El PSOE de la capital pide tres años de prisión y un total de 19 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para María Francés y Eduardo Moral por las contrataciones fantasma de personas afines al PP en Emucesa, la empresa del cementerio municipal. Son las penas recogidas en el escrito de acusación presentado por los socialistas, que ejercen la acusación particular en este caso, para los que fueran consejeros delegados del PP en Emucesa. A los dos los acusa de prevaricación continuada y malversación.

Junto a los dos representantes del PP, el escrito acusa también a cinco personas contratadas. Para una de ellas pide atenuantes por haber reintegrado lo percibido. El escrito de acusación excluye al gerente de la empresa, que ha sido investigado en la causa.

"Ejerciendo sus funciones de consejeros delegados en forma fraudulenta y con la intención con toda probabilidad de liberarlos para realizar funciones totalmente diferenciadas y sin vinculación alguna con Emucesa contrataron, firmaron, pagaron y crearon la ficción de la existencia de una relación laboral con esta empresa" a cinco personas.

En todos los casos ha quedado acreditado, según expone el escrito de acusación del PSOE, que "no prestaron servicios reales y efectivos para la empresa Emucesa, ni acudieron a sus centros de trabajo, ni tenían encomendado un trabajo específico, real y ubicado en lugar concreto; muy al contrario como concluye el grupo de delitos económicos en su informe de 14-03-2018, página 25, todos los contratados estaban vinculados al Partido Popular en el tiempo en que esta organización gobernaba el Ayuntamiento de Granada y por lo tanto designaba los integrantes del órgano de gobierno de Emucesa; durante el tiempo de sus contratados realizaban así mismo labores en el Ayuntamiento en beneficio de su equipo de gobierno". 

"Se puede sostener con rotundidad y certeza que estas contrataciones eran ficticias y se realizaban con el propósito de liberar, con cargo a fondos públicos, a determinadas personas que en realidad trabajarían directamente en beneficio del entonces equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada gobernado por el Partido Popular".

En este punto, los socialistas recuerdan que, "aún cuando a la fecha en que ocurrieron los hechos no había entrado en vigor la Ley Organica 1/2015 de reforma del Código Penal y con ella la tipificación como delito de la financiación ilegal de los partidos y organizaciones políticas, se puede establecer claramente una relación directa entre estas contrataciones, en todos los casos de personal afín de la organización del Partido Popular, y la financiación de las actividades de esta agrupación política".

En total, el conjunto de estas contrataciones fraudulentas ocasionó un gasto de 318.831 euros a la empresa municipal. 

Los hechos relatados constituyen, según expone el escrito de acusación, un delito continuado de prevaricación del artículo 404 del Código Penal, en su relación con el artículo 74; y uno de malversación del artículo 432 del Código Penal, en su redacción actual de la Ley Orgánica 1/2015 o en la precedente de la Ley Orgánica 10/1995, por resultar sus efectos y aplicación muy similares. Y también, un delito en la obtención en prestaciones de la seguridad social del articulo 307 tercero del Código Penal.

"En todo este asunto, el señor Pérez le ahorró a su partido, a base de contratar en Emucesa a personas que solo estaban para trabajar para el partido, más de 335.000 euros que hemos tenido que pagar entre todos. Y este es el modo de trabajo que aspira a volver a gestionar el Ayuntamiento de Granada y por el que algunos partidos están dispuestos a  apostar, a pesar de todos los precedentes que hemos tenido en Granada, una ciudad castigada por la corrupción política y que tiene al PP señalado como uno de los partidos más corruptos del país", ha agregado.