El Plan Director por un Trabajo Digno, aprobado por el Consejo de Ministros en julio de 2018, ha logrado regularizar en la provincia de Granada durante los primeros 11 meses de vigencia cerca de 5.000 contratos de trabajadores que prestaban servicios en empresas de la provincia sin estar ajustado su contrato a la labor que realizaban. 

De los 4.936 contratos en total que se han regularizado, 3.952 han sido contratos temporales que se han transformado en indefinidos, lo que demuestra el abuso de la contratación temporal que tantas veces denuncian los sindicatos: empleados que realizan un trabajo fijo y continuado en su empresa pero con un relación contractual temporal, en fraude de ley. 

Además, la labor inspectora ha descubierto 981 contratos a tiempo parcial en el que se incumplía la jornada pactada, por lo que se ha incrementado la jornada en el contrato.

La subdelegada del Gobierno en Granada en funciones, Inmaculada López Calahorro, ha explicado que el Plan Director para un Trabajo Digno 2018-2020, puesto en marcha por el Gobierno de España, tiene el objetivo principal de “recuperar los derechos laborales y mejorar la calidad del empleo y de las condiciones de trabajo de las personas”. Así, por una parte, “se pretende afrontar y regularizar el fraude que se pudiera detectar en el ámbito de la contratación temporal y, por otra, generar un efecto disuasorio en aquellos que promuevan estos tipos de fraude de producen precarización laboral”.

Empleo aflorado

En cuanto al empleo aflorado, se regularizaron 1.759 contratos, de los que 32 corresponden a infracciones con extranjeros y 904 fueron altas en la Seguridad Social. Además, el Plan ha permitido detectar a 60 falsos autónomos -34 hombres y 26 mujeres- desde agosto de 2018 a junio de 2019.

El Plan Director supone, desde las competencias de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la principal herramienta para hacer frente a los problemas más graves del mercado de trabajo y entronca con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente su Objetivo 8, relativo al Trabajo Decente. Además, es una de las Políticas Palanca del Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030, según explica la Subdelegación del Gobierno.

Además, el Plan se enmarca en la consecución de los objetivos estratégicos definidos por la Organización Internacional del Trabajo: la promoción de los derechos fundamentales en el trabajo, el empleo, la protección social y el diálogo social. También refuerza la garantía de sostenibilidad presente y futura de la Seguridad Social y de las prestaciones sociales.