quien apunta que lo que recoge el decreto no es una renta básica, sino una "renta condicionada" porque los usuarios tienen que cumplir unos requisitos para recibirla, alerta de que en Granada hay unos 40.000 desempleados sin prestación, que son posibles beneficiarios.

 

"Es una falacia que el decreto-ley duplique el presupuesto si al final se renuncia al personal necesario para ponerlo en marcha", concluye.