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Operación Llano 2020

Esclavitud laboral en Zafarraya: migrantes trabajaban 10 horas seguidas, a 5 euros la hora, sin contrato y viviendo en condiciones infrahumanas

E+I+D+i - IndeGranada - Martes, 30 de Junio de 2020
La Guardia Civil ha detenido a 14 empresarios agrícolas por explotar a trabajadores del campo extranjeros que hasta tenían que asearse con el agua de riego de los campos.
Agentes en el Llano de Zafarraya.
Agentes en el Llano de Zafarraya.

 

La esclavitud laboral en el campo granadino no es un invento de los sindicatos o de las organizaciones que ayudan a la población migrante. La operación Llano 2020 de la Guardia Civil ha evidenciado la situación que se vive en zonas agrícolas de producción intensiva. Los agentes han detenido a 14 empresarios agrícolas que tenían a migrantes trabajando sin contrato, con jornadas de hasta 10 horas seguidas, cobrando entre 5 y 6 euros la hora, sin descansos semanales y viviendo en condiciones infrahumanas. Hasta tenían que asearse con el agua del riego de los campos. 

Estos empresarios detenidos operan en el Llano de Zafarraya, en los municipios de Zafarraya y Alhama de Granada, y están acusados de delitos contra los derechos de los trabajadores extranjeros, "por contratar a migrantes indocumentados para conseguir un aprovechamiento lucrativo a consta de los derechos laborales de estas personas", según informa en una nota de prensa.

En esta operación la Guardia Civil además ha denunciado 38 infracciones administrativas: a 29 personas por estancia irregular en España; a otras cinco personas por favorecer la inmigración clandestina con ánimo de lucro y a cuatro personas más por infracciones a la ley reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía, por ceder o arrendar inmuebles sin cumplir las condiciones de seguridad y habitabilidad establecidas en dicha Ley.

Operativo para la campaña hortícola

Ante el inicio de la campaña hortícola 2020 en el Llano de Zafarraya, la Guardia Civil ha desplegado un operativo en el que han participado el Grupo de Información de la Comandancia de Granada y los agentes del puesto de Zafarraya. A lo largo de todo el mes de junio se han incrementado las inspecciones en las explotaciones agrícolas de Zafarraya, Alhama de Granada y Ventas de Zafarraya para garantizar la seguridad ciudadana y con el fin de evitar que el número de delitos aumenten en consonancia con el aumento de población que se produce en esta comarca granadina, sobre todo migrantes, a la que llegan a buscar trabajo.

Según explica la Guardia Civil, muchas de las personas que acuden al Llano de Zafarraya son inmigrantes irregulares "y, desgraciadamente, siempre hay desaprensivos que  se aprovechan de su situación de necesidad para lucrarse haciéndoles trabajar más horas, pagándoles menos, sin contrato legal y alojándolos en viviendas indignas".

La Guardia Civil afirma que ha tenido una dificultad añadida durante las inspecciones: "los inmigrantes en situación irregular desconfían de los agentes por miedo a ser devueltos a sus países de origen, desconfianza que es alimentada además por las personas que los contratan".

La operación se ha saldado hasta el momento con la detención de 14 empresarios y empleadores, tanto de nacionalidad española como marroquí, por tener trabajando en sus explotaciones agrícolas inmigrantes irregulares sin contrato y sin dar alta en la Seguridad Social.

Los agentes han comprobado que "muchos de estos inmigrantes, por su estado de necesidad, trabajaban hasta 10 horas seguidas, cobraban entre 5 y 6 euros la hora, sin respetar lo establecido en el convenio del campo, como por ejemplo el derecho a descanso semanal. Y que muchos de ellos estaban alojados en casetas de aperos, sin aislamiento, soportando temperaturas muy elevadas; sin luz; sin agua potable y sin aseos: los trabajadores en estos casos tenían que utilizar el agua de riego de la finca para sus necesidades".

La Guardia Civil también ha comprobado la existencia de propietarios que alquilaban inmuebles sin cumplir las condiciones de seguridad y habitabilidad que establece la ley 1/2010 reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía. Estos propietarios se exponen a sanciones que pueden llegar a los 9 000 euros.