La Junta cede a la presión de la hostelería y sólo toma medidas en la UGR para contener la pandemia en Granada
En la lucha contra el Covid va ganando por goleada el peso de la economía. Ha quedado patente este martes con las medidas acordadas por la Junta de Andalucía para frenar la pandemia en la ciudad de Granada donde, con una tasa que alcanza en los últimos 14 días los 612,1 casos por cada 100.000 habitantes, las restricciones sólo afectan a la Universidad.
El Gobierno andaluz ha cedido a las presiones del sector hostelero y no sólo dejó pasar el Puente del 12 de octubre para contener los contagios, sino que ha evitado imponer restricciones de horarios o aforos a locales. Para frenar el repunte de positivos que viene registrándose en la capital, que en las dos últimas semanas ha sumado 1.423 casos, ha decidido suspender las clases presenciales en la UGR. A partir del jueves el estudiantado de las facultades y escuelas universitarias de Granada no podrá acudir a sus centros y deberá seguir online el plan de estudios. Eso ocurre cuando todavía no llevan un mes de curso académico, pues se abrió el 21 de septiembre.
La Junta lo justifica en que la mayor parte de los contagios se producen en el ámbito universitario. Ha venido abonando el terreno y la pasada semana, en la antesala de largo fin de semana festivo, el propio consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, culpó a los universitarios del descontrol de la pandemia en la capital, en unas palabras -que repitió al día siguiente- que llevaron al alcalde, Luis Salvador, a comparecer con una vicerrectora y pedir que no se criminalizara a los estudiantes.
Desde el inicio de las clases universitarias, según los datos de la UGR, se han detectado 236 positivos entre el alumnado. Según destaca la institución, no ha habido brotes en facultades ni escuelas universitarias. No ha sido necesario cerrar aulas. Los focos han sido detectados, como la Junta viene informando, en residencias universitarias. 150 contagios en 7 residencias en los últimos días, es el dato que ha facilitado este martes el portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, que ha evitado utilizar la tasa de incidencia actualizada de Granada y ha seguido hablando de 501 casos por 100.000 habitantes, los que había el pasado viernes.
La Junta argumenta que la decisión está avalada por el comité de expertos que la asesora y que el objetivo es restringir la movilidad de los miles de estudiantes que integran la comunidad universitaria granadina.
"Dejan los bares abiertos y cierran las aulas, las bibliotecas y los laboratorios", lamenta la rectora de la UGR
La medida ha supuesto un mazazo para la institución académica, cuya rectora, Pilar Aranda, no ha ocultado su enfado. "Me entristece profundamente que se valoren más los bares que la vida universitaria y la formación. Dejan los bares abiertos y cierran las aulas, los seminarios, las bibliotecas y los laboratorios", ha afirmado con contundencia tras hacerse pública una decisión que sólo le había enunciado el consejero del ramo, Rogelio Velasco, y que se ha adoptado sin el concurso de la institución académica. Por ello ha considerado que se ha conculcado el principio de autonomía universitaria y ha llegado afirmar que estudiaría la orden que se debe publicar en BOJA para analizar "el amparo legal" de la decisión.
La UGR es "una universidad segura", ha dicho con contundencia la rectora, que ha recordado que se han invertido 2 millones de euros en tomar medidas para implantar protocolos y dotar de medios de protección a los centros universitarios.
Las aglomeraciones registradas el pasado fin de semana en la calle Ganivet de Granada, una zona de locales de copas muy concurrida habitualmente, dejaron fuera de combate a Junta y Ayuntamiento de la capital. La repercusión de las imágenes hizo que, pese a su habitual silencio, el delegado de la Junta en la provincia, Pablo García, enviara un comunicado a los medios en el que tachaba de intolerable lo que reflejaba el vídeo difundido por redes sociales y del que se hizo eco El Independiente de Granada.
A partir de esa declaración, el Ayuntamiento de Granada salió primero a la defensiva, subrayando la intensa actividad de la Policía Local para controlar establecimientos de hostelería, botellones en la calle -una actividad prohibida- y fiestas en pisos. Después terminó aceptando que la ciudad estaba abocada a nuevas medidas. El alcalde, Luis Salvador, que desde el pasado domingo ha multiplicado sus entrevistas en radios y televisiones, llegó a concretar que se tomarían medidas en el ámbito universitario y en la hostelería. El propio presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, anunció medidas "restrictivas" para Granada. Habló, como Salvador, de la Universidad y "otras esferas".
Pero finalmente las medidas restrictivas, de un gran calado porque contradicen el mensaje que ha venido trasladando la Junta desde el fin del confinamiento, se circunscriben a acabar con las clases presenciales. Será efectivo a partir del jueves 15 de octubre.
Junto a ello, se impone el cierre de los colegios mayores a partir de las 22.00 horas en Granada. A estas limitaciones se suman otras medidas, de las que la Junta habla en clave de "recomendación", que sí tendrán efecto en residencias de estudiantes de toda la comunidad. Se les pide un equipo Covid; que en las habitaciones haya como máximo dos estudiantes; limitaciones en los aforos de zonas comunes y comedor; e itinerarios de entrada y salida, entre otras.
En ningún momento se ha planteado el cierre de la ciudad. Ha argumentado Bendodo que, a día de hoy, "Granada no está en situación de cierre". Según el Gobierno andaluz, hay un 44 por ciento de camas UCI libres en los hospitales y los ingresos por casos Covid o sospechosos suponen el 9,1 por ciento del total.
El propio portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha admitido que se trata de contener la oleada de contagios, pero afectando "lo menos posible a la economía y al empleo". Y, ante la insistencia de los periodistas, tras sortear la pregunta de por qué motivo no se adoptaron antes del Puente decisiones, ha asegurado que si fuese necesario tomar medidas "drásticas" se adoptarán. Lo que hoy ha hecho la Junta, que a juicio de su portavoz responde a la "proporcionalidad", es para evitar males mayores en dos semanas.
Lo que más sorprende en el ámbito universitario y, como ha verbalizado la propia rectora, es que los bares y establecimientos seguirán abiertos. Un estudiante no podrá acudir a su clase en la Facultad de Derecho, pero sí tomar café o una cerveza en los bares del entorno, que seguirán abiertos.
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