El ruido de las maletas rodando por el asfalto apenas es molesto en comparación al que hacen cuando golpean contra el empedrado. Un viernes o un sábado o un martes más en el Albaicín. Podría ser el Sacromonte, el Realejo o cualquier calle del centro. Los domingos las viviendas y los apartamentos turísticos se vacían y los inquilinos temporales dejan las bolsas con la basura acumulada de días en las pocas papeleras del barrio. La panadería cerró, el supermercado cerró, el bar de siempre cerró y, lo más preocupante, el centro de salud cerrará. A cambio tiendas de souvenir, “gastrositios”, o súper exprés abiertos de lunes a domingo con precios abusivos.

El turismo en estos barrios actúa como una centrifugadora que separa al turista de los vecinos y vecinas que se ven obligados a marcharse. Las razones de esta huida o marcha obligada pueden ser económicas, por falta de servicios esenciales o de accesibilidad

Esta es solo una pequeña parte de la realidad de algunos de nuestros barrios, especialmente los históricos, los que albergan la mayor parte de nuestro patrimonio. Lo que ocurre en Granada no ocurre solo en Granada, ocurre igualmente en otras ciudades turísticas. El turismo en estos barrios actúa como una centrifugadora que separa al turista de los vecinos y vecinas que se ven obligados a marcharse. Las razones de esta huida o marcha obligada pueden ser económicas, por falta de servicios esenciales o de accesibilidad. Difícilmente se puede seguir viviendo en lugares que duplican en poco tiempo los precios del alquiler (si acaso es que hay alquiler disponible), cierran centros de salud (Fortuny Velluti) o a los que es imposible acceder porque los autobuses urbanos necesarios para llegar a sus viviendas los ocupan turistas.

Como decía, esto no hace a Granada diferente a ninguna otra ciudad turística. Lo que cambia es la gestión que se hace de la situación. Las diferentes administraciones, especialmente la autonómica y la local tienen competencias en prácticamente todo lo que tiene que ver, de forma directa o indirecta, con el impacto del turismo en nuestras ciudades. En el caso de la Junta de Andalucía, la administración que vuelve a presidir el recién elegido Moreno Bonilla, tiene competencias para regular los apartamentos turísticos o para establecer una tasa turística que minimice o amortigue en nuestros municipios el impacto del turismo. Sobre esta u otras cuestiones, hasta el momento, no se ha hecho nada.

En el caso del Ayuntamiento, la alcaldesa Carazo tiene competencias directas para la regulación de la vivienda turística, por ejemplo. También para otros asuntos en los que el turismo incide de forma especial. Es el caso de la movilidad, los vecinos y las vecinas del Albaicín no pueden acceder a sus viviendas porque las líneas que conectan su barrio están a diario copadas por los turistas. O el comercio de cercanía, que se ve abocado a cerrar porque no tiene la necesaria colaboración de su administración más cercana.