El conjunto de profesionales del Centro de Salud de Cartuja ha hecho público un comunicado en el que rechaza la reducción de horarios y rutas del transporte público en el Distrito Norte de Granada, una medida adoptada el abril pasado por el Ayuntamiento de Granada, con el aval de la Junta, tras registrarse actos vandálicos que afectaron a conductores y vehículos. Advierten del impacto en la salud y en la calidad de vida y el bienestar social de la población del Distrito de una medida que ahonda en las desigualdades existentes. 

Una medida "inadecuada" e "injusta" que traslada las consecuencias de las acciones de unas pocas personas a toda la población

Tras condenar y rechazar de manera rotunda esos hechos y cualquier otra conducta o agresión que ponga en riesgo la seguridad de los trabajadores y trabajadoras o el correcto funcionamiento de un servicio público, los profesionales del centro de salud consideran la medida "injusta" e "inadecuada". Porque lo que se hace al recortar el transporte público -las líneas afectadas son 5, N5 y N6- es trasladar las consecuencias de las acciones de unas pocas personas al conjunto de la población del Distrito, especialmente a la más vulnerable, como las personas mayores, con discapacidad o diversidad funcional; a las familias con escasos recursos. 

Y, además, se levanta una "barrera real" para acceder a la atención sanitaria, a los centros educativos, a los puestos de trabajo, a los recursos sociales... 

Lo que se está haciendo, advierten, es "profundizar las desigualdades existentes y agravar las situaciones de vulnerabilidad social".

"El transporte público constituye un determinante social reconocido de la salud", subrayan para señalar que, ante cualquier medida que limite su accesibilidad en zonas socialmente vulnerables, debe evaluarse también "su impacto en la equidad, la cohesión social y el acceso efectivo a los servicios sanitarios". Defender el acceso al transporte público y el derecho a la movilidad, hacen hincapié los profesionales del Centro de Salud de Cartuja, "es también defender la equidad, la inclusión social, el derecho a la salud y la dignidad de las personas que viven en el Distrito Norte". 

"El conjunto de profesionales del Centro de Salud de Cartuja queremos manifestar públicamente nuestra oposición a la reducción de horarios y rutas del servicio de transporte público urbano en el Distrito Norte de Granada.

Somos conocedores, a través de la información difundida por los medios de comunicación, de los actos de vandalismo sufridos por conductores y vehículos del transporte urbano.

Condenamos y rechazamos de forma rotunda estos hechos, así como cualquier agresión o conducta que ponga en riesgo la seguridad de los trabajadores y trabajadoras o el correcto funcionamiento de los servicios públicos.

No obstante, consideramos que la reducción de líneas y horarios de autobús constituye una medida inadecuada e injusta, ya que traslada las consecuencias de las acciones de unas pocas personas al conjunto de la población del Distrito. La empresa concesionaria presta un servicio público cuya titularidad y responsabilidad última corresponden al Ayuntamiento de Granada, institución que debe garantizar el acceso equitativo de toda la ciudadanía a la red de transporte urbano y al ejercicio efectivo de su derecho a la movilidad.

Desde nuestra experiencia como profesionales de Atención Primaria, sabemos que las dificultades de movilidad constituyen una barrera real para el acceso a la atención sanitaria y repercuten negativamente en la salud de las personas. Cualquier medida que limite la conectividad de estos barrios profundiza las desigualdades ya existentes y agrava situaciones de vulnerabilidad social que afectan directamente al bienestar y a la calidad de vida de sus habitantes.

Los problemas de convivencia y vandalismo deben abordarse mediante medidas específicas y proporcionadas, sin que ello suponga restringir derechos esenciales ni penalizar a toda una comunidad por las conductas de una minoría

Por todo ello, solicitamos al Ayuntamiento de Granada que reconsidere esta decisión y promueva soluciones que permitan garantizar simultáneamente la seguridad de los trabajadores y trabajadoras del transporte público y el mantenimiento de un servicio adecuado para la ciudadanía. Los problemas de convivencia y vandalismo deben abordarse mediante medidas específicas y proporcionadas, sin que ello suponga restringir derechos esenciales ni penalizar a toda una comunidad por las conductas de una minoría.