El Grupo del PP en el Ayuntamiento de Granada ha denunciado que 3.550 familias granadinas conforman la lista de demandantes de vivienda social en la capital, mientras en el año 2017 la ciudad tan solo fue beneficiaria de 16 viviendas sociales de la Junta de Andalucía.

Una pregunta formulada en el mes de enero por el Grupo Popular a la concejal de Derechos Sociales, Jemi Sánchez (PSOE), y contestada cinco meses después, revela "la falta absoluta de viviendas sociales para familias en exclusión social en la ciudad de Granada", según ha indicado en una nota el concejal del PP Fernando Egea.

La Junta es la que debe facilitar viviendas o ayudas para que las familias sin recursos "puedan tener un techo" en el marco de las competencias autonómicas. "Sin embargo, en los últimos años, han ido decreciendo los pisos que la Consejería de Vivienda facilita a las familias para atender esta necesidad", ha agregado Egea.

La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía gestiona en la ciudad unas 2.000 viviendas, sobre todo, en la zona norte de la capital, "viviendas que han presentado numerosos problemas de mantenimiento, de ocupaciones ilegales, ventas fraudulentas o incluso cultivos ilegales".

"Estos problemas, que siguen enquistados, no se han resuelto en los solares habilitados para construir nuevas viviendas, que se han dedicado a huertos urbanos que lejos de ser provisionales se han quedado como permanentes, saltándose la legalidad urbana de estas fincas e incumpliendo el compromiso de ampliar el número de viviendas que tan necesarias son", ha apostillado Egea.

Desde el Ayuntamiento de Granada "solo se han dedicado a declaraciones simbólicas, como la declaración de ciudad libre de desahucios, lo que no deja de ser palabrería falsa que no ha sido real, puesto que no se ha obtenido apoyo por parte de la Junta en estos temas ni se han puesto en marcha nuevas aportaciones".

Fernando Egea ha informado que, en 2017, se atendieron 438 casos relacionados con riesgo o pérdida de vivienda. "De esos, 260 fueron nuevos casos abiertos en ese año, pero casi ninguno obtuvo vivienda por parte de la Junta", ha detallado el edil del PP.

Igualmente, el 25 por ciento de los casos son unidades familiares con riesgo de pérdida de vivienda por impago de hipoteca, el 55 por ciento por desahucio por impago de alquiler y un 19 por ciento por grandes problemas para el pago mensual. Esta casuística es atendida por el Ayuntamiento de Granada con ayudas propias, pero sin apoyo de la Consejería de Vivienda.

"El informe citado en respuesta a la pregunta del grupo popular revela que solo 16 pisos se han puesto a disposición de familias en todo 2017 y solo lo han sido dentro de la llamadas de urgencia donde la lista también sigue contando a más de trescientas familias", ha explicado el concejal.

A juicio de Egea, esto es "gravísimo" cuando además las convocatorias de ayudas para el alquiler son "escasas, complicadas de solicitar por los usuarios y de tramitar por los funcionarios, y enormemente lentas en conceder y más aún en cobrar".

Desde que se convocan hasta que se pagan transcurren dos años y medio lo que lleva a familias en riesgo social "a la desesperación". Los datos de esa respuesta también revelan que se cedieron cuatro viviendas de la empresa pública Visogsa, dependiente de la Diputación Provincial, según la información facilitada por el PP.