Podemos Granada ha registrado ante el Ayuntamiento de Granada un requerimiento formal de acceso a documentación pública contractual, de ejercicio de las potestades de dirección, inspección y control del contrato, y de incoación de actuaciones de comprobación y depuración de responsabilidades en relación con la contrata de conservación de espacios verdes y arbolado urbano de la Zona B adjudicada a Eulen, así como respecto del nuevo contrato de jardines adjudicado en junio de 2025.

Este requerimiento, presentado por el portavoz morado, Salvador Soler, que a su vez ostenta la condición de abogado en activo, responde a una situación que considera de “extraordinaria gravedad política e institucional”. La documentación ya existente permite sostener, según Podemos, que concurren "indicios serios y persistentes de posibles irregularidades en la ejecución del servicio,” unidos a una actuación municipal “insuficiente, opaca y difícilmente justificable”. "No hablamos", afirma Soler, "de una mera incidencia administrativa, sino de una gran contrata pública sobre la que pesan dudas fundadas acerca de su correcta ejecución y del verdadero control ejercido por el Ayuntamiento".

Según el escrito registrado, del expediente se desprenden "indicios documentados de insuficiencia de medios humanos adscritos a la contrata, ausencia de sustituciones, posible merma del nivel de servicio y eventual utilización de medios personales o materiales sostenidos por la contrata en trabajos ajenos o no amparados por el canon".

La gravedad del asunto es mayor, dice Podemos, porque, "pese a la existencia de esos indicios, no consta que se haya facilitado de forma íntegra la documentación contractual y de ejecución necesaria” para comprobar cuestiones esenciales: la real adscripción de medios, la correspondencia entre certificaciones y la “posible utilización de personal de canon en trabajos extraordinarios o ajenos, o la eventual subcontratación prohibida”.

La confidencialiad no exime el escrutinio ciudadano

La "negativa municipal" a facilitar el nuevo contrato de jardines adjudicado en junio de 2025 "se ampara en una supuesta confidencialidad". Por eso, el requerimiento de Podemos Granada sostiene que esa posición "improcedente e ilegal, porque la confidencialidad contractual no autoriza a ocultar en bloque un contrato administrativo ni sus cláusulas esenciales y, no pueden quedar sustraídos al escrutinio ciudadano, político y jurídico mediante una invocación genérica de confidencialidad”, argumenta Podemos.

Para el portavoz morado, "la responsabilidad del gobierno municipal es directa. La alcaldesa y su equipo no pueden escudarse en la ignorancia, ni en la delegación interna, ni en la burocracia, cuando no se ha activado un control exhaustivo de la contrata ni se ha facilitado la documentación imprescindible para verificar su ejecución. Estamos ante una presunta dejación de funciones de control político y administrativo e, inactividad o insuficiencia en el ejercicio de las potestades de dirección, inspección y control del contrato”.

Además, afirma Soler, “si se acreditara que se mantuvieron pagos, certificaciones o situaciones contractuales irregulares a sabiendas y sin activar los mecanismos de control legalmente exigibles, podrían llegar a explorarse eventuales responsabilidades penales, compatibles en abstracto con hipótesis de prevaricación administrativa y, si hubiera perjuicio acreditado para fondos públicos o pagos indebidos consentidos, incluso con escenarios que obligarían a examinar posibles responsabilidades en materia de malversación o administración desleal de caudales públicos. Estas posibilidades exigen máxima cautela, pero no pueden descartarse sin una investigación seria".

Por ello, exige el portavoz morado, “es imprescindible la apertura formal de un expediente de comprobación y control contractual y, llegado el caso, la adopción de medidas como penalidades contractuales, regularización económica, reintegro, exigencia de daños y perjuicios y valoración de la resolución contractual”.

Concluye Salvador Soler que el Ayuntamiento de Granada "no puede seguir actuando como si aquí no pasara nada. La ausencia de control es incompatible con la defensa del interés público y general”. Por ello, "se debe proceder a la apertura urgente de un expediente de comprobación y la depuración de todas las responsabilidades y, en su caso, judiciales que pudieran derivarse”.