Acaba de ser noticia en los medios de comunicación que la Consejería de Transformación Económica, Industria Conocimiento y Universidades ha puesto a disposición de la Universidad de Granada un montante de 24,34 millones de euros para hacer frente al impacto económico que la pandemia del Covid-19 ha tenido en la organización de este curso y para acometer inversiones en infraestructuras que fomenten la actividad económica. Si bien todo lo que sea inyectar fondos a la educación superior andaluza es una medida plausible, conviene hacer algunas aclaraciones sobre los mismos para entender la tesitura actual de nuestras universidades públicas y aclarar la procedencia de esos ingresos.

El Gobierno de España constituyó el Fondo Covid con un presupuesto de 16.000 millones de euros que ha puesto a disposición de los gobiernos autonómicos, de los cuales 2.000 millones están destinados al tramo educativo con una distribución del 80 por ciento para educación primaria y secundaria y del 20 por ciento para la educación superior. De esos fondos, Andalucía capta 383,8 millones de euros para el sistema educativo en su conjunto, por lo que en las universidades se llegó a pensar que 76,76 millones de euros (esto es el 20 por ciento de la cantidad mencionada) irían destinados a ellas. Sin embargo, las universidades no van a recibir esa cantidad de dinero sino 15 millones menos. La merma presupuestaria es justificada por parte del gobierno autonómico al considerar la formación profesional y las enseñanzas artísticas y musicales como parte de este bloque presupuestario y no de otro. Por tanto, finalmente han sido 61 millones de euros los destinados a las universidades públicas andaluzas procedente del Fondo Covid estatal, que se han distribuido tomando como referencia el número de alumnos de cada universidad. 

La UGR, con un peso del 21,69 por ciento por sus 52.447 estudiantes, obtiene así 13,17 millones de euros de dicho fondo nacional. Los 11,17 millones que faltan, hasta completar el total de los 24,34, se enmarcan en el Plan de Inversiones de la Consejería de Universidades y provienen de los remanentes de las propias universidades (por tanto, son partidas ya asignadas a las universidades en presupuestos anteriores que están comprometidas con el impulso o adecuación de infraestructuras). Este año el Gobierno andaluz ha autorizado un gasto de 165 millones con cargo a estos remanentes.  

Para frenar los efectos de la pandemia la Junta creó una fondo de Emergencia Social y Económica dotado con 700 millones, al que las universidades públicas andaluzas tuvieron que aportar cerca de un 20 por ciento, cuando representan solo el 3,5 por ciento del presupuesto andaluz

Recordamos que, para frenar los efectos de la pandemia, la pasada primavera la Junta de Andalucía creó un fondo de Emergencia Social y Económica dotado con 700 millones, al que las Universidades Públicas andaluzas tuvieron que aportar cerca de un 20 por ciento de esta cantidad, cuando de los presupuestos de la Junta de Andalucía las universidades representan solo el 3,5 por ciento. Esto supone una contribución neta de 135 millones por parte de las universidades a dicho fondo. Para evitar el colapso inmediato de las mismas derivado del drástico recorte, el Gobierno autonómico dictaminó que las propias universidades asumiesen estos 135 millones de financiación básica con cargo a sus remanentes no afectados. En consecuencia, a partir de este momento, estamos ante un dinero procedente de las cajas de las propias universidades, que ya no se usará para lo que fue inicialmente destinado sino para asumir gastos corrientes, como ya ocurrió en 2019. 

El presupuesto de la Universidad de Granada es de 480 millones de euros, de los cuales ha de implementar 21 millones de sus propios remanentes por las razones ya expuestas. Por tanto, la situación actual podría resumirse en los siguientes términos:

- De los presupuestos ordinarios de la Junta de Andalucía no ha salido un solo euro destinado a este paquete de 24,34 millones que va a recibir la UGR. De hecho, ese dinero que la Consejería pone a disposición de las universidades proviene directamente de las arcas del gobierno central y de las propias universidades, exclusivamente.  

- La decisión de reducir a 61 millones la aportación de los referidos 76,76 millones de los fondos nacionales supone para la UGR una pérdida de financiación de más de 3 millones de euros.

- De los fondos presupuestarios de la Junta de Andalucía no han salido los 21 millones que necesita la UGR para completar los 480 millones de euros que le corresponden (de ahí el recorte). Es la propia universidad la que ha de asumirlos de sus remanentes no afectados. En consecuencia, si ahora la UGR obtiene por esta vía 11,17 millones de euros (como parte del paquete de los 24,34 millones de los que hablamos) eso significa que nuestra universidad, a estas alturas del curso, está 10 millones por debajo de los 480 que presupuestariamente le correspondían. Ello, pese haber perdido la práctica totalidad de sus remanentes y tener que afrontar un curso en el que los gastos son extraordinarios por desarrollarse en plena pandemia. 

La situación de otras universidades andaluzas es similar. Por eso ha irritado tanto a los universitarios, y en consecuencia a los rectores, que en estas circunstancias la Junta de Andalucía haya desviado 11 millones del Fondo Covid (dotado desproporcionadamente con 135 millones de las universidades como decíamos) para suplir la falta de ingresos por publicidad de la cadena de televisión pública andaluza (Canal Sur). Este enorme descontento propició la ya viral frase el rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, dirigida al consejero andaluz de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades en el acto de apertura del presente curso: “Por muy importante que sea El show de Bertín (…) más importante es la educación superior de los andaluces, su desarrollo científico y la capacidad de innovación de sus empresas”.

En el caso de Granada esto se añade al malestar provocado por la prohibición unilateral de las clases presenciales temporalmente cuando el número de alumnos contagiados de COVID (236 en lo que va de curso), considerando la Universidad como una ciudad de 52.447 habitantes (que son los estudiantes), daría una tasa de contagio por cada 100.000 habitantes de 450 (esto sería suponiendo que todos los alumnos que han dado positivo desde septiembre a esta parte estuviesen infectados en este momento). Esta cifra queda lejos de las tasas que se manejan en la provincia que, con demasiada frecuencia, sobrepasan el millar o lo rondan. Esto muestra el sinsentido de haber puesto el foco de actuación en las aulas universitarias (que no en otras) en lugar de ponerlo en los sitios adecuados.

En cualquier caso, los desencuentros del gobierno de la Junta de Andalucía con la comunidad universitaria son continuos. Por ello, algunos medios hablan abiertamente de la rebelión de los rectores, ante la falta de apoyo, por no hablar de agravios, que desde hace ya tiempo las instituciones universitarias perciben por parte del ejecutivo andaluz. Las universidades públicas son una de las joyas de la corona de esta comunidad autónoma y desampararlas es una política equivocada que conviene rectificar cuanto antes.

María Victoria Velasco, secretaria de Universidad del PSOE de Granada 

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