'El silencio institucional de la Universidad ante la agresión israelí y de Estados Unidos'
Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el orden internacional se construyó sobre un principio fundamental recogido en el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas: la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Según este principio, los Estados deben abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier otro Estado. Las únicas excepciones reconocidas por el sistema jurídico internacional son dos: la legítima defensa en caso de ataque armado (artículo 51 de la Carta) o una autorización expresa del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Esa controversia no es un detalle técnico: constituye el núcleo del sistema internacional contemporáneo, cuyo objetivo principal es evitar que la guerra vuelva a convertirse en un instrumento ordinario de la política exterior
Ninguna de estas dos excepciones se cumplió el 28 de febrero de 2026. Ese día, Estados Unidos e Israel iniciaron una ofensiva militar contra Irán asesinando al ayatolá Alí Jameneí y varios miembros de la cúpula iraní, acción que viene precedida de otra agresión en julio de 2025. Este tipo de actuaciones dista de ser un hecho aislado. En enero de 2026, una operación militar estadounidense culminó con el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro, intervención que Washington justificó apelando a acusaciones de narcotráfico y a motivos de seguridad nacional. Este episodio se inscribe en una dinámica geopolítica más amplia que ya he analizado con anterioridad (véase aquí).
Resulta especialmente significativo el silencio mantenido por muchas instituciones académicas españolas ante esta escalada, que hasta el momento no han emitido declaraciones institucionales sobre estos acontecimientos
Los conflictos militares son siempre obscenos e injustos y ponen de relieve el intento de imponer por medios coercitivos y violentos voluntades políticas cuyo fin no es otro que el control de los recursos naturales y la proyección de poder sobre el adversario. Es en este marco en el que surge inevitablemente una controversia jurídica sobre su legalidad. Esa controversia no es un detalle técnico: constituye el núcleo del sistema internacional contemporáneo, cuyo objetivo principal es evitar que la guerra vuelva a convertirse en un instrumento ordinario de la política exterior.
En este contexto, resulta especialmente significativo el silencio mantenido por muchas instituciones académicas españolas ante esta escalada, que hasta el momento no han emitido declaraciones institucionales sobre estos acontecimientos.
Entre ellas se encontraba la Universidad de Granada, que publicó una declaración institucional condenando la invasión, mostrando su solidaridad con la comunidad universitaria ucraniana y anunciando medidas de apoyo a estudiantes afectados
Ese silencio merece una reflexión. La universidad no es únicamente un espacio de transmisión de conocimiento formal. Históricamente ha sido también un lugar desde el que se articulan principios éticos y morales fundamentales. No es extraño, por tanto, que en numerosas ocasiones las universidades hayan considerado legítimo pronunciarse ante acontecimientos internacionales que afectan directamente a los principios del orden jurídico global. Un ejemplo reciente se produjo tras la invasión Rusa de Ucrania iniciada el 24 de febrero de 2022. Pocos días después del comienzo de la guerra, la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) emitió una declaración institucional conjunta condenando la invasión rusa y expresando su solidaridad con Ucrania. En ese comunicado, las universidades españolas afirmaron su compromiso con la paz, el respeto al derecho internacional y la protección de la población civil. Además, la CRUE anunció medidas de apoyo al sistema universitario ucraniano y a los estudiantes afectados por la guerra. Muchas universidades emitieron también comunicados propios. Entre ellas se encontraba la Universidad de Granada, que publicó una declaración institucional condenando la invasión, mostrando su solidaridad con la comunidad universitaria ucraniana y anunciando medidas de apoyo a estudiantes afectados.
La ausencia total de posicionamiento de las Universidades ante un episodio de uso de la fuerza entre Estados plantea, por ello, una cuestión incómoda: ¿sigue la universidad dispuesta a ejercer su papel como espacio crítico dentro de la sociedad?
Desde una perspectiva analítica, este tipo de precedentes suelen invocarse en el debate público para señalar posibles asimetrías en las reacciones institucionales ante distintos conflictos internacionales. Las universidades, al menos las públicas, como instituciones dedicadas al conocimiento y al pensamiento crítico, deberían situarse en un delicado equilibrio entre la prudencia institucional y la responsabilidad ética frente a acontecimientos de la magnitud como los que se abordan en este artículo. El ejemplo anterior pone de relieve un posicionamiento que trasciende la simplificación entre buenos y malos, entre agresores y agredidos, o entre ideologías y credos religiosos; apela, más bien, al sentido común y a la defensa de los principios fundamentales que deben vertebrar cualquier sociedad moderna. Sin embargo, la ausencia total de posicionamiento de las Universidades ante un episodio de uso de la fuerza entre Estados plantea, por ello, una cuestión incómoda: ¿sigue la universidad dispuesta a ejercer su papel como espacio crítico dentro de la sociedad?
He esperado algunos días antes de escribir estas líneas, quizá confiando en que quienes tienen la responsabilidad de emitir este tipo de comunicados institucionales estuvieran ocupados en asuntos de extraordinaria gravedad que les impidieran dedicar al menos unas palabras a la defensa del languidecido derecho internacional y de los derechos humanos.
El silencio institucional no es neutro. En términos simbólicos, contribuye a la normalización de un escenario en el que las operaciones militares unilaterales se aceptan como parte ordinaria de las relaciones internacionales
La prudencia institucional es comprensible. Los conflictos internacionales son complejos, están atravesados por múltiples dimensiones estratégicas y políticas, y las universidades deben evitar convertirse en actores partidistas. Pero recordar y defender los principios básicos del derecho internacional y de los derechos humanos no implica adoptar una posición política, sino reafirmar las normas que hacen posible la convivencia. Constituye, simplemente, la afirmación de un marco jurídico y social que las propias universidades tiene como principios fundamentales. Por ello, el silencio institucional no es neutro. En términos simbólicos, contribuye a la normalización de un escenario en el que las operaciones militares unilaterales se aceptan como parte ordinaria de las relaciones internacionales. Ese proceso no solo fomenta la indiferencia ante la erosión del derecho internacional, sino que también debilita el espacio crítico que debería sustentar la producción de conocimiento y el debate racional. Ahora bien, la cuestión no se detiene ahí. En una sociedad en la que la desinformación se filtra lentamente como una niebla persistente, estas actitudes terminan actuando como una palanca silenciosa que desplaza el sentido común y la convivencia. Bajo ese clima turbio, las mismas razones que sostienen políticas agresivas contra los más débiles comienzan a presentarse como inevitables e incluso razonables, hasta el punto de encontrar respaldo precisamente entre quienes, poco a poco, han quedado atrapados en esa misma bruma.
Resulta difícil sostener una cultura académica fundada en la defensa de los valores fundamentales, al mismo tiempo, mantener silencio cuando ese mismo derecho se convierte en objeto de controversia en el escenario global
La universidad tiene la responsabilidad de actuar como un dique frente a estas derivas, afirmándose como un espacio de pensamiento crítico, de análisis racional y de defensa del conocimiento frente a la arbitrariedad del poder. Sin embargo, esa pretensión exige coherencia institucional. Resulta difícil sostener una cultura académica fundada en la defensa de los valores fundamentales, al mismo tiempo, mantener silencio cuando ese mismo derecho se convierte en objeto de controversia en el escenario global.
Cuando las universidades renuncian a participar en debates fundamentales sobre la legalidad internacional y los derechos humanos, la institución se debilita. El silencio y la indiferencia actúan como un terreno fértil donde germinan conductas y narrativas que dan cobijo a la insensatez.
