Stop Desahucios Granada 15M cuestiona que la ocupación deba ser la prioridad de la política municipal de vivienda del Ayuntamiento de Granada, tras conocer que la oficina municipal contra la ocupación ha atendido 12 casos en seis meses, mientras cada semana el colectivo recibe nuevos casos relacionados con alquileres abusivos, hipotecas y vulneraciones de derechos de las personas inquilinas.

Stop Desahucios Granada 15M considera que los datos difundidos por el Ayuntamiento de Granada sobre la Oficina Municipal de Asesoramiento ante la Ocupación Ilegal de Viviendas evidencian la distancia existente entre el relato político construido en torno a la ocupación y la realidad de los problemas de vivienda que afectan a la ciudadanía, tal y como informó en su día El Independiente de Granada comparando cifras de ocupación y desahucios recogidas por el Consejo General del Poder Judicial. 

Según la información facilitada por el propio Ayuntamiento, esta oficina ha atendido a12 familias durante el primer semestre de 2026. Para Stop Desahucios Granada 15M, esta cifra invita a preguntarse si la ocupación constituye realmente el principal problema habitacional de Granada o si, por el contrario, las prioridades públicas deberían dirigirse hacia las dificultades crecientes para acceder y mantener una vivienda digna.

El colectivo recuerda que en sus reuniones semanales atiende de manera habitual entre uno y tres casos nuevos, llegando en algunas ocasiones a seis o siete familias en una sola reunión. La inmensa mayoría de estas personas solicitan ayuda por subidas abusivas del alquiler, incumplimientos de propietarios, actuaciones irregulares de inmobiliarias, dificultades hipotecarias, amenazas de desahucio o problemas derivados de la especulación inmobiliaria.

Stop Desahucios Granada 15M considera que, si el Ayuntamiento financia un servicio jurídico especializado para propietarios afectados por ocupaciones, también debería promover, junto al Colegio de Abogados, un servicio gratuito de asesoramiento y defensa jurídica para personas inquilinas y familias afectadas por abusos de arrendadores, inmobiliarias, fondos de inversión y cualquier operador que incumpla la legislación vigente en materia de vivienda.

Asimetría en la protección institucional

A juicio del colectivo, existe una clara asimetría en la protección institucional. Mientras determinados conflictos disponen de un recurso específico financiado con fondos públicos, miles de personas que sufren vulneraciones de sus derechos en el mercado del alquiler carecen de un servicio equivalente y terminan recurriendo a organizaciones sociales para obtener información, asesoramiento y acompañamiento.

Stop Desahucios Granada 15M subraya que la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda desempeña funciones de información e intermediación, pero no ofrece un servicio de defensa jurídica especializado equiparable al creado para los supuestos de ocupación.

Para el colectivo, la verdadera emergencia habitacional en Granada no reside en la ocupación ilegal, sino en la dificultad creciente para acceder a una vivienda, el incremento continuado de los alquileres, la escasez de vivienda asequible y los abusos que se producen en el mercado inmobiliario.