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Un nuevo informe policial estrecha el cerco sobre José Torres Hurtado e Isabel Nieto

UDEF: 'El empresario utiliza la influencia personal de la concejala de Urbanismo para obtener favores y un trato preferencial'

Política - Redacción El Independiente de Granada - Domingo, 26 de Febrero de 2017
La Brigada Central de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción entrega a la jueza que instruye el caso Nazarí el informe con el análisis de la documentación intervenida al constructor Roberto García Arrabal, uno de los investigados por su presunta vinculación con la trama urbanística destapada.
Detalle del informe de la UDEF.
Detalle del informe de la UDEF.
"El modus operandi del grupo para realizar las actividades ilícitas detectadas es el siguiente: al empresario le surge un problema u obstáculo en un procedimiento urbanístico, concesión administrativa o licencia solicitada en concreto donde la normativa urbanística o el procedimiento administrativo a aplicar es contraria a los intereses del empresario, dicho problema se lo plantea a la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, la cual requiere al poco tiempo en una reunión, normalmente a altos cargos de Urbanismo, para que se busque una solución al problema planteado por el empresario, solución que favorece los intereses del empresario en contra de los intereses públicos". 

Es una de las conclusiones de un nuevo informe policial elaborado por la Brigada Central de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción incorporado a las investigaciones sobre la presunta trama urbanística en el Ayuntamiento de Granada durante los años de gobierno de José Torres Hurtado. 

El informe analiza la documentación intervenida en los registros al domicilio y a las sedes de las empresas de Roberto García Arrabal, uno de los constructores investigados, además de los reveladores correos electrónicos que este intercambió en su día con la ahora exconcejala de Urbanismo Isabel Nieto, de los que ya informó El Independiente de Granada al revelar el sumario, y se centra en tres de las ocho operaciones urbanísticas en entredicho: la Operación Campus, el Pabellón Mulhacén y el edificio Progreso.

Fechado el 10 de febrero, el documento que detallamos en esta información abunda en el trato de favor al empresario y constata irregularidades en algunas de las adjudicaciones y tramitaciones de expedientes, con modificaciones de las condiciones de los pliegos, como en el caso del Pabellón Mulhacén; obteniendo licencia de obras y de primera ocupación aunque las edificaciones sobrepasaran la altura estimada en el plan parcial, como es el caso del Campus de la Salud; o cambiando garajes por salas de reuniones, como en el edificio Progreso, "interpretando la norma a favor del promotor". Entre las sociedades del promotor que aparecen citadas, Fontdeis SL o Inversiones Área Sur SL. 

Detalle del informe de la UDEF incorporado a las investigaciones. 

Las principales conclusiones del nuevo informe de la UDEF:

  • "Roberto García Arrabal ha dispuesto de dinero B o dinero fuera del circuito legal procedente de compraventas".
  • "El empresario estaría intercambiando a través de correos electrónicos cierta información y llegando a acuerdos con la concejal de Urbanismo, además de solicitar favores y ayuda en temas relacionados con sus proyectos urbanísticos".
  • "La comunicación se produce mediante correos a cualquier hora y día, incluso fines de semana, sobre todo por parte de Isabel Nieto, lo que denota un trato directo entre concejal y empresario en interés personal en los temas tratados con Roberto García Arrabal".
  • "La concejal y el empresario tratan de ocultar su relación amistosa de cara al público en general".
  • "En estas comunicaciones se hace referencia al alcalde y a la necesidad de informarle y el interés de este por estar informado". 

Sobre el supuesto uso de dinero B por parte del constructor:

  • El nuevo informe de la UDEF revela un documento manuscrito intervenido, referido a un acuerdo privado entre el promotor y otras dos personas, que detalla pagos en B. Se trataría, según la Policía, de la venta de una sociedad, procediendo de ese modo para eludir el pago de impuestos, "incurriendo en un fraude a la Hacienda pública". La UDEF señala también que podría tratarse también de un intento de reintroducir en el mercado legal ese dinero, en cuyo caso, advierte, se habría cometido un delito fiscal y "podríamos estar hablando de un posible delito de blanqueo de capitales".

"Abundando en la relación entre empresario y concejal, ya se han analizado en apartados anteriores los correos electrónicos que denotan que habría una relación personal más que puramente profesional, y en los que se observa que el empresario utiliza la influencia personal de la concejal de Urbanismo para obtener favores y un trato preferencial como en este caso del cambio de uso de apartamentos turísticos a residencial plurifamiliar, que es propuesto por los servicios técnicos de la Concejalía de Urbanismo tramitándose y comunicándose la respuesta de posibilidad de cambio de uso tres días después", señala el informe sobre una de las operaciones investigadas, la del Edificio Progreso -o Be Suites-.

