Opinión

'Reforma laboral, mejor pactada que impuesta'

Política - Juan José Martín Arcos - Jueves, 20 de Enero de 2022
Juan José Martín Arcos, parlamentario andaluz del PSOE y vocal en la Comisión de Empleo, defiende el valor del acuerdo sobre la reforma laboral y las mejoras que introduce frente a una legislación impuesta en 2012 por el Gobierno del PP "desde la más absoluta ausencia de diálogo social".
Imagen de archivo de trabajos de remodelación en una vía.
IndeGranada/archivo
Imagen de archivo de trabajos de remodelación en una vía.

En la última Comisión de Empleo del Parlamento tuve la oportunidad de intervenir en un debate sobre la mediación laboral en Andalucía. Un debate, y no es lo habitual en todos los partidos, estuvo enfocado a destacar la importancia de llegar a acuerdos cuando hay conflictos laborales. Y es que -como consecuencia de los cambios que surgieron en el mercado laboral, especialmente desde 2012-, cada vez fueron más los conflictos que se originaron en el lugar de trabajo, de aquí la importancia de la mediación laboral y que la palabra más pronunciada en dicho debate fuera ‘acuerdo’.

En el 2012 se reformó la legislación laboral de manera unilateral, sin contar con el acuerdo, sin proceso previo de consulta con las organizaciones empresariales y sindicales. Quedó en evidencia que la voluntad del PP era debilitar el diálogo social

Precisamente lo que no tuvo la Reforma Laboral de 2012 del PP que, cegado por rodillo de la mayoría, legisló desde la más absoluta ausencia de diálogo social. Todo lo contrario que los grupos parlamentarios alabamos en el debate andaluz, donde incidimos en la necesidad de un diálogo social, de mediación y de acuerdos. En el 2012 se reformó la legislación laboral de manera unilateral, sin contar con el acuerdo, sin proceso previo de consulta con las organizaciones empresariales y sindicales. Quedó en evidencia que la voluntad del PP era debilitar el diálogo social.

También lo contrario que en el proceso de reforma laboral actual, que podríamos decir que ha sido como un parto difícil, especialmente tras los 9 meses de negociaciones entre Gobierno, sindicatos y patronal.

Es cierto, no deroga la Reforma Laboral impuesta por Rajoy en 2012, pero es una reforma imprescindible porque incluye cambios de calado en la negociación colectiva, en la contratación, en la temporalidad, puesto que intenta acabar con el incumplimiento generalizado en la contratación temporal y establecer el mecanismo ERTE como respuesta estructural de flexibilidad interna en futuras crisis. 

El primer aspecto fundamental de esta reforma se refiere a la negociación colectiva que recupera su papel central para contribuir a la mejora de las condiciones de trabajo en la negociación de convenios.

Por una parte, mientras un convenio colectivo caducado se negocia su renovación, éste seguirá estando en vigencia y sin límite de tiempo, por tanto, se recupera la ultraactividad. Antes de ello, cuando se producía la supresión del convenio a los 12 meses de su término si no había acuerdo para su renovación, sus condiciones se incorporaban de manera individual al contrato de trabajo, mientras que trabajadores llegados a la empresa con posterioridad no podían contar con las mismas condiciones que sus predecesores, ya que su convenio es posterior al convenio que decayó, generando una gran desigualdad en el seno de las empresas. Esto hacía que muchas empresas no quisieran renovar un nuevo convenio porque la perdida de ultraactividad siempre les beneficiaba, quedando los trabajadores condenados a muchos años sin renovación y sin un salario digno.

Por otro lado, y en relación al salario, se deroga la prevalencia salarial de los convenios de empresa, o dicho de otro modo, tendrán prioridad los convenios sectoriales sobre los convenios de empresa en cuestiones salariales, lo que permitirá un crecimiento de los salarios, corrigiendo la deflación salarial provocada especialmente por la anterior crisis.

Otro punto acordado afecta a la subcontratación, de la cual se ha abusado para reducir costes, especialmente en detrimento de los trabajadores, y que con esta reforma, las subcontratas tendrán que aplicar el convenio colectivo sectorial de la actividad realizada y no el de la empresa subcontratista, sólo siendo aplicable si mejora las condiciones salariales del sector.

El segundo punto importante está relacionado con el intento de reducir la temporalidad de los contratos, sobre todo porque tenemos un mercado de trabajo dual donde hay una elevada temporalidad que afecta al 32% de los trabajadores de la provincia de Granada, según la última EPA, estando por encima de la ya elevada tasa española del 26%

El segundo punto importante está relacionado con el intento de reducir la temporalidad de los contratos, sobre todo porque tenemos un mercado de trabajo dual donde hay una elevada temporalidad que afecta al 32% de los trabajadores de la provincia de Granada, según la última EPA, estando por encima de la ya elevada tasa española del 26%; y esa es la gran asignatura pendiente, reducir la brecha con la media europea que está en el 13%, que dicho sea de paso, es lo que nos pide aprobar Bruselas a cambio de los Fondos Europeos, puesto que duplicamos en España el porcentaje de trabajadores temporales con respecto a Europa.

En este objetivo de reducir la temporalidad se modifican los tipos contractuales, donde a partir de ahora, la normalidad será los contratos fijos y, por el otro lado, los contratos temporales serán la excepción permitiendo sólo 2 modalidades de contratos temporales: por circunstancias de la producción en la que se necesiten contratar temporalmente más trabajadores o formativos a jóvenes de hasta 30 años. Igualmente, se introducen cambios en el régimen sancionador enfocados a combatir el incumplimiento de la normativa en la contratación temporal. 

Y el tercer cambio hace referencia al mantenimiento y mejora del mecanismo de los ERTEs, que han evitando millones de despidos durante la pandemia, creando el Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización de Empleo para situaciones excepcionales, que permitirá mantener a los trabajadores sin despedirlos y financiará con ayudas públicas prestaciones, exoneraciones y formación a través del Fondo Red.

Si comparamos esta reforma con la del PP, más allá del diálogo y el acuerdo, resulta que frente a la precarización del empleo y la devaluación salarial promovida con anterioridad, se apuesta ahora por la estabilidad y los sueldos dignos entre los trabajadores, lo que tendrá un impacto muy positivo en la eficiencia económica de las empresas.

Ahora, la reforma laboral acordada a través del dialogo social, debe ser convalidada en el Congreso. Es hora de poner en práctica toda alabanza al acuerdo como bien ejemplificaba al inicio con el debate producido en la cámara andaluza sobre la mediación laboral, y que los partidos que a día de hoy no están a favor de apoyar la nueva legislación laboral, rectifiquen y se sumen al acuerdo entre los verdaderos protagonistas, sindicatos y patronal.

Por último me toca pedir sensatez y sentido de Estado a los partidos del ‘NO’, porque es mejor una reforma pactada que cualquier reforma impuesta. 

Juan José Martín Arcos, parlamentario andaluz y vocal en la Comisión de Empleo