Tras hacer público que los test rápidos de detección del coronavirus que se están haciendo en las residencias de la provincia "no son fiables,  puesto que están dando como resultado falsos negativos", el sindicato extiende su exigencia de que se haga las pruebas PCR, "las más fiables", a las plantillas de la ayuda a domicilio en la provincia de Granada, así como a los usuarios de este servicio público, "personas vulnerables y en situación de alto riesgo frente a la enfermedad". 

Desde la Secretaria de Dependencia y Sector Sociosanitario de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FesP) de UGT Granada se responsabiliza tanto a la empresas como a las administraciones de tener "desprotegidas" a  los trabajadores y trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio, que son "las grandes olvidadas de esta crisis sanitaria, cuando trabajan en los domicilios de personas dependientes o ancianos, colectivos en riesgo de COVID-19".

UGT recuerda que el servicio de ayuda a domicilio se engloba dentro del personal sociosanitario y está considerado servicio esencial, y se incluye entre las actividades con mayor exposición al riesgo de contagio por COVID-19, lo que hace que las plantillas del sector desarrollen su trabajo en unas condiciones "difíciles". Así, el sindicato urge a las administraciones públicas con competencias en Dependencia y Ayuda a Domicilio a que realicen test PCR de detección del COVID- 19 al personal, así como a adoptar una serie de medidas destinadas a garantizar la protección y la salud de las mismas y de los usuarios del servicio.

En este sentido, UGT insiste en la necesidad de hacerlo "de inmediato" al personal de ayuda domicilio y a las personas usuarias, a fin de "evitar la transmisión a partir de casos asintomáticos o falsos negativos, y evitar la cadena de contagios". 

También reclama que "se establezcan de una vez por todas unas medidas de protección suficientes y adecuadas en toda la provincia", al haber municipios donde sí se proporciona los EPI y otros no, o al menos no en número suficiente que garantice la salud laboral  de las plantillas y la protección de los usuarios. Y ello, añade, con controles "exhaustivos" por parte de los ayuntamientos de las empresas concesionarias, verificando que los trabajadores y trabajadoras desempeñan su trabajo "con elementos y garantías de seguridad adecuadas", sancionado en caso de incumplimientos en materia preventiva, incluso con la pérdida de la concesión. 

UGT advierte de que denunciará ante los organismos competentes todas aquellas "situaciones de desprotección" que supongan un riesgo para estos trabajadores, "que no están recibiendo la atención que merecen durante esta crisis sanitaria".