 

Sobre la Operación Campus: 

 

  • La sociedad Inversiones Área Sur SL pretendía construir una residencia universitaria de tres plantas que incumplía las dos fijadas en el plan parcial. "Se alteran las condiciones urbanísticas que establece el Plan Parcial PPS2 Campus de la Salud al incrementar el número de plantas que se pueden construir , de dos a tres, mediante un Estudio de Detalle que aprueba la Junta de Gobierno Local a pesar de los informes técnicos desfavorables y en contra de la LOUA".
  • Existen informes favorables y desfavorables. Se detecta un cambio de técnico, "dejando de informar D.M.M.P. y haciéndolo J.C.G.M. cambiando el criterio de los informes sobre la construcción de la residencia". El nuevo informe "ya permite la construcción de la residencia con el único condicionante del cumplimiento mínimo para el uso característico de la parcela DP1, uso equipamiento comunitario deportivo". 
  • El informe de la UDEF refiere que el hijo de Manuel Lorente -destacado funcionario de Urbanismo investigado en la causa- es "socio" de las dos sociedades que explotarían las instalaciones deportivas y comerciales de las parcelas. 

Sobre el Expediente Mulhacén:

  • El pliego de condiciones para construir el pabellón deportivo, zona comercial-terciaria, pistas de tenis o pádel, y aparcamientos fue "alterado" en relación con las pistas de pádel. "La eliminación de las pistas de pádel o tenis fue a consecuencia de la exigencia de la sociedad McDonald's para que entrara en vigor su contrato de arrendamiento con Fontdeis y no obedece a un interés público sino más bien particular, para dar cabida al negocio" de la hamburguesería. La eliminación fue "consensuada" entre la sociedad, la concejala de Urbanismo asesorada por uno de los funcionarios investigados. También se eliminan los aparcamientos subterráneos para "abaratar los costes". Finalmente se construyen plazas de aparcamiento en superficie que utiliza la hamburguesería. Del pabellón deportivo se eliminaron instalaciones como los vestuarios, pese a que eran imprescindibles para el funcionamiento proyectado.
  • "La concejal de Urbanismo era informada directamente por García Arrabal de las modificaciones que se pretendía realizar sobre la concesión administrativa y desde los servicios técnicos y jurídicos de la Concejalía, con conocimiento de Isabel Nieto, se justificaron y aparentemente se legalizaron todas y cada una de dichas modificaciones".

Sobre el Edificio Progreso

  • Los grandes cambios que se dan esta operación, autorizando el uso complementario como residencial plurifamiliar con el inicial de apartamento turístico se hacen siguiendo las indicaciones de responsables de Urbanismo. La solicitud se envía a Obras Municipales, que no era el departamento encargado.
  • Nuevas irregularidades: el estudio de la documentación ha hecho aflorar la legalización de una sala de reuniones en una planta subterránea del edificio, en los locales que se iban a destinar a la sede del Colegio de Médicos. "La implantación de las salas de reuniones en lugar de los aparcamientos y almacenes proyectados supone un beneficio para el promotor, la sociedad Inversiones Área Sur SL, al poder incrementar el precio de venta de la superficie destinada en principio a aparcamientos al ser destinada a salas de reuniones cuyo precio de venta es superior a los mencionados aparcamientos". En este sentido, la UDEF señala que el criterio sobre los usos bajo rasante es "muy variable", optando "siempre" por "favorecer los intereses del constructor".  
"La solución adoptada en los expedientes investigados es siempre a favor de los intereses del empresario, aunque para ello se interprete de forma torticera la normativa urbanística o de procedimiento urbanístico y se justifique la solución adoptada con los informes técnicos y jurídicos pertinentes de cada una de las áreas o servicios urbanísticos involucrados, para ello los propios altos cargos realizarían dichos informes o tienen a funcionarios conniventes que los elaborarían siguiendo sus instrucciones", así lo indica la Policía, reafirmando tras el análisis de la documentación las supuestas irregularidades que ya detalló en los primeros informes incorporados al caso. 

Imagen de la sede de la constructora al poco de los registros. p.v.m.

El alquiler de la sede del PP, 8.000 euros al mes más 3.000 por los muebles

Entre la documentación intervenida figuran también detalles del alquiler de la sede del PP, ubicada en uno de los edificios cuya construcción está siendo investigada. Cuando trascendió que el conocido como edificio Progreso formaba parte de este caso, el PP se apresuró a señalar que no es de su propiedad y que la ocupa en régimen de alquiler. La sede fue ya objeto de investigación, por la Audiencia Nacional y por un juzgado granadino, en ambos casos archivada.

Esos contratos de alquiler figuran efectivamente en la abundante documentación del caso. Están un primer borrador, con un precio algo mayor que el que figura en los contratos firmados entre los representantes del PP y el promotor. Son dos: uno de ellos por el alquiler del inmueble, y el otro por los bienes muebles. El primer con la rúbrica de Sebastián Pérez, encargado como presidente provincial de firmar el alquiler de la sede, por la que el partido paga 8.000 euros mensuales. Podrá ejercer en su día opción a compra -de 1,8 millones-. El otro contrato está firmado por Francisco Almohalla, de 3.000 euros al mes.

Además hay otro documento, intervenido al promotor, en el que se detallan el presupuesto de las obras que hizo en su día para acondicionar la que luego sería la sede del partido, que asciende a medio millón de euros.

Algunas de las revelaciones de la investigación del Caso Nazarí publicadas por El Independiente de Granada: