El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, junto a representantes del Sindicato de Periodistas de Andalucía, CCOO, UGT, la Plataforma 8M/25N contra la violencia de género o Amnistía Internacional, entre otros colectivos, se han concentrado a las puertas del TSJA para denunciar que la situación que se está viviendo en Ceuta en las últimas semanas no sólo es una crisis humanitaria, de convivencia, política o diplomática. "Ha puesto otra vez ante nosotros una realidad que desde el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía nos negamos a normalizar: periodistas, reporteros gráficos, cámaras y otros profesionales de los medios de comunicación están sufriendo agresiones, amenazas, insultos e intimidaciones mientras realizan su trabajo".

Lamentablemente, señala la entidad, "no se trata de episodios aislados. En los últimos años, estas situaciones se han repetido con una frecuencia cada vez más preocupante. Cubrir una manifestación, una emergencia, un conflicto social o cualquier acontecimiento de interés público no puede convertirse en una actividad de riesgo para los profesionales de la información".

En la concentración se ha trasladado el reconocimiento y el apoyo a las compañeras y compañeros que han sido agredidos o intimidados en Ceuta, así como a cuantos han sufrido situaciones similares en el ejercicio de su profesión.

"Ninguna discrepancia, ninguna tensión, justifican la violencia contra quien está cumpliendo con su deber de informar. Agredir a un profesional de los medios no es solamente atacar a una persona. Es tratar de silenciar una mirada y limitar el derecho del conjunto de la sociedad a conocer lo que está sucediendo. Sin periodistas que puedan trabajar con libertad y seguridad no existe una ciudadanía plenamente informada. Y sin una ciudadanía informada, la democracia se debilita", expone.

El Colegio ha vuelto a reclamar a las administraciones y a las fuerzas y cuerpos de seguridad que adopten las medidas necesarias para proteger a los profesionales de la información durante el desempeño de su trabajo. Esta protección debe garantizarse en cualquier contexto, con independencia de los protagonistas de la noticia o de la naturaleza de los hechos que se estén cubriendo.

También ha demandado que las agresiones a periodistas y demás profesionales de los medios en el ejercicio de su labor sean investigadas y tramitadas de oficio por la Fiscalía. "Investigar estas agresiones de oficio supondría reconocer que no solo se ataca a un profesional, sino también a un derecho constitucional que pertenece a toda la ciudadanía: el derecho a comunicar y recibir información libremente".

"Hoy mostramos nuestra solidaridad con los compañeros y compañeras de Ceuta. Pero también con todos los profesionales que, en cualquier lugar, han tenido que soportar amenazas, coacciones o violencia por el simple hecho de estar allí, preguntar, grabar y contar. No pedimos privilegios, exigimos respeto a nuestro trabajo, que ninguna agresión quede impune. Ejercer el periodismo no puede convertirse en un riesgo porque atacar a quien informa es atacar el derecho de toda la ciudadanía a estar informada".