Vecinas y vecinos del distrito Norte de Granada y más de 20 entidades sociales han presentado una moción para que el Ayuntamiento de Granada apoye el Proyecto de Ley Integral de Barrios Vulnerables que ya se ha registrado en el Congreso de los Diputados y que está a la espera de la toma en consideración por la Mesa, una ley que, según señalan “está impulsada por personas y colectivos de diferentes barrios de Andalucía desde la Plataforma por una Ley Integral de Barrios Vulnerables”.

En un acto reivindicativo celebrado este jueves en la puerta del Ayuntamiento, han destacado que “es una ley que se lleva trabajando desde hace dos años y que se ha convertido en un documento muy dinámico y vivo, que ha estado en debate continuo por todo el territorio español teniendo como protagonistas a las vecinas de los numerosos barrios donde se vive desde hace décadas en situación de vulnerabilidad social, que ha permitido conocer el dato de que casi 7 millones de personas viven en España en entornos urbanos vulnerables y por ello deriva la necesidad de esta norma”.

rp_lbv_granada1.jpg

De forma contundente explican que “queremos que Granada no deje pasar esta oportunidad y sea la primera ciudad de España en reclamar esta Ley que entronca con uno de los ejes que se valoran en las ciudades aspirantes a la Capitalidad Cultural para el año 2031, esto es, la consecución de la equidad social, asumiendo el liderazgo de una ley pionera en todo el Estado que puede ser la herramienta clave para terminar con las situaciones de pobreza y exclusión social, y, haciendo que las actuaciones que se deriven sean vinculantes para todas las administraciones públicas implicadas, para que no se deje a la voluntad discrecional de los gobiernos de turno, sino que sean obligaciones legales exigibles”.

Pobreza y exclusión social estructural

Señalan que “el sentir de esta Ley nace por las profundas contradicciones sociales existentes en multitud de municipios y provincias que tienen los mayores déficits de recursos públicos, y Granada no es ajena a esta problemática, barrios como el Albaicín, el Realejo, Cartuja, Zaidín, y el distrito Norte de Granada presentan vulnerabilidad urbana, social y económica que demandan una intervención pública integral, arrastran generación tras generación las mismas carencias estructurales, con proyectos temporales que, una vez finalizados, dejan a las comunidades en un estado similar o peor al inicial, provocando que la pobreza y la exclusión social se cronifiquen, por lo que urge un compromiso permanente con recursos estables que rompa la reproducción intergeneracional de la desigualdad, creando un marco jurídico que regule y ampare la actuación en dichas zonas, para revertir el descreimiento de la población afectada ante tantas promesas de mejorar sus barrios que no han solucionado nada, y que recuperen la ilusión de participar en el desarrollo de su entorno y dejen de sentirse abandonados institucionalmente”.

Para financiar este ambicioso proyecto, la Ley creará el Fondo de Recuperación Urbana, Ambiental y Social de Barrios Vulnerables del Estado, que debe dotarse económicamente con el Presupuesto General del Estado y que puede ser financiado autonómicamente y por la Unión Europea. "En este sentido, estimamos una dotación orientativa adecuada del 1% del PIB anual".